Redacción BL
Las imágenes de los últimos cuatro alcaldes elegidos por voto popular en Buenaventura, capturados por líos de corrupción, explican claramente por qué la ciudad portuaria naufraga en la pobreza y el olvido.
La voracidad de su clase política, sumada al abandono del Estado y la inoperancia de los organismos de control, hundieron en el caos al principal puerto colombiano sobre el Pacífico y dejaron a sus habitantes a la deriva arrastrando una grave crisis social y humanitaria.
Porque si bien las regalías del Estado han sido insuficientes para suplir las necesidades de su población, los estragos que dejan los cuatro alcaldes detenidos son evidentes.
Hicieron de la educación un ‘facturero’ y gastaron miles de millones de pesos en alumnos que no existían, mientras los estudiantes reales quedaron fuera del sistema escolar.
El resultado es que el 37,5% de los bonaverenses solo terminó la educación básica primaria; el 32,6% completó la secundaria, un escaso 7% tiene estudios universitarios y otro 10% no tiene ningún nivel educativo, según datos del Dane del 2010.
Es decir, la ciudad no cuenta con mano de obra calificada y eso arrinconó al 80% de sus habitantes en los altos índices de pobreza; la tasa de desempleo afecta al 60% de los bonaverenses y de ese 40% que labora, gran parte lo hace en actividades informales.
Para hacer más inviable la ciudad, los cuatro mandatarios gastaron miles de millones en el sistema de acueducto y $200.000 millones después, aún el agua no asoma por los grifos, mientras muchas obras de infraestructura se pagaron, pero nunca se realizaron o fueron abandonadas por los contratistas.
El único hospital público lo desmantelaron. Por irregularidades en su adecuación fue detenido el Alcalde y ocho personas más, incluido el jefe de Planeación, Herbert Campo, quien se habría suicidado en la madrugada de este sábado.
Y pese a contar con un nivel básico y precario de atención en salud, debe atender también a los desplazados del conflicto que llegan de todos los rincones del Pacífico.
Esos mismos alcaldes que traicionaron a sus electores tienen al distrito arrastrando un déficit de más de $230.000 millones, cinco veces superior a los recursos que le quedan cada año a la ciudad para obras de libre inversión.
Aunque ‘obras’ es solo un decir. En el listado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República figuran en los últimos años más de 45 funcionarios y contratistas condenados por malversación y apropiación ilícita de recursos y otros 40 esperan fallos de responsabilidad por los mismos delitos.
Por su parte, el Estado olvidó que en el Puerto viven más de 500.000 personas, aunque el Dane diga que son 380.000, y se limitó a gastar en vías cada vez que su gente clamaba por inversión.
Así se forjó la crisis social y humanitaria del único puerto importante en el mundo que no tiene agua potable y que seguirá en el radar nacional por cuenta de nuevas decisiones que se vienen por la mancha de la corrupción.
De nada les ha servido la lección
Los últimos alcaldes de Buenaventura se ensañaron con los dineros que destina el Gobierno Nacional para ampliar la cobertura educativa hacia los niños en extrema pobreza.
Saulo Quiñones fue condenado e inhabilitado por peculado en la celebración indebida de contratos para construir, reparar y adecuar sedes educativas en el Puerto.
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José Félix Ocoró cobraba por la educación de 40.000 niños que jamás existieron, según el Ministerio de Educación Nacional, y fue condenado e inhabilitado por ese delito.
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Y Bartolo Valencia contrató la educación con fundaciones sin colegios, que cobraban ‘vacunas’ por estudiante que adjudicaban a escuelas de garaje y hacían pasar como alumnos beneficiados a niños que no lo eran para cobrar por ellos.
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No es gratuito entonces que Buenaventura ocupase el último lugar en calidad educativa en el Valle, según las pruebas del Estado.
Ni que la corrupción estuvieran a punto de cerrar el Liceo Pascual de Andagoya, el principal colegio público de la ciudad, porque los alumnos eran llevados convenientemente a las escuelas de garaje para cobrar los dineros de ampliación de cobertura.
Para el concejal Víctor Hugo Vidal, el tema de alumnos fantasma ya fue superado, pero la calidad de la educación, pública y privada es baja. “La situación empeora por la falta de idoneidad de docentes contratados, la desactualización de los maestros, falta de inversión en investigación y el pénsum desactualizado”, señaló el concejal Vidal.
Chorros de plata y solo gotas de agua
Lo único que ha salido a chorros en Buenaventura es el dinero que se ha invertido en los últimos 15 años para proveer a sus habitantes de agua potable las 24 horas del día.
Porque los cerca de $200.000 millones que han llegado al Puerto en los últimos 20 años del Gobierno Nacional, el Fondo Nórdico, el Plan Pacífico, el Plan Carrasquilla y el Fondo Nacional de Regalías para llevar agua a su gente, funcionaron a la inversa.
Hace diez años los habitantes del Puerto recibían el agua potable durante seis horas al día y ahora solo reciben el líquido durante cuatro horas en promedio y pueden pasar días sin que vean una gota de agua.
Buena parte de esas obras fueron contratadas por los mismos alcaldes hoy presos y destituidos; muchas de ellas se pagaron y no se terminaron, otras fueron inútiles y casi todas las desmantelaron antes de entrar en operación.
El acueducto obsoleto, según el Departamento de Planeación Nacional cubre solo al 76% de sus habitantes y el sistema de alcantarillado transporta solo las aguas servidas del 60% de población. El resto cae al mar sin recibir tratamiento alguno.
Lo peor es que por ningún lado se ve venir una solución. Ante la desconfianza hacia su clase política, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos optó por invertir en las obras a través de Findeter, pero los cambios no han sido sustantivos.
En el 2014, según Narcilo Rosero, del Comité del Paro del 2014, el Gobierno destinó $54.000 millones para cuatro obras prioritarias que aún no entran en funcionamiento.
“Las obras debieron estar listas en el 2016, pero se han tenido que ampliar los plazos porque los diseños quedaron mal hechos y se ampliaron los costos y los tiempos. La Planta de Venecia la entregaron sin obras complementarias; la Planta de Escalerete se terminó pero a las seis horas de funcionamiento se queda sin presión y el agua no llega a los hogares”, aseguró Narcilo Rosero.
Las otras dos obras aún no tienen fecha de entrega y los bonaverenses, por ende, tampoco saben cuándo tendrán agua potable las 24 horas.
La salud pública, un enfermo terminal
Los dineros de la salud han sido una ‘vena rota’ en la ciudad portuaria, que tras la quiebra del Hospital Universitario centralizó la atención en el Hospital Luis Ablanque de la Plata, también con un pasado reciente de politiquería, corrupción y muerte.
Fue justamente por irregularidades en la contratación que hoy está tras las rejas y respondiendo ante la justicia el actual mandatario, Eliécer Arboleda, junto a tres secretarios de su despacho y cuatro contratistas que, según la Fiscalía General de la Nación, realizaron dudosas gestiones para la presunta apropiación ilícita de recursos de las obras realizadas en este centro de asistencia.
Pero no son solo las obras. Hace poco el exgerente del hospital Pedro Pablo Cortés denunció que se vio obligado a renunciar al cargo por presión de Eliécer Arboleda y uno de sus hijos porque no estaba respondiendo a sus intereses y que además fue obligado a firmar cartas anticipadas de renuncia y letras de cambio antes de posesionarse.
Durante la administración de Bartolo Valencia el Luis Ablanque fue el fortín liberal que tras una disputa política entre aliados del Mandatario, según una hipótesis que investiga la Fiscalía, se desató una lucha interna que habría originado el asesinato en Cali del concejal Stalin Ortiz, quien denuncia ante El País corrupción administrativa.
“La política acabó con la salud; varios funcionarios del hospital son personas que no cumplen con el perfil ni con sus funciones, pero están allí porque tienen padrino político”, dijo hace poco el líder social Leonard Rentería.
No aparecen ni el dinero ni las obras
En Buenaventura el contratista anormal es el que cumple con las obras; y de esos hay pocos. Por cada rincón de la ciudad asoman escombros de proyectos de infraestructura que se contrataron, se dieron los anticipos o se pagaron en su totalidad y a mitad de camino fueron suspendidas.
Los resultados de auditorías inútiles anexados a los contratos de obra relatan irregularidades como malversación de fondos, retrasos en la entrega, malos diseños, sobrecostos o el abandono de parte del contratista.
El País conoció extraoficialmente que solo entre junio y diciembre del 2017, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría inició nuevos procesos disciplinarios, penales y fiscales contra más de 40 exfuncionarios y contratistas, incluidos José Félix Ocoró y Bartolo Valencia, por delitos contra la administración pública y se ordenó la búsqueda de bienes de los presuntos responsables, quienes debería responder con su patrimonio por los dineros perdidos.
Esto en relación con las obras contratadas por el Municipio; como los tres proyectos de la ola invernal en Buenaventura que ni siquiera en la Alcaldía sabían de ellas y que el contratista cobró, pero nunca realizó.
Las obras recientes que encargó el Gobierno Nacional al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) no han corrido con mejor suerte.
Una advertencia de la Contraloría, con fecha del 26 de diciembre del 2017, advierte de las irregularidades en varias obras como un presunto detrimento patrimonial por $12.200 millones en la construcción del megacolegio de San Antonio y otros $235 millones en la construcción del parque y la zona de recreación en un sector del barrio Cristóbal Colón.
Otra obra clave que se realiza con dineros de regalías es la ampliación y renovación del Sena de Buenaventura que por errores de planeación, no se tuvo en cuenta que por debajo de la obra pasaba un sistema de alcantarillado y se debió parar para realizar unos nuevos diseños.
Un problema reiterativo en este puerto donde se pavimentan vías que no existen o caminos de tierra y lodo figuran asfaltados dos y tres veces.
Por: Hugo Mario Cárdenas / El País
