Los procesados integrarían una organización delincuencial con injerencia en esta zona del país.
El abundante material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a tres hombres que estarían involucrados en homicidios selectivos en Pereira (Risaralda).
Se trata de Luis Felipe Lozano Londoño, alias Chuky; Andrey Soto Bravo, alias El Negro y Jhorman Estiwar Arango Marín, alias Juan Pinturas, quienes harían parte de la organización delincuencial Caronte.
Uno de los hechos por los cuales fueron judicializados ocurrió el 28 de diciembre de 2022, cuando un hombre que acababa de salir de prisión fue invitado a una supuesta celebración. Según la investigación la víctima, mediante engaños, fue conducida al sector de Los Tanques en la comuna Villa Santana donde la estarían esperando los hoy procesados, para asesinarlo.
Otro caso que se les atribuye se registró el 29 de octubre de 2022 en el sector la Florida cuando, al parecer, dispararon contra un hombre de 20 años y lo habrían obligado a abordar un vehículo. El ciudadano fue herido con arma cortopunzante y golpeado para luego abandonarlo en un paraje boscoso del corregimiento. Vecinos del lugar lo transportaron a un centro de salud donde salvaron su vida.
Los procesados fueron imputados, según su posible participación, con delitos como: homicidio, homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todos agravados y secuestro simple. Lozano, Soto y Arango se allanaron a los cargos.
CLCG/AMCJ/MAGA/CABS/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
