El anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, de la apertura de una pesquisa parlamentaria sobre los nexos nacionales del gigantesco caso de corrupción y sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, tomó por sorpresa a la región.
Bolivia parecía inmune a los tentáculos de un escándalo que ya tumbó presidentes en funciones y encarceló a otros exmandatarios. No porque, como ocurre en otros países, la justicia no avance y la ciudadanía no exija, sino porque sencillamente no figuraban políticos bolivianos en la compleja pesquisa que se adelanta principalmente desde Brasil y Estados Unidos.
Pero, en los últimos días, los medios del país empezaron a reseñar las más recientes revelaciones del caso, que apuntan a que en los dos gobiernos previos a la llegada de Evo Morales al poder, Odebrecht pagó sobornos para conseguir la adjudicación de contratos con el Estado.
Presuntamente se trata de Carlos Mesa Gisbert (2003 – 2005), y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) quienes habrían recibido, según las primeras informaciones surgidas desde Brasil, sobornos de la constructora a cambio de prelación en contratos de carreteras nacionales. Los detalles sobre la evidencia que habría de dicha trama corrupta son escasos, pero ya la opinión pública del país ha puesto atención.
De esa forma expertos consultados por EL COLOMBIANO entienden el gesto de Morales de ordenarle a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia abrir una investigación sobre la existencia de esos supuestos sobornos.
“Evo sabe que le conviene políticamente poner al país a hablar del tema, ya que se trata de líderes de bancadas que hoy están en la oposición. No hay duda de que en los últimos 12 años también ha habido casos de corrupción frente a los que imperó el silencio. Pero es claro que eso no quita la necesidad de investigar lo de Odebrecht y que con ello Morales busca, a la vez, debilitar y fracturar aún más a las fuerzas opositoras”, consideró Jorge Lazarte, politólogo, docente y exvicepresidente de la Asamblea Constituyente de Bolivia.
Con 2019 en la mente
Morales no se demoró mucho, tras la publicación de dichas informaciones, en hacer el anuncio a los periodistas: “voy a pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional que haga una profunda investigación de exautoridades como se menciona en algunos medios de comunicación. La meta es dar con los autores si ha habido esta extorsión, soborno, en la adjudicación de construcciones de obras” y agregó: “El gobierno es el más interesado en que se investigue sobre estos actos de corrupción”, agregó.
Carlos Cordero, politólogo y docente de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, interpretó la acción de Morales como una estrategia ya enfocada en las elecciones presidenciales de 2019.
“Los votos no son suficientes para desplazar a los partidos rivales en la pugna por el poder, pero los vínculos con actos de corrupción pueden provocar rupturas relevantes en los liderazgos. En el caso de Bolivia, Morales no solo está utilizando ese descrédito que podrían tener sus rivales con fines electorales, sino tomando previsiones para evitar posibles escándalos que podrían afectarlo”, dijo.
Ambos expertos coinciden en que aún no está sentenciado el hecho de que se pueda lanzar para los comicios de 2019, ya que es creciente en el país la percepción ciudadana que exige respeto a los resultados del referendo que el 21 de febrero de 2016, que dijo no a la reelección por tres periodos. La ciudadanía, entretanto, pone atención al tema pero tampoco lo tiene entre sus asuntos prioritarios, ya que falta mucho por saberse en un caso que apenas empieza a ser investigado.
Fuente: El Colombiano.
