El incumplimiento del Gobierno Nacional, derivó ayer en las confrontaciones de la Fuerza Pública con la guardia campesina del Caquetá, quienes venían protestando desde hace 40 días en San Vicente del Caguán. Un uniformado de la Unidad del Diálogo adscrito a la Policía Metropolitana de Neiva murió en una evidente violación de los derechos humanos, mientras que un campesino también falleció por un disparo de arma de fuego. La Fiscalía investiga.
El caos en San Vicente del Caguán estalló ayer en la madrugada, luego de 40 días de protestas que se adelantaban en el municipio, con el fin de exigir mayor inversión en obras públicas y la pavimentación de la vía que conduce del casco urbano al sector de Los Pozos.
¿Qué desató la violencia?
Desde hace más de un mes los campesinos venían manifestándose en donde está ubicada la empresa petrolera Emerald Energy de origen Chino, para presionar por la construcción de más de 40 kilómetros de carretera para conectar la zona rural con el municipio de San Vicente del Caguán.
Hace un mes la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, llegó hasta allí donde adquirió unos compromisos que al parecer incumplió. Uno de ellos consistía en que la guardia campesina liberaba 44 tractomulas que tenían retenidas, si el Gobierno retiraba los integrantes de la Unidad del Diálogo, conocidos anteriormente como ESMAD.
Fueron dos visitas las que hicieron las delegaciones del Gobierno, en las que nunca hubo una solución. Pasados los días, los campesinos cumplieron con la liberación de los vehículos y se enfurecieron porque el Estado nunca retiró a la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
La procuradora regional del Caquetá Kendy Marlowy Turnet, había advertido sobre la crítica situación humanitaria. “algunas comunidades organizadas vienen realizando exigencias para el cumplimiento de compromisos suscritos con la empresa Emerald Energy, llegando a situaciones de hecho como bloqueos en las instalaciones de la empresa petrolera, impidiendo la entrada y salida de los trabajadores”. Los protestantes querían que la empresa no solo explotara las tierras, sino que también hicieran millonarias inversiones para su desarrollo.
En otro párrafo la Procuraduría agregó, “el 20 de febrero de 2023 se reunieron las entidades que conforman el ministerio público en la región para contextualizar la problemática suscitada en Los Pozos y trazar una hoja de ruta. De esta reunión se tienen algunas situaciones que podrían alterar el orden, destacando el descontento generalizado en las comunidades por la presencia del personal de la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
Se tomaron la petrolera
Finalmente, ayer en la madrugada los manifestantes se tomaron las instalaciones de la compañía petrolera para quemarla. La Fuerza Pública que hacía presencia en el sitio cumplía con su labor de preservar la tranquilidad, hecho que motivó el enfrentamiento en el que resultó muerto un civil y un policía.
La primera víctima mortal fue identificada como Reinel Arévalo, quien recibió un disparo en el pecho. El hombre que se dedicaba a las labores del campo era un habitante de la vereda El Ruby.
Minutos más tarde fue asesinado el subintendente Ricardo Arley Monroy, quien recibió una herida ocasionada con machete a la altura de su cuello. La guardia campesina se tomó el poder en la zona, ya que duplicaba en personal a la autoridad.
Eran aproximadamente 800 los manifestantes que secuestraron a 79 policías, humillándolos, frente al poco actuar del Estado y la negligencia de sus superiores, que no enviaron a tiempo los refuerzos para ejercer control.
“La vida de nosotros aquí no vale nada jefe. No hay derechos humanos para la Policía, no existe, ya tenemos un compañero muerto, ¿qué estamos esperando, que nos acaben a todos?, ¡no puede ser posible central!”, fueron algunas de las palabras de los uniformados que pedían ayuda desesperados.
Al cierre de esta edición, las llamas seguían consumiendo las instalaciones de la empresa petrolera, sin conocerse aún la magnitud de los daños materiales y ambientales que se generaron allí.
Gustavo Petro trinó en Twitter, “una comisión del ministerio de Defensa, ministerio del Interior y las Fuerzas Militares atenderán la situación de Los Pozos en San Vicente del Caguán. He ordenado detener los hechos de violencia”.
La Fiscalía conformó un equipo de fiscales, investigadores y criminalísticos para esclarecer los homicidios, secuestros y otros hechos violentos que habrían tenido lugar en la zona.
Policía fallecido
El subintendente Ricardo Arley Monroy llevaba 15 años prestando su servicio a la Policía Nacional. Integró el Departamento de Policía Huila de donde fue migrado hace un mes a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Metropolitana de Neiva. Estaba casado y era padre de dos menores de edad, uno de ellos de dos meses de nacido. En su hoja de vida tenía nueve condecoraciones y 81 felicitaciones. En Neiva le rindieron homenaje con una velatón.
Secuestrados
El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva lamentó lo acontecido en Caquetá, expresando su acompañamiento a las familias de los uniformados. Además, sostuvo que todos los policías que quedaron en poder de la guardia campesina pertenecen a la misma unidad de Neiva, quienes fueron enviados en apoyo desde el pasado 18 de febrero.
