Con tres décadas el sistema de salud en Colombia cambió sustancialmente, al punto de ser referente para otros países. Sin embargo, hoy enfrenta retos que exigen correcciones urgentes, al punto de que en demasiadas ocasiones es la justicia la que tiene que mediar para que los ciudadanos accedan a los tratamientos que requieren (tutelas).
Con todo y ello, el ingreso del sector privado a ofrecer estos servicios y competir con el sector público le abrió la puerta al país para acceder a más y mejores servicios.
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En efecto, con la entrada de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, para garantizar los derechos de las personas a acceder a una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
La norma nació con cuatro subsistemas: pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.
“El cambio más importante es que hasta ese momento la salud era considerada ‘un bien y servicio’ que proveía el Estado, y con la Ley 100 pasa a ser un ‘derecho’, en donde la cobertura universal avanza hacia la prestación de servicios de calidad en salud”, explica Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).
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Eso fue tan importante que hoy cualquier colombiano sabe de su sistema de su salud y entiende perfectamente que es un derecho y conoce cómo funciona el sistema, lo cual es un avance de proporciones incalculables, anota Giraldo.
Y luego, con la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que implicó el reconocimiento social de un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, lo convirtió en un derecho fundamental.
El director de la ACHC, y un duro crítico del sistema de salud, señala que los pasos que ha dado el país son grandes en cuanto a que los recursos del sistema han crecido sustancialmente: hace 30 años eran 3,5% del PIB y hoy son del 8 %.
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“Nunca había existido tanta plata; para este año son $83 billones. La cifra es tan buena, que cuando se mira los países denominados como ‘los mejores del mundo en materia de salud’ destinan el 8,5% como proporción del PIB a esa materia, lo que significa que estamos muy cerca de llegar allí”, asegura.
Además, la ACHC indica que los resultados en términos de salud muestran que se ha mejorado el actuar en epidemiología. Los indicadores sanitarios del país muestran que bajó la mortalidad infantil y de madres gestantes. Hay que decir que en los 90’s era otra época. En ese tiempo no había ni 100 hospitales y hoy existen más 2.135 de esas instituciones.
Había 35.000 camas hospitalarias y la mayoría, un 60%, eran públicas. En el año 2008 eran 56.000 camas hospitalarias, con una conformación de 50% públicas y 50% privadas. Hoy, en el 2023, la cifra es de entre 102.000 y 103.000 camas hospitalarias de las cuales 67% son privadas y 33% son públicas. “Esto muestra un sector público estancado, pero nos hemos actualizado en infraestructura y eso es valioso”, afirmó Giraldo.
Si bien el país progresó en atención en salud y los indicadores de expectativa de vida solamente pasaron de 60 años antes de la Ley 100 a 80 años hoy día, no todo marcha como debería.
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Un informe presentado en diciembre del 2022 por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, mostró que entre enero y septiembre del año pasado se presentaron 109.825 tutelas que invocaron el derecho a la salud, es decir, 12.203 tutelas mensuales en promedio, superior en 58,31% al del 2021.
Esto refleja que, aunque hay cobertura, la continuidad, la calidad y la pertinencia de los servicios no se está dando, al punto que terminan siendo los jueces quienes median para lograr atención integral o por lo menos completa en algunos casos. Juan Carlos Giraldo señaló que el reto del sistema es hoy día el giro de los recursos, que debieran estar centralizados en una sola entidad, que entregue directamente a los prestadores de servicios.
“La prueba de que el sistema así funciona la vivió Colombia durante la pandemia. Pero como se requiere controlar que en efecto los servicios son los que se cobran, que los pacientes existen y que los tratamientos se hicieron, esa tarea es la que deben ejecutar las EPS”, dice Giraldo.
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Ya en cada región se nota que el sistema de salud funciona de acuerdo a la EPS que se tenga, a la región en donde se encuentre y a la contratación que realice esa entidad.
Por ejemplo, en las ciudades intermedias y las poblaciones alejadas los índices no son los mismos de las grandes ciudades, por lo tanto las reclamaciones son mayores y la calidad del servicio es más baja.
De hecho, el Defensor del Pueblo, agregó que “sigue siendo inaudito que las personas tengan que seguir acudiendo a la acciones de tutela para que las autoridades judiciales les ordenen a las EPS cumplir con las obligaciones que ya están consagradas en la legislación colombiana. El derecho a la salud, es el segundo derecho más tutelado y representa el 24,47% del total”.
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Carlos Camargo les llamó la atención a las Administradoras de los Planes de Beneficios (EAPB), a las Administradoras de Regímenes Especiales y a las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), “que de manera inhumana persisten en su negación, especialmente de medicamentos vitales como el oxígeno, medicamentos para el control de la diabetes como la Insulina, medicamentos para el control de la hipertensión arterial, consultas por medicina especializada, tratamientos para el tratamiento de cáncer y diversos procedimientos quirúrgicos”.
Pese a esto, la gran ventaja es que las personas aprendieron a defender ese derecho y los cambios que requiere el sistema se pueden implementar en acciones conjuntas.
CESAR GIRALDO
Subeditor de Portafolio
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