Luego de las alertas que prendió la Asociación de Colombiana de Comercializadores de Energía Eléctrica (Asocodis), sobre un posible impacto en la prestación del servicio de energía en varias regiones, debido a la apretada situación financiera de varios comercializadores, que están a la espera de recuperar $7,2 billones de valores pospuestos en las facturas, deudas de entidades públicas, subsidios y alivios dados en la pandemia, la controversia subió de tono.
Lo anterior porque el presidente Petro afirmó en su cuenta de la red social X que la opción tarifaria, es decir el mecanismo para diferir parte del valor del servicio para no impactar el bolsillo de los usuarios, la creó el gobierno de Iván Duque, aspecto sobre el que el primer mandatario señaló que se hizo de forma similar al déficit del fondo de la gasolina pero en energía eléctrica.
“Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del covid; pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Al final de su gobierno esa deuda asciende a 5 billones de pesos y deben ser pagados”, sostuvo.
Previamente, el mandatario había afirmado que la amenaza del apagón “es para asustarnos y afanarnos a pagar la deuda generada por Duque sea del presupuesto, sea de las tarifas”, y señaló que el Ministerio de Minas y Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario “que permita tarifas justas”.
No obstante, varios expertos en el tema eléctrico, entre ellos el exministro Diego Mesa, refutaron las afirmaciones de Petro, señalando con claridad que tiene conceptos equivocados que lo están llevando a incurrir en errores.
(Vea: Comercializadores de energía plantean salidas al estrés financiero).
Fuentes consultadas por Portafolio explicaron que del presupuesto solo deben salir $1,13 billones correspondientes a los subsidios a los estratos bajos, ya que lo que se busca es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ajuste la regulación para que los comercializadores puedan comenzar a cobrar estos saldos a usuarios y no al fisco.
Actualmente, para ello la norma no les permite cobrar más de 0,3% del costo unitario del kilovatio mensual y la propuesta es flexibilizar la regulación para que el cobro se pueda hacer por segmentos, iniciando por los usuarios con mayor capacidad económica, es decir del estrato 4 al 6.
Y para aliviar su situación financiera sin afectar a los usuarios más pobres, los comercializadores buscan una línea de crédito con Findeter, con tasas favorables a 10 años, para que puedan tener un respiro.
(Vea: ‘Hoy el 65 % de la electricidad se desperdicia’: Schneider).
Tarifa de energía
A su turno, el exministro Mesa, quien calificó como increíble que Petro este tan mal informado para que no haya una sola verdad en su trino, le recordó al mandatario que la opción tarifaria se creó en la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) y la han aplicado, voluntariamente, comercializadoras de energía en múltiples gobiernos, la más reciente durante el Gobierno actual, mientras que el Fepc se creó en la Ley 1151 de 2007.
“Es falso que estos mecanismos, que han operado con normalidad en más de cinco gobiernos, los haya creado el gobierno Duque”, aseguró.
(Vea: XM dejó de despachar energía de contratos de La Guajira).
Y precisó que los comercializadoras “esperan que el Gobierno les pague la deuda de los subsidios y recuperar los saldos de opciones tarifarias, no que se suban las tarifas”.
(Vea: XM dejó de despachar energía de contratos de La Guajira).
Al respecto explicó que las deudas se originan en que el sistema de subsidios cruzados no alcanza para cubrir la totalidad de los recursos, cuyo monto sube no solo cuando el gobierno no les paga a las empresas esta diferencia a tiempo, lo cual se debe hacer trimestre vencido.
“En este Gobierno se ha disparado el costo de esa deuda por diferentes medidas que se han tomado”.
Portafolio consultó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre en qué consiste el plan para regular los precios y sobre el impacto de variables como las pérdidas de energía y restricciones, pero no fue posible obtener una respuesta.
(Vea: Lanzan campaña para promover el uso seguro y legal de la energía).
Medidas que se han tomado han incidido
De acuerdo con otros fuentes consultadas, decisiones como la suspensión de los contratos de fuentes de energía renovable no convencionales en La Guajira, incluido en la emergencia económica para ese departamento, es uno de esos factores que hace que los comercializadores queden descubiertos y deban ir a la bolsa de energía.
Como se recuerda, allí los agentes negocian electricidad en el mercado de contado, con precios que más caros en épocas de sequía.
De hecho, las cifras de XM, operador del mercado eléctrico, muestran que en los últimos meses han tenido fluctuaciones que lo han llevado a niveles superiores s los $800 por kilovatio.
(Vea: Posición del Minminas sobre transición y nuevos contratos petroleros).
PORTAFOLIO
