Home Judiciales A la cárcel representante legal de proyecto de vivienda donde habrían resultado estafadas 76 familias que invirtieron $1.935 millones

A la cárcel representante legal de proyecto de vivienda donde habrían resultado estafadas 76 familias que invirtieron $1.935 millones

por Redacción BL
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A la cárcel representante legal de proyecto de vivienda donde habrían resultado estafadas 76 familias que invirtieron $1.935 millones

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Por solicitud de un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Martín Emilio Rodríguez, por su presunta responsabilidad en la estafa de 76 personas que invirtieron en un proyecto denominado, La Coruña, de viviendas de interés social, en San Gil (Santander).

El hoy asegurado fue capturado por funcionarios del CTI, Policía y Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, la Asociación de Vivienda Cachalú habría recaudado más de $1.935 millones de 76 familias que invirtieron sus ahorros en este proyecto urbanístico entre 2013 y 2017. Contemplaba la construcción de 4 torres de 5 pisos, 60 parqueaderos y 15 locales comerciales, de los cual sólo se construyó una torre de manera parcial.

Se pudo establecer que el hoy asegurado  como representante legal, fue la persona que desarrolló, promovió y vendió al público el proyecto de vivienda, siendo imputado por la Fiscalía por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada, tras ser capturado por orden judicial en acción conjunta con el CTI, Policía y Ejército.

El pasado mes de abril fueron judicializados cinco personas más por este mismo caso de estafa, quienes fueron cobijados con medidas privativas de la libertad.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

DRA/CFG/ODA/DSSER

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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