La seccional de Bogotá de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió destituir e inhabilitar por 10 años a una jueza en la capital por haber incurrido en actos de acoso laboral en contra de una de las funcionarias de su despacho, a quien en varias ocasiones habría señalado de no “dar la talla” para ejercer sus funciones.
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El caso es el de la jueza 50 Civil Municipal de Bogotá, Dora Alejandra Valencia, quien fue denunciada por la abogada que hizo parte de su despacho como oficial mayor y que desde el primer momento, asegura, recibió trato desigual así como que se le impidió posesionarse propiamente del cargo.
El tribunal dijo que se probó que la jueza dictó un manual de funciones personalizado para esa funcionaria, “en el cual se insertaron amenazas, e incluso, se le prohibió que estuviera sola en el juzgado, conductas, que a no dudarlo tenían el objetivo de que la trabajadora renunciara al cargo”.
“Consecuente con lo anterior objetivamente se aprecia la ocurrencia de la falta imputada a la funcionaria investigada”, explica la decisión de la Sala, que también reconoció varios problemas en el ambiente laboral en el juzgado y faltas de respeto.
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Por su parte, la jueza Valencia se defendió diciendo que le había tenido que llamar la atención a la abogada por deficiencias evidentes en su trabajo, que esta fue quien la atacó verbalmente y que si se le impidió entrar en ocasiones al despacho era que no estaba debidamente posesionada.
La Comisión no desvirtuó los argumentos sobre la ineficiencia de la trabajadora o el desconocimiento de las normas elementales del derecho.
No obstante, se indicó que el día que llegó la abogada, “le advirtió que de no dar la talla la calificaría insatisfactoriamente, sin siquiera conocer cuáles eran sus capacidades de la trabajadora, advertencia que hizo efectiva, pues en de mayo de 2018, aproximadamente un mes y medio después de haberse posesionado a la trabajadora, antes de que hubiese cumplido el periodo de prueba, procedió a calificarla insatisfactoriamente”.
El fallo explica que legalmente no podía tomar esa decisión. En consecuencia, la Comisión le reprochó a la jueza la amenaza de despido que se hizo desde el comienzo y que terminó siendo efectiva, por eso resulta en acoso.
“Pues si bien no procuró en ese momento que la trabajadora renunciara, si procedió a desvincularla del cargo, de manera ilegal, desconociendo que Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”, agrega el fallo.
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“Es evidente que se dio a la empleada quejosa un trato diferenciado, es más, resuelta insólito, por decir lo menos, que a una persona que superó todas las etapas del concurso para optar por un cargo, se le imponga suscribir un acta de compromiso, previo a su posesión, cuando el mismo hecho de haber superado el concurso y hallarse en la lista de elegibles la habilitaba para optar por el cargo y posesionarse en el mismo, sin ningún tipo de condicionamiento”, agrega la Seccional de Bogotá de la Comisión.
La entidad dijo que es claro que no en todos los casos las personas que superan un concurso de mérito, se encuentran capacitadas para el desempeño del cargo y que eso fue lo que ocurrió acá, pues la abogada no se había desempeñado en cargos de la Rama Judicial y carecía de experiencia.
PORTAFOLIO
Con información de EL TIEMPO*
