Redacción BL
El Juzgado Noveno Oral del Circuito de Cali tuteló los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana de la población privada de la libertad. Y fijó plazo para definir un sitio de atención a los contagiados.
La Personería dice que se requieren mása acciones y define el trasladocomo un tema de alta complejidad en el que las decisiones competen al Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). Desde el Concejo piden declarar alerta roja en el establecimiento donde se reportan tres muertes.
El Ministerio de Justicia respondió ante el Juzgado 9 Oral del Circuito de Cali que el Gobierno ha dispuesto las medidas necesarias para mitigar y atender las consecuencias adversas del covid-19. Citó el Decreto 546 del 14 de abril con medidas como la sustitución de la pena de prisión y la medida de aseguramiento en establecimiento por la de prisión domiciliaria.
La mayoría de los privados de la libertad y los funcionarios contagiados está en condición asintomática, por lo que permanecen en uno de los patios. En otro patio están los que sufren comorbilidades y en uno más los adultos mayores.
El concejal Roberto Rodríguez dijo que “que el Juzgado Noveno Oral del Circuito de Cali, tuteló los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad humana de la población privada de la libertad, recluida en el Centro Penitenciario y Carcelario de Cali, ordenando; a la Fiduprevisora, Fiduagraria, Fondo de Atención en Salud, Inpec, Uspec, Red de Salud Centro y al Hospital Primitivo Iglesias, para que de manera inmediata apliquen los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, para la atención de las personas privadas de la libertad, de igual forma el suministro de insumos para la higiene como el jabón, alcohol glicerinado, toallas desechables en cantidades suficientes, tapabocas y demás implementos se consideren pertinentes, tales como puntos físicos de lavado de manos y kit de aseo hasta que dure la crisis del covid19”.
La sentencia, en primera instancia, ordena al municipio de Cali y a la Gobernación del Valle, previo estudio de las medidas de seguridad y custodia y en un término no mayor a 15 días disponer de un inmueble para ser utilizado como espacio de aislamiento preventivo, para quienes presenten sintomatología de covid 19, o casos positivos.
También se dispone, igualmente, que los 10 días siguientes se practiquen exámenes a la totalidad de los reclusos para determinar el número de positivos de covid-19.
El concejal Harvy Mosquera, quien fue director regional del Inpec, propone disponer bienes inmuebles obtenidos a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), o alquilarlos para que operen como centros de ubicación transitoria para las personas privadas de la libertad. Este modelo sí haría posible cumplir con las medidas de aislamiento requeridas y con los elementos de bioseguridad”.
MIentras que su colega Roberto Ortiz llamó a que se refuerce la revisión de los internos y del personal del Inpec
Rodríguez dijo que “el centro penitenciario de Villahermosa alcanza unos niveles dramáticos de hacinamiento que superan los 3.500 reclusos es decir el 161%, con un informe de la Personería de Cali que confirma el número de casos positivos por encima de los 621. De ahí la necesidad de que el Gobierno Nacional en coordinación con la Alcaldía de Cali y el Inpec, decreten la alerta roja para Villahermosa y se diseñen de manera conjunta un plan integral para la prevención y atención medica de la población carcelaria”.
El personero Hárold Andrés Cortés dijo que el Inpec tiene la potestad del manejo de temas de salud y seguridad. «Un traslado masivo demanda un análisis no solo de la atención, sino de aspectos de control que esa entidad maneja».
La detención domiciliaria solo seha aplicado hasta ahora para menos de 30 internos.
