Este viernes se llevó a cabo en la Corte Constitucional la sesión técnica en la que los responsables de la política nacional en salud expusieron sus ideas y propuestas para estudiar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El evento, que fue convocado en enero pasado, se presenta en un contexto en el que el sector salud atraviesa uno de sus momentos más críticos. En especial, en el frente financiero.
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Cabe recordar que la UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social para cumplir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS). Para 2024, esta unidad se fijó en un valor diario de $4.011,35 para el régimen contributivo y de $3.489,10 para el subsidiario.
Al inicio de la jornada, José Fernando Reyes, quien preside la Sala, señaló que el objetivo de la sesión es recaudar pruebas y aclarar dudas y solicitó no salirse del tema teniendo en cuenta la actual coyuntura del sector.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, fue el primero en intervenir. El titular de la cartera expuso cómo se realiza el cálculo de la UPC y señaló que el sistema se construye a partir de unos indicadores actuariales.
“Desde 2001, la UPC ha estado por encima de los rangos de inflación. En 2023, fue de casi el 7 por ciento, este incremento ha sido importante tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado”, indicó Jaramillo.
El ministro también mencionó que los recortes entregados por las EPS del régimen contributivo no superaron los parámetros de calidad y que se considera que la información empleada para calcular la UPC es representativa.
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Los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas.
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“Cuando las EPS que tienen cobertura igual o superior al 90 %, representan el 60 % o más, de la población afiliada al régimen y cuando el gasto de las EPS con cobertura igual o superior al 90 % representan el 60 % o más, del gasto total del régimen”, señaló.
Y añadió que cuando la población afiliada a las EPS con cobertura del gasto igual o superior al 90 %, “son representativas de la población afiliada al régimen”.
El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León, expuso que, según un estudio de la Unal/Cres refieren unas “limitaciones de la información disponible para el cálculo de la UPC”.
“Es indispensable precisar que la información recopilada de la base de servicios, de recobros, de tutelas y CTC, así como las declaraciones de gastos de los representantes legales de las EPS y los estados financieros de las EPS proceden de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado; es decir, las EPS se constituyen en la única fuente de información disponible en la práctica para realizar la regulación del sistema de aseguramiento en salud, lo que en términos analíticos no brinda la posibilidad de contrastación empírica”, indicó.
Por esa misma línea, el Minsalud señaló que “la Corte ha querido que se pueda balancear y llegar a que UPC sea igual en el régimen contributivo y subsidiado, pero las frecuencias del régimen subsidiado son menores o no son reportadas por los actores responsables del SGSSS. Algunas EPS no pasan los filtros de calidad de la información y el 70 % de los presupuestos máximos se destinan al régimen contributivo”.
Guillermo Alfonso Jaramillo, el Minsalud.
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¿Recursos insuficientes?
La procuradora Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda Visbal, indicó que desde el 2022 ha venido recibiendo «una serie de alertas sobre la insuficiencia de los recursos que generan una falta de sostenibilidad financiera al sistema”.
De acuerdo con Ojeda,“esto afectaría gravemente los derechos fundamentales de la salud de los colombianos». En ese sentido, y en atención a las alertas que se han recibido, indicó que se han venido haciéndole requerimientos al Ministerio de Salud para que se revisen y adopten las medidas encaminadas a realizar los valores de la UPC y de los presupuestos máximos en términos de suficiencia metodología y cálculo para lograr la estabilidad financiera del sector.
La delegada del Ministerio Público señaló que estas alarmas están basadas principalmente “en que esa insuficiencia y la metodología que está aplicando el Ministerio no ha tenido en cuenta factores macroeconómicos, nuevas tecnologías en salud nuevos usos de los servicios de salud, cambios demográficos, aumento de enfermedades de alto costo y otros factores que están incidiendo gravemente en que se pueda garantizar unos recursos suficientes para poder prestar los servicios”.
Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Corte Constitucional.
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¿Qué pasará con la UPC?
En esta sesión no se tomaría una decisión respecto a si se volverá o no a hacer el cálculo de la UPC.
En ese orden de ideas, en las últimas valoraciones que ha hecho la Corte sobre este tema ha señalado que “el Gobierno no ha demostrado” que el valor de la UPC “sea suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías en salud PBS-UPC a la población afiliada al régimen subsidiado”, y tampoco que la información requerida para efectuar el cálculo de esta prima “se entregue de manera oportuna, completa y con la calidad requerida”.
De acuerdo con la Sala, la insuficiencia de la UPC ha venido debilitándose con el paso del tiempo, y para el 2023 el déficit estaría cercano a los $2.7 billones, tomando un gasto de administración del 5 %.
“Se aseguró que para 2022 y 2023, alrededor de 20 y 22 EPS, respectivamente, no contaron con los recursos suficientes para cubrir su operación y que esto derivó en que la suma de los gastos administrativos y de los costos en salud haya sido superior a los recursos recibidos por UPC más copagos y cuotas moderadoras”, expuso la Corte para convocar la sesión.
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*Con información de EL TIEMPO – JUSTICIA