La historia de este proyecto empezó el 16 de marzo de 2017 cuando la Gobernación de Vichada, por ese entonces bajo la batuta de Luis Carlos Álvarez (2016-2019), firmó el contrato 381 de 2017 para “realizar la construcción de 75 viviendas para el mejoramiento de la habitabilidad de la población vulnerable del municipio de Puerto Carreño”, por un valor inicial de $4.585 millones. La obra fue adjudicada al único proponente que se presentó al proceso: el Consorcio Vivienda 2017, representado legalmente por Edwin Alberto Mestre Hernández.
El proyecto, cuyo contratista recibió un anticipo inicial del 50% según datos del Secop, debía estar listo ocho meses después de la fecha de inicio de ejecución del contrato, que fue firmado en acta el 28 de marzo. Pero no solo no se terminó en el tiempo estipulado, sino que la obra va a completar cuatro años de retraso y sin luces claras de cuándo quedará concluida.
Las más perjudicadas han sido las familias beneficiarias del proyecto, que fueron seleccionadas por la gobernación en 2018.
Una de las personas que aparece entre los 75 elegidos para ocupar las casas dijo estar cansada de esperar por una promesa habitacional que aún no llega. “Llevamos mucho tiempo esperando por una vivienda digna”. La mujer alega que el alto costo de los servicios públicos, alimentación y el arriendo golpea sin clemencia la economía en sus hogares.
“Siempre nos dicen, que sí, que esperemos, pero eso no avanza y mientras el arriendo que nos toca pagar, nos consume el poquito dinero que conseguimos para vivir”.
Buena parte de la solución a estos problemas podría estar en la ‘eterna’ construcción que adelanta el gobierno departamental. El clamor de las familias está dirigido a que, a la fecha no se ven avances en el proyecto y el deterioro de las viviendas empieza a ser notable.
Durante este tiempo de ejecución, la obra ha presentado varias suspensiones, ocasionando retrasos en el proyecto, mientras las familias siguen en la espera de una vivienda digna.
¿Qué dice la Gobernación?
Buscando respuesta oficial sobre el ‘notable retraso’ en la construcción de las casas, EL MORICHAL conversó con la Secretaría de Planeación Departamental.
De entrada, el secretario José Aureliano Rodríguez explicó que la demora se debe a que el proyecto tuvo una mala planeación técnica desde el momento de su formulación, pues no se contempló un sistema de acueducto y alcantarillado, lo que provocó que “las viviendas ya construidas, no fueran aptas para ser habitadas por carecer de saneamiento básico”.
Esa falta de planeación habría llevado a que a inicios de 2019 se le adicionaran al contrato $1.277 millones, para un total general del proyecto de $5.862.464.980.
Sin embargo, es probable una nueva adición. “Con el objeto de solucionar la problemática presente, (la gobernación está) destinando la suma de 800 millones de pesos requeridos para subsanar técnicamente, los ítems no previstos al momento de su formulación”, indicaron desde Planeación.
Bajo estas circunstancias el valor total del proyecto sería de $6.662 millones. Cada casa, compuesta por dos habitaciones, sala-cocina, baño y un pequeño patio de lavado, tendría un costo levemente inferior a los 89 millones de pesos.
¿Para cuándo estará listo?
Desde la Secretaría de Planeación indicaron que la entrega de las viviendas se materializa cuando estas tengan las condiciones necesarias para su habitabilidad.
“Es de aclarar que la entidad no podrá realizar la entrega de las unidades residenciales hasta tanto pueda garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad… cumpliéndole a esas 75 familias vulnerables que tienen sueños y esperanzas de contar con una vivienda propia y segura, sin riesgos técnicos que los afecte en ámbito familiar y social”, manifestó el secretario Rodríguez.
Por ahora, esas 75 familias seguirán aplazando el sueño de tener un techo propio donde vivir.