En una clara señal a los corruptos, el Gobierno Nacional tiene previsto radicar un proyecto de ley en el Congreso esta semana para atacar sus bienes, uno de los principales ejes de estos delitos.
El anuncio lo hizo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien también le contó a EL TIEMPO cómo está pasando la cuarentena por su contagio de covid-19.
¿Cómo se siente luego de que fuera diagnosticada con coronavirus?
Estoy trabajando en el más estricto aislamiento, atendiendo las recomendaciones de los médicos, del Ministro de Salud. Me quedé sola, acá en la casa de la Vicepresidencia, con el servicio que atiende la casa, pero con bastante distancia física y ella con todas las medidas de bioprotección para que no haya el más mínimo riesgo de contagio. Estoy sin mi esposo y sin mi familia.
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¿Y qué está haciendo?
Permanezco sentada trabajando en una mesa con papeles pendientes y proyectando temas que estoy trabajando para la población informal y vendedores ambulantes. Como ya estamos acostumbrados al Zoom y a reuniones digitales, cuando sea estrictamente necesario vamos a seguir con esta plataforma. Esto sabíamos que le puede pasar a cualquiera. Aquí realmente nos hemos cuidado muchísimo durante todos estos meses. Yo no tuve nunca aislamiento, estuve trabajando todos los días durante estos siete meses, igual como lo ha hecho el presidente Iván Duque, pero lo he hecho con cuidados, con pocas reuniones presenciales, muy poquitas personas en las mismas, tapabocas y con distancia de 2 metros. Desafortunadamente nos tocó, y cuando toca pues ya no puede uno hacer nada distinto que aceptar que somos seres humanos vulnerables, que tenemos que cuidarnos y evitar contagiar a otros.
¿Entonces usted está sola en la casa vicepresidencial?
Sí señor, aquí estoy sola.
Esa casa no es como muy grande y fría…
Sí, es grande. Pero yo acá tengo un rinconcito en el que ubiqué una mesa con todos los papeles y ahí trabajo. También está la ayuda de la casa y aquí estamos las dos, pero ha sido bonito ver a casi todo el equipo de trabajo pendiente y llamando a preguntar.
Permanezco sentada trabajando en una mesa con papeles pendientes y proyectando temas para la población informal y vendedores ambulantes
Ustedes radican este martes un proyecto integral anticorrupción, ¿quién lo elaboró?
Es el primer proyecto que se presenta desde la cabeza del Estado. Estamos el Presidente de la República, la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia y todos los organismos de control, como son la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y está la Defensoría. Son 25 entidades del Estado que trabajamos en la elaboración de este proyecto. Está la Dian, la Uiaf y las distintas superintendencias.
¿En qué se enfoca la iniciativa?
Es un proyecto muy enfocado, sobre todo, en la transparencia, porque para nosotros la transparencia es prevención y lo que queremos es prevenir, cerrar cualquier espacio a los corruptos. Acá se hace mucho énfasis en la pedagogía por la transparencia y en la disuasión a los corruptos.
Vamos a crear un sistema de intercambio entre todas las entidades que permita el éxito de esta lucha sin cuartel contra los corruptos. Nosotros acá tuvimos en cuenta todas las experiencias que ha habido en Colombia, entre otras, en las distintas sentencias de la Corte Suprema y Constitucional en materia de corrupción, para cerrar todos esos vacíos y deficiencias de carácter normativo o de control y basados en esas sentencias llenarlos en esta ley, que se va a presentar con mensaje de urgencia al Congreso, por lo que esperamos que esté aprobada muy pronto.
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¿Está establecido este proyecto de ley por ejes?
Este es un proyecto que tiene unos capítulos que son temas muy trascendentes para el futuro de nuestra sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con las medidas de protección de la identidad de las personas que presentan denuncias y la protección laboral a funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción. Esto es algo también inédito, porque nos hemos encontrado que desafortunadamente en Colombia las personas muchas veces se abstienen de denunciar por el temor a la retaliación y a las amenazas. Para nosotros es fundamental proteger la identidad de las personas que presentan las denuncias, es una condición que ya se está discutiendo y asimilando internacionalmente.
¿Qué otros temas contempla el proyecto?
Contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No sólo se sancionará administrativamente a una persona jurídica, sino que cuando realmente ha habido prácticas corporativas reiteradas, que se desarrollen con una sistematicidad, utilizando los órganos societarios, como lo que hemos visto en el caso de Odebrecht, entonces allí también hay esa responsabilidad de la persona jurídica beneficiaria del delito y no solo sus administradores.
El propósito del Gobierno es atacar los delitos de corrupción.
¿El proyecto establece entonces la responsabilidad penal para las personas jurídicas?
Sí, claro. No sólo para los representantes legales, sino para la persona jurídica y sucursales de sociedades extranjeras. Esto va permitir que las superintendencias fortalezcan toda su ejercicio de vigilancia y control, pero también aplicar integralmente las diferentes sanciones que se derivan de actos de corrupción organizados deliberadamente desde la persona jurídica y se anotan en su registro mercantil.
¿Que más destaca de la iniciativa?
Un punto muy importante tiene que ver con fortalecer la extinción de dominio, porque ha sido deficiente. Y ha sido deficiente por los trámites, por las demoras, porque desafortunadamente no ha habido contundencia en quitarles todos los bienes a las personas condenadas por actos de corrupción. Esta ha sido una gran frustración para los colombianos porque los corruptos terminan pagando unos pocos años en la cárcel o peor aún, en la casa por cárcel, y salen a gastarse en las narices de todos los colombianos la plata que nos robaron. Por eso acordamos con el Presidente, con el Fiscal y con los organismos de control fortalecer este proceso, brindando mayores atribuciones al Fiscal General, que es quien administra los bienes a través del Fondo de Bienes de la Fiscalía. De esta manera se permite la enajenación temprana de los bienes de los corruptos sin ninguna autorización adicional como era antes y los titulares de los bienes se emplazan por un tiempo breve de solo 5 días hábiles.
¿Cómo se piensa agilizar la extinción de dominio?
Lo que se plantea básicamente es agilizar, en parte, la Ley 1708 de 2014 sobre extinción de dominio acortando los plazos del edicto de los bienes de condenados por corrupción, como acabo de señalar. El Estado debe ser contundente en quitarles todos sus bienes a los condenados por corrupción, hasta concurrencia de lo que se robaron al erario público.
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¿En el proyecto de ley también se habla del beneficiario final, eso en qué consiste?
Este es otro capitulo que me encanta. Resulta que hemos visto en el pasado una gran cantidad de contratación con distintas razones sociales, distintos nombres de empresas, pero cuando se va a analizar, todas tienen un común denominador y es que el dueño mayoritario de cada una de ellas es el mismo o son los mismos accionistas a través de los entramados de empresas. Entonces se trata identificar quiénes son los beneficiarios finales de la corrupción, porque cuando queremos hablar de extinción de dominio y de sanciones que realmente sean efectivas, necesitamos conocer realmente a todas las personas que están involucradas y los beneficiarios reales, en lugar de tratar de aplicar la sanción a una empresa insolvente y con pocos bienes. Se trata de encontrar el dinero donde esté y quitárselo.
Usted mencionó el intercambio de información, ¿cómo se plantea que funcione?
Se va a montar un observatorio anticorrupción por parte de la Secretaría de Transparencia, el cual administrará, recolectará, interpretará y compartirá con los organismos de control, de manera permanente, toda la información relacionada con ciertas tipologías que permite más fácilmente identificar hechos de corrupción. Aquí la idea es, incluso, poder aplicar inteligencia artificial y tener en este observatorio la capacidad de que haya una reacción inmediata contra los corruptos. Esto, por ejemplo, para permitir identificar aumentos inesperados o desproporcionados en el patrimonio de los servidores públicos.
En materia de sanciones, ¿qué contempla el proyecto?
Aquí hay sanciones administrativas para que las aplique fundamentalmente el Procurador General y también las superintendencias. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas, puede imponer sanciones muy drásticas a las casas matrices y sus subordinadas . Estamos hablando de sanciones que pueden llegar hasta 200.000 salarios mínimos. Además estas empresas quedan sin la posibilidad de recibir ningún tipo de incentivo o subsidio y quedan con una inhabilidad para contratar con el Estado por 20 años.
En el proyecto se establece que se le pueden dar beneficios a la gente que colabore con información sobre corrupción, es casi como un principio de oportunidad y la persona que brinde toda la información que permita acabar con una red de corrupción, puede llegar a tener la exoneración de la sanción que le correspondería, siempre y cuando sea una información comprobada y que de verdad lleve a las cabezas y determinadores de los hechos de corrupción.
La cárcel no es suficiente condena para los corruptos. También hay que quitarles los bienes al corrupto hasta por el monto de lo que se ha robado para resarcir a la sociedad
En Colombia el sentir popular es que aquí los corruptos se roban la plata, pagan un año de casa por cárcel y nunca devuelven nada de lo que se han robado ¿este proyecto contempla algo en ese sentido?
Es precisamente por eso que fortalecimos todo el proceso para la extinción de dominio, por eso se levanta la reserva de información y de todos los bienes y dineros de las personas que sean condenadas por hechos de corrupción.
¿Se establece la repetición?
Claro, porque muchas veces, por ejemplo, cuando hay una condena en contra de la Nación, el funcionario responsable del hecho de corrupción nunca asume la responsabilidad y esta queda en cabeza de la Nación.
También hay que tener en cuenta que se le dan facultades a la Contraloría General de la República para poder buscar, embargar y recuperar activos en el exterior de las personas que estén condenados por casos de corrupción. Con eso queremos evitar que se distraigan los bienes sacándolos a cuentas en el exterior.
¿Quedan menos de dos meses de sesiones en el Congreso, qué tanto futuro le ve al proyecto?
La verdad también parte de la tarea es esa. El Presidente y la Ministra del Interior han conversado con varias de las bancadas en el Congreso y aquí vamos a tener un apoyo muy importante de un grupo de congresistas. Aquí no podemos permitir el día de mañana que esto se enrede en el Congreso y por esa razón se ha hecho esta socialización con algunos congresistas para garantizar entonces ese trámite rápido en el Legislativo. Esperamos que tenga el primer debate este año y que con el mensaje de urgencia este proyecto esté convertido en ley el primer semestre del año entrante.
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¿Podríamos decir que este es el gran estatuto anticorrupción?
Sí, pero con mucho énfasis en transparencia y prevención y se enriqueció mucho con el trabajo de 25 entidades coordinadas desde la Secretaría de Transparencia. Nosotros tenemos que lograr que esto se vuelva también un disuasivo para los corruptos, que también se den cuenta que cualquier daño derivado de los actos de corrupción realmente generará consecuencias de corto, mediano y largo plazo, de carácter penal, civil, económico y administrativo para él. Eso es muy importante.
¿Podríamos decir que el mensaje de este proyecto es que quien se robe algo del Estado primero lo tendrá que pagar y, además, cumplir una condena?
Exactamente. Aquí el tema es no vamos a permitir que se siga distrayendo la responsabilidad económica de devolver lo que se le ha robado al patrimonio público por cuenta de estar un tiempo en la cárcel. La cárcel no es suficiente condena para los corruptos. También hay que quitarles los bienes hasta por el monto de lo que se ha robado para resarcir a la sociedad y lograr un disuasivo ejemplarizante. Sea quien sea se le deben perseguir sus bienes. Si tiene que quedarse sin nada para devolver todo lo que se robó por corrupción, que se quede sin nada, pero la cárcel no es suficiente condena.
¿Es decir, se acaba eso de pagar dos años de cárcel o casa por cárcel y no devolver nada de lo que se ha robado?
Totalmente. Lo que queremos es que tenga sanciones drásticas de verdad y saber que le van a perseguir la totalidad de los bienes. La totalidad de lo que se roba tiene que pagarlo.
Nuestro gobierno esta decidido a pisar todos los callos necesarios, pero se acabó Disney World para los corruptos.
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