La mujer, de nacionalidad extranjera, está vinculada a un proceso penal por el desplazamiento de 500 familias en la zona del Bajo Calima
Sandra Sorany Pérez Laguna, alias La mona, de nacionalidad venezolana, fue imputada con cargos por un fiscal especializado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsiones, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas.
Según las evidencias y el material probatorio recaudado en su contra, alias La mona se desempeñaba como cabecilla logística del clan del Golfo desde enero de 2022, en el proyecto de expansión de estructura criminal, ejerciendo control territorial en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, y Cali, en el sector de Siloé, zona alta de la capital del Valle.
En estos sectores, estando en la banda ‘Jairo de Jesús Durango Restrepo’ del clan del Golfo, alias La mona estaba encargada de coordinar presuntamente homicidios selectivos, desaparición y muerte de personas, algunas de las cuales fueron desmembradas, cobrar extorsiones y un impuesto de gramaje a cultivadores de hoja de coca y encargados de las cocinas y laboratorios de cocaína.
La Fiscalía logró establecer que de la zona del Bajo Calima fueron desplazadas 500 familias entre 2022 y 2023, quienes negaron a colaborar con la organización armada y fueron obligados a abandonar sus viviendas y sus tierras.
La mujer fue capturada por agentes de la Policía Nacional, con apoyo de unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), en un sector de Cali y presentada en la URI donde fue indagada por un fiscal.
Esta información se publica por razones de interés general.
JGPV/FAGH/LVB/DSV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
