Tras una visita técnica realizada por autoridades y comunidad a las obras de la vía ‘Conectante C1-C2’ que se ejecuta en el Cerro La Judía en Floridablanca, se solicitó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) le hagan seguimiento a los trabajos que se desarrollan para determinar si están ajustados o no a lo autorizado en la licencia ambiental.
En dicha visita se acordó una reunión para el pasado martes en la Procuraduría Regional Santander, que derivó en una verificación en campo que realizaron ayer técnicos de la CDMB, quienes recorrieron la zona intervenida donde se han talado decenas de árboles y se registran afectaciones a cuerpos de agua.
Estos recorridos por las obras de la Concesión que hoy están realizando las autoridades ambientales surgieron a raíz de las denuncias en las que la comunidad insiste que la tala de árboles, al parecer, se estaría excediendo a lo autorizado en la licencia ambiental del proyecto vial; la extracción irregular de agua de una quebrada cuando la Concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona no tiene concesión de agua; la afectación a 22 nacimientos de agua que estarían a menos de 100 metros del trazado de la vía; y la falta de socialización del proyecto, pues varios campesinos se dieron cuenta de que iniciaron los trabajos cuando vieron las intervenciones en las montañas.
El representante a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, fue quien solicitó la visita técnica a la que fueron convocados la Anla, la CDMB, la Procuraduría, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), accionantes y parte de la comunidad de la zona de influencia del proyecto.
El congresista señaló que una de las fallas que se evidenció durante el recorrido es la ausencia total de las autoridades ambientales en la zona para hacerle seguimiento a lo que ejecuta el contratista.
Y esto quedó evidenciado en el pronunciamiento de la funcionaria de la Anla que acompañó la visita, quien indicó que la entidad desconoce que se hubieran iniciado las obras debido a que la Concesión no ha entregado el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), razón por la cual no es posible hacerle seguimiento a las obras.
“El contratista está dentro del término del tiempo para entregar el informe que son tres meses, pero lo que se hará es verificar que el contratista hubiera informado sobre el inicio de la obra para empezar el seguimiento”, dijo la funcionaria.
Y es que según explicó la misma representante de la Anla, la concesión tiene un plazo de tres meses para entregar el ICA, tiempo durante el cual puede ejecutar las obras sin ningún control. Solo hasta después de que entrega el Informe a la Anla, la entidad lo revisa, analiza y programa una visita al lugar de la obra para contrastar si lo consignado en el Informe corresponde a lo hallado en campo.
En cuanto a la CDMB, el Congresista manifestó que la Corporación desconoce la realidad ambiental de la intervención a la montaña, tampoco de los nacimientos de agua cuando ellos deberían tener georreferenciadas las fuentes hídricas, y no atienden las quejas de la comunidad. “Son ellos los que deberían identificar los árboles, las fuentes hídricas y no la comunidad”, precisó.
La licencia ambiental otorgada por la Anla al contratista contempla la tala de 8.734 árboles y la intervención de 27 hectáreas de bosque, sin embargo, EL TIEMPO conoció que Autovía pediría una modificación a la licencia para solicitar cinco hectáreas más de intervención. Y en total, con otras áreas que necesita el proyecto para su funcionamiento, se intervendrán 81,88 hectáreas de terreno que se compensarán con 432,5 hectáreas.
Además, en el documento se señala que “el proyecto no solicitó concesión de agua”, pero en una visita hecha por EL TIEMPO al a zona de obra se registró que se capta agua de una quebrada.
Alejandro Alvarado, abogado que adelanta una acción popular contra el proyecto y que cursa en el Consejo de Estado en segunda instancia, indicó que en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el contratista y la Anla no tienen claridad sobre los nacimientos de agua, pues hay identificados 53, de los cuales 22 pasan a menos de 100 metros del trazado de la vía, algo prohibido.
Alvarado añadió que en ese sentido no hay claridad de la información con la que se hizo el estudio de impacto ambiental, no se sabe por dónde pasará la carretera ni que tan lejos o cerca quedará el trazado de las fuentes hídricas.
“Se va a interponer una acción de nulidad contra la licencia ambiental y la audiencia pública ambiental por el procedimiento”, precisó el abogado.
Esther Forero Galvis, de la vereda Mantilla de Floridablanca, manifestó que la situación de los cerros orientales es preocupante porque “los van a arrasar y de allí se surten de agua varias veredas”.
Forero Galvis indicó que la petición es que se anule la licencia ambiental, porque fue concedida sin los requisitos de ley, no hubo socialización, no se escuchó a la comunidad que estuvo en contra de la vía, y el estudio ambiental solo lo hizo el consorcio y “no nos dan confianza. Pedimos que se revise el trazado por Sevilla en Piedecuesta”.
Faltó más inclusión
Williams Ruiz Ruiz, veedor de la comunidad, dijo que otra falla del proyecto es que no se socializó lo suficiente con las comunidades, y señaló que la mejor opción para la vía era el tramo por Sevilla.
Alexander Martínez, veedor, sostuvo que la Anla no tuvo en cuenta el POT de Floridablanca de 2018 que declaró el Cerro como área protegida, y tampoco otras alternativas para la vía.
El próximo 20 de enero se hará otra reunión para hacerle seguimiento a las afectaciones ambientales del proyecto.
LUIS A. CÁRDENAS MATEUS
EL TIEMPO/ADN
BUCARAMANGA
