Desde el pasado 20 de julio, cuando el presidente Iván Duque anunció durante el despegue de la legislatura el compromiso del Gobierno para acelerar billonarias obras de infraestructura (de iniciativa pública y privada) las cuales incluyen autopistas de cuarta generación, aeropuertos, puertos y el mismo metro de Bogotá, quedó sobre la mesa el interrogante de cómo la actual administración logrará este propósito en poco más de dos años que restan de gestión.
(El desafío de reanudar obras por $34 billones).
Así, tan solo entre autopistas de cuarta generación, el Gobierno tiene el reto de buscar la culminación de 28 proyectos (de iniciativa pública y privada) que, pese a haber comenzado a ser ejecutados desde hace más de cinco años -en algunos casos-, todavía no ven la luz al final del túnel.
Por ejemplo, entre el grupo de las autopistas 4G sigue sin destrabarse el proyecto Mulaló – Loboguerrero (clave para mejorar la conexión con el puerto de Buenaventura). Este no ha podido comenzar a ser ejecutado por múltiples dificultades de licencias ambientales, pese a que el contrato se adjudicó en 2015.
(Alistan cobro de valorización por obras de infraestructura).
Asimismo, como lo muestran las cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) revisadas por este diario, otras autopistas de iniciativa privada (como Cambao – Manizales, el Tercer Carril a Girardot y la Malla Vial del Meta), y de carácter público (como Bucaramanga – Pamplona, Autopista al río Magdalena 2, Santana – Mocoa – Neiva y Popayán – Santander de Quilichao), tienen nulo avance, o incluso, este no sobrepasa todavía la ejecución del 10%.
“Avanzaremos en la entrega de 28 proyectos que estarán terminados en nuestro gobierno para beneficiar 14 vías nacionales y más de 8 regionales, generando 40.000 empleos. De la misma forma iniciaremos 22 corredores viales para que en los próximos años dotemos a Colombia de más vías”, aseguró el Jefe de Estado.
En cuanto al Metro de Bogotá, que es posiblemente la apuesta de infraestructura e ingeniería más ambiciosa de los últimos 20 años en Colombia, su despegue no ha estado exento de los tropiezos impuestos por la pandemia los cuales, también, complicaron los cronogramas de las 4G.
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Sin embargo, la alcaldesa Claudia López y el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar, han evaluado con el consorcio constructor cómo agilizar el arranque de las obras, cómo traer al país a los ingenieros chinos responsables de la ejecución y, también, alternativas de trabajo nocturno para cumplir con los tiempos estipulados para esta obra cuyo capex es de casi $13 billones.
Además, la Empresa Metro ha trabajado en evaluar a las firmas candidatas para la interventoría de esta megaobra.
LO QUE FALTA PARA ACELERAR PROYECTOS
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), señala que “para meter el acelerador a fondo de los proyectos de infraestructura es necesario, por una parte, asignar recursos de manera pronta y agilizar los trámites prediales, sociales y ambientales”.
En segundo lugar, explicó el dirigente gremial, “es perentorio darle celeridad a la concreción de los procesos licitatorios que vienen en camino y que cuentan con proyectos estructurados”.
Además, apuntó Caicedo, también es clave la ejecución ágil por parte de los entes contratantes, así como la asignación eficiente de los recursos provenientes de las regalías. “Finalmente, las entidades territoriales deben poner en marcha las iniciativas que hacen parte de sus planes de desarrollo”, agregó.
Entretanto, el empresario Mario Huertas, presidente de la firma constructora de infraestructura MHC, asegura que ponerle el acelerador a importantes proyectos tiene diferentes frentes de trabajo.
El primero, consiste en revisar las reclamaciones hechas por cada uno de los consorcios para poder ejecutar esas obras y darles agilidad. “En predios, por ejemplo, ha habido muchas trabas en expropiaciones (esto puede tardar más de un año)”, dijo.
Por otra parte, explicó Huertas, ponerle acelerador a las grandes obras también pasa por la complejidad y la demora de mover redes como oleoductos, entre otros, pues los dueños de estas tuberías argumentan -en ocasiones- que no tienen recursos suficientes para cambiar su trazado.
“El otro lío que se tiene son los conflictos entre interventoría y concesionarios. Hay diseños aprobados inicialmente, pero en transcurso de la obra exigen cosas anexas a estos y eso causa demoras”, relata el empresario.
Asimismo, como lo cuentan diferentes fuentes relacionadas con la ejecución de infraestructura consultadas, la obtención de licencias no ha dejado de ser un dolor de cabeza en lo corrido de los últimos años, pues las corporaciones autónomas regionales en ocasiones exigen obras adicionales y, también, causan demoras en el proceso.
Por otra parte, los retrasos al interior de las entidades públicas para facilitar trámites relacionados con la ejecución de obras no deja de ser otro palo en la rueda para las empresas de construcción, concesiones, consorcios, contratistas, subcontratistas, entre otros actores clave para la aceleración de billonarias obras.
A su vez, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, en un reciente documento de su autoría publicado por el centro de pensamiento dejó claro que el subsector de obras civiles “debe tener un papel preponderante en la recuperación económica”.
Además, señala Mejía, en medio de un escenario en el que el país afronta la recesión más profunda de su historia reciente, el gobierno de Iván Duque debe articularse con las entidades territoriales, pues no hay suficiente margen de maniobra para ejecutar gasto contracíclico. Así, en los próximos años, usar recursos de regalías pendientes de aprobación podría ser una alternativa para fondear autopistas, e incluso, la ejecución de vías terciarias.
RESPALDO A LOS MASIVOS
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció que el Gobierno Nacional lanzó una línea de crédito para los sistemas de transporte masivo. “El objetivo de esta es aliviar el déficit financiero de los sistemas derivado de la covid-19. Con esta línea, Findeter hará giros directos a los entes territoriales de siete ciudades”, dijo.
Orozco reveló que esta línea tiene un cupo total de $645.000 millones con una tasa del IBR + 2,3% mes vencido.
“La tasa es subsidiada en su mayoría. Además, esta línea tiene un plazo de hasta 10 años y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año”, aseguró la ministra Orozco.
Hasta el momento, el primer sistema en recibir apoyo del Gobierno había sido Transmetro de Barranquilla.
