A finales de septiembre Colombia solicitó una ampliación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que ha mantenido vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2009, con lo cual pasará de 10,8 mil millones a 17,3 mil millones de dólares. Adicionalmente, las autoridades económicas anunciaron que el gobierno está contemplando realizar un desembolso parcial de la LCF por unos 5,3 mil millones de dólares para completar el financiamiento externo de 2020, según estaba contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que se presentó en junio de este año.
(Colombia hará uso de la línea de crédito flexible del FMI).
Esta no es la primera vez que Colombia ha tenido líneas de crédito precautelativas o préstamos con el FMI. Sin embargo, el acuerdo actual bajo la LCF y el desembolso que se pedirá próximamente difieren sustancialmente de los anteriores, que se habían realizado a través de las modalidades tradicionales de acuerdos y créditos del FMI.
(¿Cuánto gasta Colombia en los organismos internacionales?).
La primera gran diferencia es que la LCF solamente está disponible para países que cuentan con fundamentales económicos sólidos, marcos institucionales de política económica firmes, y un historial y senda de implementación de políticas prudentes, con el fin de brindarles apoyo financiero ante un eventual deterioro de las condiciones externas. Para determinar su elegibilidad, el FMI evalúa si el país en cuestión reúne los siguientes requisitos: posición externa sostenible, cuenta de capital con predominancia de flujos privados, buen historial de acceso a los mercados internacionales de capital en condiciones normales, nivel de reservas adecuado, finanzas públicas bajo control, inflación baja y estable (bajo un marco sólido de política monetaria y cambiaria), sistema financiero saludable, supervisión efectiva del sistema financiero, y transparencia e integridad en la información.
En la actualidad, solamente Chile, México, Perú y Colombia tienen acuerdos de este tipo con el FMI, y nuestro país será el primero en la historia en pedir un desembolso.
En contraste, las líneas de crédito tradicionales del FMI están disponibles para cualquier país miembro, pero normalmente solo las solicitan aquellos cuya situación económica es frágil y con una alta probabilidad de tener una crisis en su balanza de pagos. Es por esto que los acuerdos tradicionales pueden tener una connotación negativa y venir acompañados de una pérdida reputacional para el país solicitante.
Los casos más notables de acuerdos tradicionales de crédito recientes en la región son los de Argentina y Ecuador. Estos dos países no serían candidatos a recibir un acuerdo bajo el marco de la LCF.
La segunda gran diferencia con los acuerdos tradicionales es que la LCF carece de condicionalidad. Una vez aprobada la LCF, los recursos pueden solicitarse total o parcialmente y en el momento que el país lo considere necesario, en lugar de estar condicionados a compromisos en materia de políticas y de ajustes económicos drásticos impuestos por el FMI o acordados con dicho organismo. Esto último sí ocurre en los acuerdos de crédito tradicionales como los que tuvo Colombia a finales de la década de 1990 y comienzos de la década de 2000.
De esta forma, tener un acuerdo bajo la LCF y un préstamo derivado de dicha facilidad, es una señal de que Colombia ha seguido un camino responsable en materia de política económica en los últimos años y permite que el país mantenga su autonomía en el manejo de sus instrumentos monetarios y cambiarios.
Además, la ampliación del monto de la FCL contribuye a reducir los costos económicos de choques externo adversos y la volatilidad de la prima de riesgo país y de la tasa de cambio.
Finalmente, es importante recordar que el Gobierno tenía planeado pedir préstamos externos por un total de 16,1 mil millones de dólares para cubrir las necesidades de financiamiento de este año, incluyendo las que surgieron a raíz de la crisis asociada a la pandemia.
Hasta ahora se han obtenido 10,9 mil millones de dólares de otras fuentes (préstamos del FAE y de la banca multilateral, y colocación de bonos internacionales), o sea que faltaban 5,2 mil millones, que son precisamente los que se obtendrán del FMI.
Lo anterior significa que el monto del préstamo no debía ser una sorpresa ya que estaba programado desde el semestre pasado y solo faltaba aclarar la procedencia de dichos recursos. Había otras alternativas disponibles como la obtención de nuevos créditos con la banca multilateral o mayores colocaciones de bonos externos.
Sin embargo, era altamente probable que el gobierno decidiera aprovechar los recursos disponibles de la FCL con el FMI, ya que el acuerdo ha estado vigente en todo momento durante los últimos 11 años, y que era la alternativa de financiamiento externo con los costos de endeudamiento más bajos posibles.
Andrés Pardo Amézquita
Exviceministro de Hacienda y ex asesor económico en jefe de Presidencia