La ciudad portuaria de Buenaventura está en el centro de una creciente controversia ambiental y legal que involucra al Ventura Group, acusado de causar daño ambiental a través de su operación de embarque de carbón en el muelle 13. Más de dos mil habitantes de los barrios Nayita y Mayolo han alzado sus voces, señalando graves afectaciones a su salud y medio ambiente, derivadas del polvillo de carbón que impregna su aire y agua.
Desde hace más de quince años, la empresa Inatlantic, parte del Grupo Portuario y Ventura Group, ha almacenado y embarcado carbón a cielo abierto en Buenaventura. Un muro de apenas 20 centímetros separa los barrios de Nayita y Mayolo del área de almacenamiento de carbón, una proximidad que ha resultado en la constante exposición de los residentes al polvillo del mineral.
Los residentes, cansados de la situación, relatan cómo el polvo de carbón afecta sus vidas diarias. Luis Enrique Prado, concejal y habitante del barrio, narró ante el Tribunal Administrativo del Valle sus problemas de salud, incluyendo una embolia pulmonar, causada por la continua inhalación de polvo de carbón. Alfonso Tenorio, otro residente, describió cómo el polvillo contamina el agua recolectada y se adhiere a la ropa y a las superficies dentro de sus hogares.
Un informe del ingeniero Agustín Valverde, contratado por la comunidad, reveló múltiples irregularidades en la operación de almacenamiento de carbón por parte de Ventura Group, incluyendo la falta de cubrimiento adecuado y el deficiente manejo del drenaje de aguas lluvias.
Ventura Group ha defendido la legalidad de su operación, argumentando que cuentan con la licencia ambiental correspondiente y que cumplen con las regulaciones. Sin embargo, informes contradictorios del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Buenaventura complican la situación. En 2018, el EPA identificó serias deficiencias en la operación de Ventura, mientras que informes posteriores declararon el cumplimiento de las medidas correctivas.
La Procuraduría ha iniciado una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, y otros funcionarios por retractarse de prorrogar la concesión del muelle 13, basándose en lo que la entidad describe como un «supuesto daño ambiental no probado».
Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, detalló los serios riesgos para la salud derivados de la exposición continua al polvo de carbón, incluyendo enfermedades respiratorias crónicas y daños al desarrollo pulmonar y cardiaco en niños y adolescentes. El impacto ambiental también ha afectado la biodiversidad local, con informes de contaminación de las aguas de la bahía y daños a especies de aves nativas.
En 2019, los residentes de Nayita y Mayolo interpusieron una acción de grupo que actualmente está en fase de pruebas en el Tribunal Administrativo del Valle. El reciente debate en la Comisión Sexta del Senado ha intensificado la presión política, con propuestas de moción de censura contra el ministro de Transporte por su manejo del caso.
La comunidad ha solicitado repetidamente un monitoreo ambiental exhaustivo para evaluar la concentración de partículas de carbón, pero hasta ahora, las respuestas han sido insatisfactorias. A pesar de las promesas, las acciones concretas siguen pendientes.
El conflicto entre los habitantes de Buenaventura y Ventura Group destaca la urgente necesidad de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Mientras la justicia y las autoridades deliberan, los residentes de Nayita y Mayolo continúan sufriendo las consecuencias de una operación industrial que, según ellos, ha deteriorado gravemente su calidad de vida y su entorno natural. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para la gestión ambiental en Colombia.