El archivo de la licencia ambiental del proyecto aurífero de Soto Norte (Santander) por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), generó malestar en el sector minero del país, el cual asegura que no es una buena señal para los inversionistas.
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Las inquietudes de la industria extractiva nacional con respecto a la decisión de la citada entidad sobre esta mina de la empresa Minesa, radican en cómo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sustentado en más de 8.000 folios, y en el que participaron para su elaboración connotadas firmas de ingenieros ambientales nacionales y extranjeras, fue archivada.
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Pero lo que más les llama la atención es que tanto la compañía Minesa como los expertos en temas de sostenibilidad ambiental que esta contrató, siempre estuvieron dispuestos a despejar todas las dudas que planteaban los técnicos de la Anla (107 solicitudes de información adicional en los últimos ocho meses), para que precisamente emitiera esta sorpresiva respuesta: “como consecuencia del análisis realizado al EIA, no era posible emitir una decisión de fondo sobre el proyecto minero, por lo que este debía ser archivado”.
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NO ES BUENA SEÑAL
Para analistas de sector minero del país, aunque la decisión no implica la negación de la licencia, y con la oportunidad de presentarse nuevamente ante la autoridad ambiental para su estudio, envía el mensaje de que no hay certeza jurídica ni reglas claras de juego para desarrollar proyectos mineros.
“Sin duda el archivo de la licencia para el proyecto de Soto Norte no es una buena señal para el sector minero, para los inversionistas y los mensajes de certidumbre que necesita el sector”, señaló Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
El líder gremial subrayó que “conocemos y no tenemos dudas de las calidades técnicas de los funcionarios del Anla, pero también sabemos de la calidad técnica de las personas que durante muchos años hicieron los estudios para Minesa y, por ello, para nosotros el mensaje es confuso”.
Concha subrayó que debe haber una “mayor interacción oral entre las partes” para aclarar dudas “y afinar conceptos en un proceso mucho más enriquecedor para asegurar que la autoridad tiene la información suficiente para tomar su decisión técnica”.
En el mismo sentido, Claudia Jiménez, miembro de varias juntas directivas del sector minero energético y asesora independiente de esta industria, señaló que “es una lástima que se haya archivado la solicitud del proyecto Soto Norte, más cuando la minería formal, sostenible, moderna, que genera renta, empleo e impuestos en la regiones, juega y jugará un rol importante en la reactivación económica del país”.
La analista precisó que, “sin conocer en detalle las razones por las cuales se archivó esta solicitud, el mensaje institucional puede tener dos lecturas: por un lado, la actividad minera que se desarrolla en el país debe ser sostenible, responsable y con altos estándares en su estructuración y ejecución. Y por el otro, algunos vacíos de los proyectos podrían llenarse en un intercambio constructivo entre las entidades ambientales y los líderes empresariales”.
EL PROYECTO DEBE SEGUIR
Otros analistas consultados por este diario coincidieron en señalar que la decisión de la Anla de archivar la solicitud de la licencia no significa el fin de la iniciativa minera, más cuando para el Ejecutivo es un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine).
“No es cierto, como se ha dicho, que el proyecto Soto Norte quede definitivamente archivado o que esta decisión corresponda a una directriz del Gobierno de prohibir el proyecto de forma general. Por el contrario, el Ministerio de Minas y Energía se ha referido a esta iniciativa como estratégica para el desarrollo minero del país, de manera que la compañía Minesa podrá solicitar nuevamente a la Anla la evaluación del mismo con un EIA ajustado”, resaltó Inés Elvira Vesga, senior counsel de Holland & Knight.
La analista explicó que las objeciones de la Anla fueron por definición del área de influencia, aspectos técnicos del depósito de relaves (residuos de la actividad minera), consideraciones sobre la geotecnia, la hidrología e hidrogeología, el plan de manejo de riesgos y la valoración económica.
Por su parte, Camila Jiménez, asociada del área de Energía, Minería e Infraestructura de Baker McKenzie, señaló que lo sucedido con el trámite de la licencia ambiental de Minesa fue por “unas falencias” dentro del trámite administrativo de solicitud, con unos requerimientos muy específicos, cuyo incumplimiento dio lugar al archivo del mismo.
“El alto grado de incertidumbre respecto del manejo de ciertos impactos al ecosistema, en cuyo caso la información ambiental remitida no representaría la realidad actual de la región, aunado al incumplimiento de cierta información solicitada por Anla, llevó a esta autoridad a decretar el archivo”, explicó Jiménez.
NO AFECTARÁ LA DECISIÓN
Para otros analistas también consultados sobre el archivo de la licencia del proyecto Soto Norte, esto no afectará la operación minera en el territorio nacional.
“La decisión no afecta el normal desarrollo de las tareas mineras en el país. La Anla hizo su tarea, ya que sustentó su respuesta en razones técnicas. El proyecto está vivo y depende de la voluntad de las partes para sacarlo adelante de una manera responsable y sostenible, y la entidad no ha dicho que esta iniciativa sea inviable ambientalmente”, afirmó Hernán Rodríguez, socio de la firma Dentons Cárdenas & Cárdenas.
El analista subrayó que el mensaje que “desafortunadamente pueden recibir los inversionistas extranjeros, por la desinformación, es que no hay voluntad política para viabilizar un proyecto de minería a gran escala. Las autoridades están tomando las decisiones con rigor técnico para que estas iniciativas se desarrollen de forma ambientalmente sostenible”.
LOS OTROS AFECTADOS
La decisión de la Anla también afectó a la comunidad de Soto Norte y emprendimientos de pequeños mineros como la Asociación de Mineros de California Santander (Calimineros).
“Quedamos en el limbo. Después de los diálogos con Minesa, se firmó un subcontrato de formalización que beneficiaba a 160 mineros de la tercera edad discapacitados y desplazados, y Minesa iniciaba conversaciones con otro grupo de mineros tradicionales. La incertidumbre en que dejaron a Minesa se verá reflejado en el economía local. Vienen momentos muy duros para la región”, afirmó Arley Pedraza, subgerente de Calimineros.
