El próximo 30 de agosto se realizará una marcha en contra del Tren Maya, proyecto propuesto por la administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por sus afectaciones patrimoniales y ambientales.
La marcha ocurrirá en Mérida, en el estado de Yucatán, y saldrá del remate de Paseo de Montaje rumbo al Monumento a la Patria.
Diario de Yucatán reportó que una de las damnificadas es Guadalupe Gutiérrez Cáceres, la propietaria de una de las casas que sería afectada por la construcción de la vía férrea en Campeche.
Gutiérrez Cáceres informó que los organizadores de la marcha invitan a todos aquellos en los estados donde pasará el tren. El amparo a favor del colectivo está formado por habitantes de las colonias Santa Lucía, Camino Real y La Ermita, en Campeche.
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La propietaria afirmó que aunque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) construirá el Tren Maya “a como dé lugar”, ella y otros 300 dueños de casas ubicadas en orillas de los rieles del actual derecho de vía tienen la esperanza de que el juzgado federal protegerá sus propiedades “porque están desde antes de la construcción de las vías del ferrocarril”.
La esperanza en el grupo que promovió el amparo aumentó después de que el juzgado federal otorgó dos suspensiones a su favor. Solamente faltaría la sentencia definitiva, que ocurrirá el próximo 24 agosto.
Como afectada, siento que con estas dos suspensiones de amparo vamos ganando. Los abogados me dijeron que las autoridades no entregaron sus alegatos y por ello no se ha solucionado el amparo definitivamente
“El sistema judicial no está trabajando al 100%, no camina tan rápido el amparo. Nos amparamos contra Fonatur y ONU Hábitat porque en plena pandemia del coronavirus y suspensión de todas las actividades no esenciales, ellos hicieron las entrevistas en encuestas sin las medidas sanitarias y protocolos porque querían desalojarnos de nuestras viviendas para que comiencen los trabajos del Tren Maya”, dijo.
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Gutiérrez Cáceres enfatizó en que el objetivo de las encuestas y entrevistas es el desalojo de sus predios. Sin embargo, Fonatur no ha presentado propuestas de reubicación o indemnización. De antemano, aclaró, “no la aceptarían”.
“Nosotras fuimos primero, antes que el tren”, afirmó, esperando que no los muevan de sus hogares porque se tienen más argumentos de defensa contra el proyecto.
Fonatur publicó el Manifiesto de Impacto Ambiental Regional del tramo de Champotón a Izamal a través de un documento de 2,000. En él se pide a los habitantes de las orillas del derecho de vía actual en Campeche que “cedan 40 metros” para que pueda transitar el Tren Maya.
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El total de metros sería de 20 de un lado y 20 del otro para que se construya un ancho ideal y así pueda transitar el ferrocarril, además de construir una cerca de malla que impida el paso de personas y vehículos sobre las vías.
“Esa medida que nos piden nos sacará de nuestras casas”, dijo. “No sé cómo es que harán un proyecto de tal magnitud si hay muchos problemas. Seguro nos van a desalojar porque Fonatur ha dicho que el proyecto va porque va”.
La propietaria también dijo que este viernes se puso a discusión en Champotón, en un foro y con participación limitada, el MIA Regional que abarca Palenque a Izamal.
Gutiérrez Cáceres calificó la petición de Fonatur de ceder 20 metros del frente de sus casas como “inaudita”. Actualmente el derecho de vía de los rieles en el centro de Campeche es de 10 metros.
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