Camila Hurtado Ponce fue capturada por servidores del CTI de la Fiscalía General de la Nación Seccional Caquetá y la Policía Nacional, por su presunta participación en el homicidio de Jorge Alfredo Varón Vargas.
La mujer, quien fue imputada como coautora impropia de estos hechos, al parecer, fue la encargada de hacerle inteligencia a la víctima, para pasarle información de su ubicación a al hombre que lo habría asesinado. El hecho ocurrió el pasado 18 de julio, en un establecimiento público del barrio Nápoles, Ciudadela Habitacional Siglo XXI, de Florencia (Caquetá).
Hurtado Ponce quedó registrada en cámaras de seguridad cuando llega al lugar en compañía de tres hombres a bordo de dos motocicletas de alto cilindraje, descendiendo de una de ellas. Posterior a ello ingresa al lugar, donde, al parecer, verifica la presencia de alguien dentro del sitio, sale e informa a uno de sus acompañantes. El hombre se baja de la otra moto, ingresa y acciona una pistola contra la víctima quien departía con otros en el lugar.
Sin embargo, al percatarse que no lo alcanzaron las balas dispara dos veces más en su contra, causándole la muerte y se marcha en la motocicleta que afuera lo esperaba con las otras tres personas.
El cuadrante del sector de la Policía Nacional emprendió la persecución obligándolos a abandonar los vehículos sobre la vereda Santa Domingo, sector de Charco Azul, donde fue capturada la hoy detenida, quien fue recluida en centro carcelario como medida de aseguramiento preventiva por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/MG/DFM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
