Redacción BL
• La Ministra de Relaciones Exteriores reiteró que la implementación del Acuerdo de 2016 es una realidad y no se interrumpe.
• Agregó que el apoyo de la ONU es es fundamental para seguir avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.
Bogotá, 14 de julio de 2020.
La Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, declaró este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la implementación de la Paz con Legalidad es una prioridad del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez.
La Canciller intervino en la sesión de presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y enfatizó que, aún en el contexto de la pandemia del covid-19, el Gobierno colombiano sigue avanzando con el firme compromiso de cumplir los términos del Acuerdo de 2016.
“No hemos retrasado ninguna de las áreas de trabajo que comprende la política de Paz con Legalidad. Su implementación es una prioridad del Gobierno del Presidente Iván Duque”, expresó.
Manifestó que “el éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes son decisivos para evitar nuevos ciclos de violencia. Seguimos trabajando con determinación para apoyar sus proyectos productivos. El número de beneficiarios de los proyectos puestos en marcha en el primer semestre de este año se incrementó en un 71% en comparación con el mismo período de 2019”, dijo.
La Canciller explicó que la política de Paz con Legalidad, que constituye el marco desde el que se ejecutan los presupuestos, acciones y estrategias que desarrollan el Acuerdo, fue la primera en ser adoptada por el Gobierno Nacional, a escasos cien días de haber comenzado la actual administración.
Señaló también que todas las entidades encargadas de aplicar dicha política ‘han adoptado medidas para la prevención, atención y mitigación de riesgos de covid-19. Los beneficiarios de esas medidas incluyen a los excombatientes, las víctimas y los agricultores comprometidos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos”, sostuvo.
Igualmente, se refirió a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y dijo que en las regiones en las que se están ejecutando los planes se han financiado con regalías de la explotación petrolera y minera 186 proyectos por 423 millones de dólares, desde el inicio del Gobierno.
Resaltó que las agencias gubernamentales también continúan comprometidas con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y transitar hacia la legalidad.
La Canciller colombiana se refirió a inquietudes expresadas en la sesión por miembros del Consejo de Seguridad y por el Jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, acerca de la seguridad de excombatientes y comunidades.
Subrayó que ‘el Gobierno ha articulado acciones de 15 organismos diferentes para fortalecer la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento. Todo ello con una concepción integral de la seguridad en el marco del proceso de reincorporación y una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta irregular de los agentes del Estado”, agregó.
Indicó que “el ambiente complejo y la amenaza que plantean los grupos armados organizados dedicados al tráfico de drogas y la minería ilegal” es el factor generador de la violencia que se concentra en determinadas regiones del territorio.
La Canciller presentó los avances en prevención y protección, y en las investigaciones y acciones judiciales frente a los ataques contra los excombatientes.
Afirmó que la Fiscalía ha logrado avances “en el 49,7% de este tipo de casos”, mientras que el Gobierno Nacional ha desplegado y seguirá desplegando todas las herramientas a su disposición para garantizar la integridad de los líderes, defensores y excombatientes, así como a sus comunidades.
Así mismo, reafirmó el compromiso del Gobierno del Presidente Duque con la reducción de cultivos ilícitos, y presentó ante el Consejo la reducción en 2019 del área sembrada de coca, por segundo año consecutivo, según el informe del sistema de monitoreo que acompaña la ONU en Colombia.
En ese sentido, recalcó la urgencia de enfrentar a las economías ilegales del narcotráfico y la minería ilegal para lograr la paz y la seguridad en Colombia, en un marco de cooperación y corresponsabilidad internacional.
En la intervención ante el Consejo, la Canciller también informó del apoyo del Gobierno al sistema de justicia transicional y dijo que “no ha existido ni habrá ninguna reducción de su presupuesto”.
Por último, señaló que el apoyo de las Naciones Unidas es fundamental para seguir avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.
‘En medio de la actual crisis mundial, no disminuiremos nuestros esfuerzos y seguiremos dedicando todos los recursos posibles para lograr los resultados que nuestros ciudadanos merecen”, puntualizó.
(Con información del Ministerio de Relaciones Exteriores)
(Fin/lsc/gta)
