Durante el auge de los centros de datos que se vivía en Colombia y el mundo, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) lanzó en el 2024 su proyecto de construcción de un centro de almacenamiento a gran escala y que fue considerado como una iniciativa innovadora.
El objetivo de este gran centro de datos surgió ante la limitación en las capacidades de los data center de la empresa de telecomunicaciones y las dificultades que poseía para atender la gran demanda comercial que tenía. Esto generaba altísimos costos de operación.
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Sin embargo, pocos meses después de iniciada, empezaron los problemas para la obra, quedando inconclusa hasta ya 11 años después. De hecho, el Data Center Alma, como fue bautizado, no existe y no funciona en la actualidad.
Data Center Alma
Contraloría de Bogotá
Actualmente, del aclamado centro de almacenamiento de datos, que se proyectaba que iba a prestar servicios a clientes corporativos, hay una construcción en obra gris y equipos abandonados en un terreno de poco menos de 7.000 metros cuadrados en la zona industrial de Puente Aranda.
Es por ello que el contralor distrital de Bogotá, Julián Ruiz, lo consideró «uno de los peores negocios que ha hecho la ETB en su historia«, al anunciar este miércoles el fallo de responsabilidad fiscal contra cuatro ex directivos de ETB, contratistas e interventores que participaron en el proyecto.
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Si bien el costo superaba los 30.847 millones de pesos, el monto que giró ETB los contratistas fue de 14.745 millones de pesos, que con indexación asciende a los 23.787 millones de pesos. Este valor es lo que provocó el daño al patrimonio de ETB, según la Contraloría.
Y si bien esta última entidad evidenciaba problemas en el proyecto, un informe de auditoría del mismo organismo de 2017 identificó 39 hallazgos, entre administrativos, disciplinarios, penales y fiscales, en la ejecución del proyecto.
Data Center Alma
Contraloría de Bogotá
En este participaron cuatro firmas para realizar las actividades de diseño e interventoría; obra civil, suministro de bienes y puesta en funcionamiento; adquisición de una solución TI -que incluía suministro de bienes y licenciamiento e implementación de un modelo operativo-, y consultoría para el diseño, implementación y aseguramiento de la calidad del modelo de operación comercial.
La obra física de Data Center Alma fue contratada el 28 de mayo de 2015, durante la administración de Gustavo Petro como alcalde mayor de Bogotá, con la empresa brasileña Aceco TI S.A. El valor proyectado fue por un total de 30.847’358.078 pesos. Para ese entonces, el presidente de ETB era Saúl Kattan, quien, sin embargo, no firmó los contratos.
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El plazo pactado era de 33 meses, con entregas por etapas La primera era de seis meses para entregar la obra civil, el suministro de equipos, la instalación y puesta en marcha del centro.
Dicho contrato empezó el 11 de junio de 2015, aunque ETB no tenía licencia de construcción. Solo hasta el 10 de febrero de 2026 la obtuvo. Por eso, desde abril de 2016 se paralizó la obra y se alcanzaron a pagar 5.787 millones de pesos.
ETB
EL TIEMPO
Sin embargo, el 2 de septiembre de 2015, tres meses antes del vencimiento del primer plazo para que Aceco entregara la primera fase de la obra, ETB firmó un segundo contrato con la empresa colombiana Compufácil, por alrededor de 27.000 millones de pesos. La firma nacional debía entregar en funcionamiento y estabilizado el moderno centro de datos. No obstante, dependía de que la empresa brasileña cumpliera.
El 7 de diciembre del mismo año, el contrato tuvo una modificación y se acordó dejarlos equipos en bodega. Después de este cambio, el contratista recibió pagos por cerca de 8.290 millones de pesos, según la Contraloría.
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Las alarmas sobre este contrato se activaron en abril de 2016, cuando la interventoría advirtió que en los últimos cuatro días no había maquinaria ni hombres en la obra del Data Center Alma en Puente Aranda.
Por los frustrados contratos, en 2017, luego de la denuncia de la administración del alcalde Enrique Peñalosa sobre el elefante blanco de la ETB, la Fiscalía Seccional Bogotá abrió una investigación penal.
PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – BOGOTÁ
