En esta legislatura que terminó oficialmente el 20 de junio y para la que se citaron sesiones extraordinarias, uno de los proyectos que se aprobó fue el que establece la gratuidad en los programas de pregrado en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y, más allá de los halagos por la gratuidad, académicos afirman que esta iniciativa podría traer riesgos para el acceso a la educación superior de los estratos más bajos.
(Vea: Todos los estratos serían beneficiarios de la matricula cero)
En esa medida, el Congreso aprobó que al entrar en vigencia esta ley –para la que solo falta la sanción presidencial–, “el Gobierno garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública”, dentro de las que están instituciones técnicas y tecnológicas.
Además, se menciona que “el Gobierno promoverá medidas para garantizar la permanencia y terminación de los procesos de formación de los jóvenes”, de hecho este es uno de los puntos en los que la ministra de Educación, Aurora Vergara, hace énfasis. Asegura que de nada serviría ofrecer educación gratuita si los estudiantes no tienen cómo sostenerse en el tiempo que dura la carrera universitaria.
Un punto clave que se menciona en el texto es que esta política de gratuidad se deberá implementar de manera progresiva y “de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Gobierno Nacional”.
Y, en el texto se asegura que se priorizarán “a grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV o el instrumento que haga sus veces definido por el Departamento Nacional de Planeación, víctimas del conflicto armado, los que pertenezcan a las comunidades étnicas: indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”.
Los problemas
En ‘plata blanca’ hablar de gratuidad suena muy bien, pero para Luz Karime Abadía, directora de posgrados en Economía de la Universidad Javeriana, pese a las buenas intenciones de la propuesta, “la forma como está focalizada no beneficia a las personas que más lo necesitan”.
Lo anterior porque “el estrato socioeconómico es una clasificación más de la vivienda, que no siempre está asociada con la condición socioeconómica de una familia, además es fácil cambiarse de casa para estar en determinados estratos y aprovechar subsidios importantes”.
(Vea: Aprueban matrícula cero en universidades del país: cómo se aplicaría)
De hecho, según Germán Machado, economista, “los estratos no recogen bien las condiciones económicas de las familias. Aunque no sea lo que imaginamos, hay familias pobres que viven en estrato 6 y hay familias de muy altos ingresos (en el top 10% del país) que viven en estrato 1”.
Agrega que “las cifras oficiales del Dane muestran que, si se dividen las personas en 10 grupos organizados por ingresos, más de la mitad de la gente del nivel más alto de ingresos vive en estratos 1, 2 o 3”.
Pero eso no es todo, porque un elemento que entra en juego es la capacidad de las IES oficiales.
“Con Matrícula Cero y los nuevos beneficios para los estratos 4, 5 y 6, los recursos disponibles tendrán que repartirse entre más estudiantes. Lo que antes era solo para estudiantes de bajos ingresos ahora tendrá que ser compartido, al menos en parte, con personas de más altos ingresos, que, además tienen ventaja para el acceso pues suelen tener mejores puntajes. Esto es una asignación de subsidios que no resulta eficiente y que empeora la desigualdad”, explica Machado.
Según Abadía, “muchas de las IES oficiales tienen restricciones de capacidad, sobre todo las de muy buena calidad. Entonces lo que pasaría es que van a recibir a la misma cantidad de estudiantes, lo que va a cambiar es la composición”.
Así, como afirma la economista, el examen de acceso lo pasarían personas de estratos más altos, que suelen recibir una educación de mejor calidad.
En esa medida, “se estaría dando educación gratuita a personas que sí pueden pagar” y los estratos más bajos tendrían menos oportunidades.
En cuanto a destinación, también es difícil precisar cómo se mantendrían esos recursos a medida que avanzan los años, describe Abadía.
Para Machado, “una parte muy importante de los recursos para las IES se asignan desde el Presupuesto General de la Nación. Con Matrícula Cero, las IES recibirán menos ingresos propios. Eso hará que tengan mayores déficits presupuestales y que las necesidades de presupuesto por parte de la Nación sean mayores. Este programa tiene un impacto fiscal que tendrá que cubrirse y que se calcula entre $1,5 y $2,0 billones anuales”.
La diferencia regional también afectaría la implementación, porque como afirma Luz Karime Abadía, hay regiones en las que no hay estratos 5 o 6 por la organización de los mismos.
(Vea: Aprueban proyecto de ley de matrícula cero para universidades públicas)
La reglamentación
La ministra de Educación, Aurora Vergara, afirmó que el Gobierno entrará a reglamentar este programa.
Y mencionó que para que estos beneficios se “tendrán en cuenta una perspectiva de equidad territorial y de diversidad de grupos étnicos”.
Una medida que mencionan los expertos es focalizar la gratuidad con el Sisben y no con el estrato socioeconómico.
Y Germán Machado apunta que “desde el Gobierno se deben reglamentar las condiciones para mantener la gratuidad a lo largo del periodo de estudios y cuáles podrían ser las causales para perder el beneficio. Además de revisar las cuentas que tiene sobre el presupuesto que se asigna a las instituciones para garantizar su sostenibilidad”.
CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA
Periodista Portafolio
