La Comisión de Derechos Humanos del Senado le pidió al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que designe una comisión de alto nivel que le haga seguimiento a las graves problemáticas que aquejan a Buenaventura (Valle del Cauca).
En audiencia pública quedó al desnudo una grave crisis social, económica, de seguridad y salud que azota al puerto. Allí fueron denunciados 98 casos de violación a los derechos humanos a manos del paramilitarismo y el narcotráfico.
La preocupante situación producto del conflicto armado fue analizada por más de seis horas. El encuentro contó con la participación de la Iglesia, Naciones Unidas, la Alcaldía de Buenaventura y ONG nacionales y extranjeras.
La audiencia pública fue presidida por la senadora Sofía Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y por el segundo vicepresidente de la corporación, Alexander López.
«Mientras los puertos marítimos tienen agua, energía, seguridad a unos pocos metros la población no tiene ni el vital liquido ni la tranquilidad de poder caminar por sus calles sin el temor a ser asesinados”, dijo el senador.
Además, el senador López denunció que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, adelanta un proceso de privatización en la atención en salud y de seguridad alimentaria a la población infantil.
“Buenaventura vive una crisis social y humanitaria sin antecedentes, en medio de la bonanza de multimillonarias inversiones en los proyectos de infraestructura portuaria y de transporte, con el fin de satisfacer las demandas del comercio internacional bajo la egida del Plan continental de la Alianza para el Pacífico», agregó López.
Fuente: HSB Noticias
