La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelanta visitas de inspección y vigilancia desde inicios marzo en algunos comercios y empresas para verificar que haya abastecimiento suficiente de productos básicos para enfrentar la actual emergencia, que no se especule con los mismos y que se alteren sus precios.
Y si bien esas visitas ya dan sus primeros frutos, la entidad espera de que el Gobierno emita un decreto que le permitirá actuar con mayor fortaleza frente a los especuladores, en especial, cuando se trate de medicamentos y productos para atender el covid-19.
Andrés Barreto González, quien lleva las riendas de la SIC, dijo que la entidad está actuando con rigor frente a esta coyuntura en la que la ayuda de la ciudadanía para denunciar a los especuladores es fundamental, para lo cual implementaron una ayuda virtual para facilitar ese proceso.
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¿Qué hace la SIC para frenar en esta emergencia a los especuladores?
Desde el 5 de marzo venimos realizando visitas de inspección y administrativas, que es lo que podemos hacer, verificando combustibles y algunos productos y medicamentos del régimen subsidiado (tapabocas, geles antibacteriales y productos hechos a base de alcohol).
Como hasta ese momento no se había decretado la emergencia, no había problemas de inventarios, por lo que solo requerimos más información de algunos productores y comercializadores de tapabocas y formulamos la apertura de una queja en la delegatura de la competencia.
Y que sigue ahora…
Producto de esa misma situación fue que solicitamos una nueva regulación para evitar que se acaparen esos productos, que no haya compras innecesarias que empujen los precios hacia arriba, que es lo que está pasando ahora, y que podamos garantizar que haya suficientes inventario y existencias para enfrentar la epidemia.
Hemos hecho otras dos visitas de inspección a otras grandes superficies y comercios de barrio, plazas de mercado y centros de acopio para verificar, además, que se esté respetando el sistema de pesos y medidas, que al final es lo que impacta al consumidor.
Implementamos también una aplicación que se puede descargar en celular para que en tiempo real las personas denuncien a los especuladores y acaparadores
Implementamos también una aplicación que se puede descargar en celular para que en tiempo real las personas denuncien a los especuladores y acaparadores. Allí pueden adjuntar fotos, documentos, hechos y gracias a esta le abrimos pliego de cargos a tres empresas que estaban vendiendo menor contenido a los consumidores en algunos productos.
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¿A qué tipo de sanciones se exponen estos infractores?
Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía, que tiene 35 fiscales y 1.100 unidades de policía, mientras en la SIC contamos con 300 funcionarios que están haciendo verificación de precios de combustibles y medicamentos. Pero una vez se revelen el resto de productos a vigilar, podremos actuar con más fortaleza. Ahora los que incumplan se exponen a multas de hasta 2.000 salarios por cada conducta detectada y a que en la Fiscalía se les abra un proceso que puede terminar en cárcel.
¿Qué tan persuasivas pueden ser esas multas?
Lo importante es que son sucesivas por las conductas; lo segundo, que como somos una autoridad administrativa lo único que podemos imponer son multas, pero además estábamos desperdiciando un recursos que era la posibilidad de compartirle más información y hacerle notar esas sanciones a las demás autoridades con el fin de que estas también puedan actuar en consecuencia.
Gracias a varios convenios que hemos firmado con la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y el programa ‘Colombia compra eficiente’, hemos cerrado el círculo para evitar que contratistas, defraudadores, criminales sancionados sigan contratando con el Estado. Para ello invitamos a las cámaras de comercio a que se inscriban las sanciones que les hemos impuesto a las empresas para que se tenga en consideración en el registro único de proponentes y que no se vuelvan a presentar o cambien de razón social, que era la forma como evadían la responsabilidad. Así les cerramos las puertas en lo disciplinario, lo penal y lo contractual a estas empresas sancionadas.
¿Qué tantas multas ha impuesto en su paso por la SIC?
En año y medio hemos sancionado 19 casos de competencia. Allí hay casos de vigilancia, programas de alimentación escolar, otros productos, bienes y servicios, suministros, contratación pública. Estamos hablando de unos 300.000 millones de pesos en multas, lo que dice mucho del grado de eficiencia de la entidad. Está probado que en año y medio podemos llegar a resultados de casos que hemos heredado y evacuado, porque recibimos 742 quejas por competencia de las cuales hay vivas 607.
¿En materia de protección de datos cuáles son los avances?
La delegatura de protección de datos se creó a raíz de la Ley 1581. Es un tema muy importante que estaba un poco dormido, pero cambio con la masificación de la economía digital, porque las empresas más grandes en el mundo son de tecnología y porque ya se rompió el paradigma de que los datos no valen plata, son un activo importante de cualquier compañía y para las personas que se han vuelto muy activas en denunciar cualquier violación a las normas que los protegen.
¿Y también ha habido sanciones allí?
En el 2019 hubo un incremento del 129 por ciento en las denuncias de suplantación por robo de datos. La gente hoy es más consciente, reclama y denuncia, pero hay que ser eficientes para actuar.
En 10 años se impusieron multas por unos 8.100 millones de pesos, nosotros en un año impusimos 9.000 millones, lo que demuestra que el tema se está volviendo muy importante
En 10 años se impusieron multas por unos 8.100 millones de pesos, nosotros en un año impusimos 9.000 millones, lo que demuestra que el tema se está volviendo muy importante y es transversal a muchas cosas del consumidor y la competencia.
¿Cómo les ha ido con la plataforma virtual de resolución de quejas y reclamos?
Cumplimos dos años y los resultados son muy positivos. ‘SIC Facilita’ es un caso de éxito porque es el único mecanismo de resolución de controversias virtual del país, donde empresas y consumidores entran a resolver sus diferencias comerciales y un abogado de la entidad avala el acuerdo al que se lleguen ambas partes, muchos de los cuales salen a favor de la persona reclamante.
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