Redacción BLEn la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Buenaventura Bartolo Valencia y otras ocho personas, la Fiscalía aseguró que en los seis contratos firmados por el funcionario para la cobertura educativa se presentó una defraudación de $919 millones.
El fiscal le imputó los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a Bartolo Valencia; al ex secretario de Educación Carlos Enrique Riascos; al ex asesor jurídico Ancízar de Jesús Yepes; al exjefe de la Oficina de Cobertura Yasser Valencia Saa, y a los contratistas Diana Mayerlín Riascos, Vanessa Orozco, Alberto Riascos, Pedro Marino Barahona y Rocío Valencia.
Durante la audiencia, la Fiscalía relató que Valencia firmó el 26 de abril del 2012 los seis contratos de la ampliación de cobertura educativa por un valor de $3076 millones.
Estos contratos, según el ente investigador, no cumplían los requisitos de ley, pues el objetivo social de estas fundaciones no era la educación sino temas como el bienestar cultural o trabajar con mujeres víctimas del conflicto. Además, ninguna tenía los tres años de experiencia que requiere la ley.
Asimismo, en dos de los contratos se firmaron otrosí, en los que se decía que por un error involuntario se había dado el contrato a una fundación diferente.
El fiscal también señaló que el delito de peculado por apropiación se imputaba porque se defraudó al Estado en $917 millones.
En la intervención se enumeró cada uno de los contratos. El 70 % de esos cupos fueron subcontratados. Por cada niño recibían $100.000, pero le pagaban a las colegios que subcontrataron $50.000”, indicó el fiscal en la audiencia.
Agregó que en el proyecto que presentaron se habló de que tenían capacidad para atender dos mil cupos, que tenían 20 instituciones educativas con docentes, psicólogos y trabajadores sociales, así como 20 computadores y dos laboratorios.
Luego de enumerar cada uno de estos contratos, la Fiscalía ratificó que le imputaba a los detenidos los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, a unos como determinadores y a otros como coautores. La audiencia fue suspendida en la noche de ayer y continuará hoy cuando el juez decida la situación jurídica de los imputados.
Tomado de: Diario el Pais
