En respuesta a la grave crisis de orden público que ha afectado a las comunidades rurales en la zona de Buenaventura, Valle del Cauca, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación en la cuenca del río Naya. Este encuentro contó con la participación de representantes de la Armada de Colombia, la Alcaldesa del Distrito de Buenaventura, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.
La Defensoría del Pueblo denunció que al menos 65 familias fueron forzadas a abandonar sus hogares y trasladarse a la zona urbana de Buenaventura, debido a las amenazas y acciones violentas de las disidencias de las FARC, que operan en esta área del suroccidente colombiano. Además, otras 65 familias de la comunidad Joaquincito, pertenecientes al resguardo indígena Epedara Siapidara, se han confinado para protegerse.
La entidad también informó sobre una tercera comunidad, ubicada en el sitio conocido como Chamuscado, que se encuentra en proceso de desplazamiento por las mismas razones.
Durante la reunión del consejo de seguridad, se acordaron varias medidas para enfrentar la crisis y proteger a los habitantes de la región:
- Despliegue de Tropas: La Armada de Colombia continuará desplegando tropas de la Brigada de Infantería de Marina No.2, en operaciones conjuntas con el Ejército Nacional, para asegurar que los grupos al margen de la ley no utilicen ilegalmente el río Naya.
- Compromiso Institucional: El coronel de Infantería de Marina, Ricardo Visbal, reafirmó el compromiso de las fuerzas armadas para mantener el control y la seguridad en esta importante arteria fluvial.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado el 14 de julio, destacando la urgencia de que las instituciones competentes sigan las recomendaciones de su Alerta Temprana 039 de diciembre de 2023. Asimismo, instó al Gobierno nacional a coordinar con las autoridades del Valle del Cauca y Buenaventura para implementar medidas que protejan a la población afectada y garanticen ayudas humanitarias de emergencia.
Las autoridades y la Defensoría del Pueblo enfatizan la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las familias desplazadas y confinadas, incluyendo el acceso a la vida, integridad, salud, alimentación, libre movilidad y trabajo.
El llamado se extiende al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que tome medidas inmediatas y efectivas en respuesta a esta crisis de seguridad pública, asegurando que las fuerzas de seguridad del Estado ofrezcan mayor protección en las áreas afectadas por el conflicto armado.
La crisis de desplazamientos masivos en Buenaventura pone de relieve la continua amenaza que representan las disidencias de las FARC para las comunidades rurales. Las medidas adoptadas en el consejo extraordinario de seguridad son un paso crucial para restaurar la seguridad y proteger los derechos de los habitantes de la región. Las autoridades deben mantener un monitoreo constante y una respuesta ágil para enfrentar esta situación y prevenir futuros desplazamientos.
