Un fiscal de la Seccional La Guajira logró que un juez con funciones de control de garantías privara de la libertad a siete presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado Los Finqueros que, al parecer, serían responsables del hurto de ganado en varios municipios del sur de La Guajira.
Se trata de Aníbal José Romero, Efraín Elías Cabana Padilla y Luis Fernando Ospina Cabana, a quienes les fue impuesta medida restrictiva de la libertad en un centro de reclusión.
Por su parte, el juez aseguró en su lugar de residencia a Wilmer Enrique Camargo, Ricardo Junior Mejía Rojas y Javier Silva Mercado, mientras que, a William José Sajut Herrera, le fue impuesta medida no privativa de la libertad.
La captura de los procesados estuvo a cargo agentes de Sijín, el pasado 15 de agosto, en Villanueva y Fonseca en (La Guajira), esto en desarrollo de 12 diligencias de allanamientos, donde fue incautada un arma de fuego, una de fogueo tipo escopeta y municiones de varios calibres.
Según la investigación, estas personas, al parecer, ingresaban en horas de la noche a las fincas, donde obligaban a los residentes a entregar sus pertenencias y en muchas ocasiones bajo intimidación presionaban a sus víctimas a preparar alimentos para ellos.
De igual forma, se pudo establecer que los robos continuados se registraron en los municipios de Fonseca, San Juan, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto agravado y calificado.
Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/MG/SHHG/DSG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
