Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yosman Alfredo Pestana Liconia, alias Chapín; Yoneider Narváez Liconia, alias Chacho; Yurian Iveidy Rojas Guisao, alias Cuñada; y Yessica Paola Machado Durango, alias Yesica, como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, los procesados harían parte de una subestructura de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) señalada de cometer tres homicidios en zona rural y urbana del municipio de Chigorodó, Urabá (Antioquia).
Las víctimas, identificadas como Jhon Fredy Guevara Olaya, Luis Ángel Fabra Areiza y Jeison Estith Hernández Blandón, fueron asesinadas con arma de fuego entre el 2 de junio y el 11 de septiembre de este año.
Labores de policía judicial permitieron establecer que alias Chapin, presuntamente, sería el coordinador de sicarios en la zona, mientras que las mujeres, al parecer, eran las encargadas de ubicar a las víctimas que iban a ser ejecutadas por la organización. Se evidenció también que alias Chacho sería el responsable transportar y guardas las armas utilizadas para cometer los homicidios,
Los investigados fueron capturados este 25 de octubre por servidores de la Sijin y la Sipol de la Policía Nacional con el apoyo del Gaula Militar en una acción que permitió la incautación de una pistola traumática, una motocicleta y 4 celulares. Durante las audiencias preliminares ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
LFML/MG/RDM/WCP/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
