Redacción
Los abusos y la explotación de los menores en Colombia no dan tregua. Por lo menos así lo reflejan las más recientes cifras reveladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que dan cuenta de que las agresiones sexuales contra los niños en el país siguen al alza.
De acuerdo con un informe enviado por la entidad al Congreso de la República, para un debate de control político, desde 2014 hasta el 31 de agosto de este año, la entidad ha acogido a 72.543 menores que han sido víctimas de violencia sexual.
Uno de los hechos que más causa preocupación que el fenómeno ha aumentado en los últimos siete años, al pasar de 7.290 menores acogidos en 2014 a 14.032 que fueron amparados en 2019, es decir prácticamente el doble, lo que demostraría aumento en los abusos y agresiones contra los niños, niñas y adolescentes.
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“La región que más presenta casos desde el año 2014 hasta el 31 de agosto de 2020 es Bogotá con 16.558 casos reportados, lo cual equivale al 22,8 por ciento de todos los casos reportados durante el periodo mencionado. En segundo lugar, se encuentra la regional Valle del Cauca con 6.540 casos reportados equivalentes al 9 por ciento. La regional Atlántico, reporta 4.884 casos, lo cual equivale al 6.7 por ciento. Sigue la Regional Cundinamarca con 4.554 casos reportados equivalentes al 6.3 por ciento del total. Las demás regionales se encuentran en porcentajes menores de 4,7 por ciento en la proporción de casos reportados”, indica el informe.
El documento también hace énfasis en otra modalidad de la que también son víctimas los menores en Colombia: la explotación sexual comercial.
En este ámbito el instituto señala que desde 2014 han sido acogidos por la entidad 1.747 menores que han sido afectados por este flagelo. Y el panorama es muy similar, los casos de niños que han tenido que ser amparados por estos delitos en los últimos años se han doblado.
Según el informe, el ICBF pasó de acoger 162 menores por explotación sexual comercial en 2014 a 360 casos en 2019.
“Cuando el ICBF tiene conocimiento de casos de una posible situación de amenaza o vulneración, da inicio a las acciones pertinentes, a través del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD-, el cual se adelanta a favor de los niños, las niñas y los adolescentes con sus derechos amenazados o vulnerados y ejecuta las actuaciones administrativas y judiciales requeridas para la restauración de los derechos de estos sujetos de especial protección”, indica la información allegada a la Cámara, para el debate de control político que liderará la representante Ángela Sánchez.
El instituto señala que desde 2014 han sido acogidos por la entidad 1.747 menores por explotación sexual comercial
Así, indica el informe, en el marco de la atención especializada, en los casos de violencia sexual, una vez conocido el hecho, las autoridades administrativas adelantan la activación de la Ruta Intersectorial para que el sector salud garantice la atención. Lo anterior, debido a que la violencia sexual es considerada una urgencia médica, por lo que se debe brindar la atención frente a la estabilización física y emocional. De igual forma, se garantiza el acceso a la justicia con la formulación de la denuncia penal, en caso de que no se haya surtido.
Libres por explotación sexual
En contraste con estas cifras, para ese mismo debate, el INPEC reveló un informe en el que evidencia que desde 2010 y hasta diciembre de 2019 salieron libres 988 personas que habían sido señaladas o condenadas por trata de personas y explotación sexual.
Cabe aclarar que estas 988 personas corresponden a delitos contra “mujeres, niñas, niños y adolescentes” es decir no contempla solo agresiones contra menores de edad.
“Verificada la identificación de estas personas con los actuales privados de la libertad en situación jurídica condenados, se registra un reincidente”, agrega la información del INPEC.
Según el anexo del instituto penitenciario, en los próximos cinco años podrían quedar libres otras 520 personas que fueron condenadas por estos mismos delitos.
Este debate se da justo en momentos en que, según borrador conocido por EL TIEMPO, el Gobierno se apresta a reglamentar la cadena perpetua para violadores.
Sin embargo, el tema ha generado polémica, pues la reglamentación señala que con 25 años físicos en la cárcel, el victimario recuperaría libertad
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Esto fue criticado por el representante César Lorduy, quien fue ponente de la cadena perpetua en el Congreso.
“Lo que debería suceder es que la revisión, si así lo considera el juez, quite la cadena perpetua, y deje el máximo de la pena que sin cadena perpetua le hubiera sido impuesta. De lo contrario todos los delitos contra menores quedarían rebajados a 25 años”, indicó Lorduy.
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