Tras valorar los elementos materiales probatorios que aportó una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), un juez de conocimiento condenó a 19 años y 5 meses de prisión a José Antonio Urueta Márquez, quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de una menor de 14 años en un centro de rehabilitación integral.
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La decisión judicial se refiere a los hechos registrados en el municipio de Santa Rosa de Lima (Bolívar) en abril de 2019, cuando el hoy sentenciado, quien laboraba como vigilante en la entidad de salud mental, se aprovechó de la joven que se encontraba recluida recibiendo asistencia médica, para realizarle vejámenes sexuales.
La Fiscalía probó que las agresiones se presentaron cuando el hombre, de 28 años, hacía sus rutinas de vigilancia nocturna, en medio de las cuales sacaba a la menor de su habitación y la llevaba a un lugar donde las cámaras no tenían acceso.
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Asimismo, se estableció que amenazaba a la víctima constantemente con inventarle un mal comportamiento ante sus superiores para que recibiera castigos sino accedía a sus pretensiones o contaba lo sucedido.
Antes las contundencias de las pruebas aportadas por la Fiscalía, Urueta Márquez se allanó a los cargos por el delito acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. En contra suyo existen otros dos procesos judiciales por conductas similares.
Su reclusión se lleva a cabo en la Cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena.
Esta información se publica por razones de interés general.
MEVA/LMFO/CFG/YQ/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
