Labores investigativas permitieron identificar a los imputados, quienes supuestamente vendrían exigiendo dinero a comerciantes de Sampués, Sincelejo y Corozal (Sucre).
El despliegue de los actos investigativos y la recolección de material probatorio por un fiscal especializado de la seccional Sucre permitió que un juez avalara la solicitud de enviar a establecimiento carcelario a 5 presuntos integrantes del Clan del Golfo por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión.
Se trata de Gabriel David Benítez Páez, Manuel Eduardo Escobar Silgado, Albeiro Rafael Tuirán Santos, Jesús Alberto Ramírez Fuentes y Pedro Noriéga Flórez, quienes fueron capturados por orden judicial el pasado 28 de junio.
Dentro de la investigación y en un trabajo articulado con el Gaula de la Policía, se pudo establecer que desde mayo de 2021 existía una estructura criminal perteneciente al Clan del golfo que, al parecer, delinquía en los municipios de Sampués, Sincelejo y Corozal, en Sucre.
Los indiciados, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, presuntamente realizaban exigencias económicas al gremio de comerciantes y a propietarios de establecimientos públicos en esta zona del departamento.
Se evidenció también que supuestamente exigían sumas entre 300 mil y un millón de pesos cometiendo por lo menos en dos oportunidades el hecho criminal con una misma víctima.
A su vez, se estableció que la organización criminal tenía estructura con jerarquía, roles definidos y que entre los afectados había locales de comidas, discotecas, billares y estaciones de servicio.
Los indiciados fueron enviados a la cárcel La Vega, en Sincelejo.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
VHGB/FAGH/AR/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
