La denuncia proviene desde San Felipe, ciudad ubicada al interior de la región de Valparaíso, a unos 150 kilómetros de Santiago, la capital, conocida zona por ser parte del Valle de Aconcagua. La Fiscalía de este lugar investiga el delito de trata de personas y está a la espera de resultados de un examen de ADN practicado a la menor denunciante, hoy de 15 años, para determinar si las personas con las que llegó al país son efectivamente sus progenitores.
Los hechos, salieron a la luz pública gracias a Claudia Salazar (45) quien dio a conocer a un medio local la historia de la pequeña niña refugiada que llegó a su casa cuando ella tenía 13 años. “Yo me enteré por mi hijo menor, eran amigos, tenían amigos en común, también por el entorno que ellos conocían, comienzan a tener confianza y ella le confesó lo que estaba sucediendo en el interior de su domicilio y mi hijo me contó. Yo hice averiguaciones con los vecinos, conversé con ellos y efectivamente me dicen que escuchan gritos de auxilio y ayuda. Ella llega a mi casa con mucho miedo. Hablé con ella y la abracé. En ese momento sentía que le dolían sus costillas y le pregunté si su papá le había pegado y me dijo que sí. Me contó que su papá la había tratado de ahorcar con sus manos, que recibía golpes en la cabeza a puños cerrados y mano abierta en su cuerpo, entonces ahí decidí hacer la denuncia en la policía”, relata.
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Claudia decidió contactar a un reportero del un diario local, El Trabajo, de San Felipe, donde publicaron su historia. El propósito de Claudia era lograr obtener la custodia formal de la niña inmigrante. Sin embargo, se encontró con la sorprendente respuesta de que la niña refugiada no tiene identificación ante el Registro Civil de Chile.
El enigma de su procedencia
Al iniciar los trámites para adoptar a la menor se dio cuenta de la irregular situación que la afectaba. A Carlos Novoa, reportero del diario señalado, le contó su situación para lograr ayuda. “Yo hace un año y medio recibí a una pequeña de nacionalidad iraquí, en realidad no sé si es iraquí o palestina, no tenemos idea muy bien de la información, ya que se complicó el caso porque a esta pequeña sus papás la agredieron a tal punto que quisieron matarla. Yo hice la denuncia en Carabineros, posteriormente en el Juzgado de Familia de San Felipe y en estos momentos yo tengo la custodia de ella en casa, la tengo hace más de un año y medio”, relata.
En la entrevista, Claudia describe su proceso y revela la enigmática situación que afecta a la menor. “El Juzgado de Familia mandó a la niña a hacer un examen de ADN, porque van a investigar si aquí hay tráfico de personas. Tienen que saber si de verdad estas personas son realmente sus padres. Y lo más grave es que en el Registro Civil no aparece ningún dato de la niña, no sabemos cómo ella obtuvo una cédula de identidad, porque en el registro no hay datos de ella”, cuenta.
Denuncia de abuso
La descripción de la denuncia no pueden ser explícitas por el nivel de gravedad, además, por ser parte de una investigación en curso. Así lo advierte el abogado que lleva la causa, Mario Fuentes, quien accedió a ayudar gratuitamente a la menor, tras el llamado público de Claudia. Infobae conversó con él. El profesional asegura que es de suma importancia llegar a la verdad, para conseguir justicia y, lo que busca la madre cuidadora de la niña, obtener los documentos legales que le permitan acceder a los beneficios de cualquier ciudadano de Chile. “Fue víctima de situaciones terribles e indescriptibles”, según Fuentes. “Por tratarse de una menor de edad yo no puedo precisar detalles de lo que ella ha descrito como parte de sus vivencias en Chile, además por ser parte de una investigación”, detalla.
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La llegada de los refugiados a Chile
La historia se remonta al domingo 6 de abril de 2008, día en el que llega a Chile un grupo de 39 refugiados palestinos, que hasta ese momento, vivieron en la frontera entre Siria e Irak, específicamente desde el campamento Al Tanf, lugar donde debieron permanecer por años, tras no ser aceptados en países vecinos. Debieron soportar duras condiciones en un lugar en el que abundan plagas de escorpiones y serpientes, escasea el agua y se dan temperaturas extremas.
El plan que los trajo hasta Chile fue administrado por la Organización de Naciones Unidas ONU, a través de la agencia para los refugiados del mundo ACNUR. Fueron en total 39 personas, entre ellas 23 niños y niñas, que formaban parte de un primer grupo de refugiados que serían instalados en el país, en diversos lugares según se había dispuesto por la coordinación de Cancillería de Chile, ACNUR y varios municipios repartidos en todo el territorio. Hay que mencionar que Chile es el país en el cual reside la más numerosa comunidad palestina fuera del mundo árabe, y cuenta con más de 300 mil personas de esta procedencia.
Al llegar, la niña, tenía dos años. Después de la bienvenida que contó con la presencia de autoridades políticas y gubernamentales, ella y sus supuestos padres, junto a otros refugiados, fueron designados a establecerse en la ciudad de San Felipe. Una zona especialmente agrícola, que brinda buenas oportunidades laborales en temporadas específicas de cosecha de frutos en diferentes meses del año. Tras instalarse los refugiados en esta zona, pasa el tiempo, y también llegó olvido sobre el destino y aventuras de quienes llegaron alguna vez desde países tan lejanos .
En el mes de septiembre del presente año, sin embargo, la noticia de que una mujer estaba peleando por conseguir la custodia de una de las niñas llegadas en aquella oportunidad a San Felipe, trajo de vuelta el recuerdo de los refugiados palestinos radicados en Chile.
Investigación más allá de las fronteras
En la conversación con el abogado, Mario Fuentes, el profesional advierte que se trata de un caso que podría ampliarse a una investigación internacional si se comprueba que los supuestos padres, no son sus progenitores. Una información que tendrán disponible en algunos días. Se está a la espera de los resultados de ADN, y desde ahí se abrirán las hipótesis, con esos resultados presentaremos una querella criminal. En caso de que los resultados de ADN demuestren que son los padres, eso es un agravante, lo que hace que aumente la pena. Si se comprueba que hay trata de personas, por no ser los padres, se abren otras investigaciones por una serie de interrogantes… por qué y cómo es posible que una niña de dos años haya ingresado a Chile con dos personas con quienes no tiene lazo sanguíneo, y en qué condiciones y circunstancias llega esta niña al lado de sus padres”, relata.
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La investigación deberá dilucidar más allá de los hechos denunciados de abuso y maltrato de los que fue víctima la menor. A juicio de Mario Fuentes, se debe averiguar con qué objetivo trajeron estos supuestos padres a esta niña a Chile. “Nos parece y nos llama mucho la atención que no haya claridad respecto a la procedencia de la niña, tomando en cuenta que hay un organismo de gran envergadura como lo es la ONU”.
Carlos Novoa, el reportero del diario El Trabajo, y que fue contactado por Claudia, para hacer pública su historia, cuestiona el proceso con el que los supuestos padres de la niña ingresaron con ella al país. “Lo que más me sorprende es cómo pudo entrar una niña al país sin tener identidad. Esto ha perjudicado la cruzada de Claudia, que quiere lograr la adopción legal de la menor. La niña actualmente estudia porque va de oyente, sólo porque la mamá cuidadora habló con el colegio para que ella pueda acudir, pero sin nada formal. Hubo alguien que se aprovechó de esta situación para hacerla pasar como hija. No sabemos si los padres son sus padres y claramente debemos preguntarnos qué pasó con los controles de migración que no lograron percatarse de las irregularidades”, indica.
En los próximos días, tras conocerse el resultado de la prueba de ADN, la causa escribirá un nuevo capítulo en la justicia. De comprobarse la tesis de que no son efectivamente sus progenitores, la investigación deberá seguir más allá hasta averiguar porqué razón una niña de dos años ingresa al país y luego desaparece, sin identidad por casi 13 años, denunciando abusos y maltrato. Para el abogado Mario Fuentes, llegar hasta las últimas instancias esto es una responsabilidad. “Esto va a ameritar una investigación que claramente va a alcanzar a la ONU, sin duda”, advierte.
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