Se estableció al interior del proceso que el imputado al parecer habría realizado tocamientos libidinosos y todo tipo de vejámenes violentos contra la víctima. Ya había estado vinculado al homicidio de una mujer.
Luego del acervo probatorio presentado por una fiscal seccional del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural en contra de Carlos Andrés Quejada Santos por el delito de acto sexual violento agravado al cual no se allanó.
Según el ente investigador el imputado habría realizado tocamientos libidinosos a la menor de 16 años de edad así como otro tipo de vejámenes al punto de intentar accederla carnalmente de forma violenta a lo que la menor opuso resistencia.
A su vez, al parecer, el indiciado, quien es pastor evangélico también la convidó a un hotel para estar con ella. Estos hechos fueron revelados a una familiar de la menor, quien le contó a la abuela de la misma que denunció ante las autoridades los hechos.
El caso se presentó el 1 de junio del año anterior en la residencia del presunto agresor y donde funcionaba la Iglesia Cristiana Cristo es La Roca ubicada en el barrio Cantaclaro, de Montería, donde fungía como pastor.
El indiciado, quien no aceptó los cargos imputados, fue detenido por orden judicial el 13 de julio en curso y tras las audiencias concentradas un juez lo envió a prisión.
Es importante recordar que Quejada Santos ya había estado vinculado al feminicidio de Nataly Salas ocurrido en diciembre de 2016.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
