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Los procesados serían los responsables de movilizar los troncos o trazas en la modalidad de ‘choriceo’ por el Pacífico colombiano.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes de una red de tráfico de madera, señalada de arrasar con miles de hectáreas de bosque húmedo.
Estas personas serían las responsables de mover las trazas o troncos en la modalidad de ‘choriceo’ por el Pacífico colombiano, es decir, amarrados en fila y halados por embarcaciones, desde las costas de El Litoral de San Juan (Chocó) hasta Buenaventura (Valle del Cauca), donde eran procesados para fines comerciales.
Los supuestos involucrados en esta actividad fueron identificados como: James Asprilla Murillo, Víctor Daniel Murillo Salazar, Marino Diaz Viveros, Alex Hernando Murillo Ibarguen y Santos Franco Reina.
En el curso de la investigación se estableció que estarían vinculados a, por lo menos, 27 eventos en los que las autoridades recuperaron más de 10 millones de metros cúbicos de madera de 17 especies distintas, algunas de estas protegidas y en estado crítico de extinción, como chanul.
Los peritos establecieron que, para obtener la cantidad de trazas incautadas a los hoy procesados durante los últimos seis años, fueron deforestadas cerca de 420 hectáreas de bosque húmedo. Esta área equivale a 626 canchas reglamentarias de futbol.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los presuntos integrantes de la red ilegal el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.
JARG/DJR/DEVDH/
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
