En Colombia, donde el 7,4% del PIB del 2022 provino de los sectores petroleros y mineros, según las cifras del Dane, las actividades de hidrocarburos, minería y energía es una de las más afectadas por la conflictividad en el país.
Lo anterior, según las cifras más recientes de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), con corte al año pasado, las cuales vienen al alza.
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La crisis de Emerald Energy es una muestra clara de la situación que se vive en Colombia. La compañía, controlada por el conglomerado estatal chino Sinochem, radicó ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) una carta formal solicitando la suspensión de operaciones en el bloque Ombú, ubicado en el departamento del Caquetá, tras los graves sucesos de orden público en días recientes que terminaron en el secuestro de 79 policías, y la muerte de uno de ellos.
Según informó el Ministerio de Minas y Energía, a esta situación se llegó luego de que el 2 de marzo, en lo más álgido del enfrentamiento, la petrolera envió una comunicación a la entidad rectora de sector de petróleo y gas, en la que decía que cancelaba su operación, ante lo cual la ANH le indicó que legal y contractualmente esta figura no existía.
(Emerald Energy pidió suspender contrato petrolero en Caquetá).
La empresa, tras reconocer este error jurídico, notificó a la ANH la solicitud de suspensión del contrato de exploración y producción Ombú, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022.
Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, informó que “en este momento es responsabilidad del Gobierno ir a hacer presencia y lograr que haya un dialogo que permita recuperar la paz en este territorio”.
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Y el reciente atentado a infraestructura de Ecopetrol, en el que se afectó el oleoducto que transporta crudo desde el corregimiento El Centro a la refinería de Barrancabermeja y la línea de agua que va hacia la planta deshidratadora Lisama, del campo de producción La Cira Infantas, es otro reflejo de cómo se está viviendo la situación.
Adicionalmente, con el paro minero en el Nordeste y el Bajo Cauca la problemática se agrava. A esto se agregan los actos de vandalismo contra la infraestructura pública y privada, situación que no parece tener un fin cercano, porque se suspendió la mesa de diálogo en la que los mineros le pedían al Gobierno que “sea suspendido el decreto de 2235 de 2012 que autoriza la destrucción de maquinaria pesada que se utiliza para explotación de minerales sin autorización”, según le mencionó Saúl Bedoya, vocero del comité del paro minero, a El TIEMPO.
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Estos eventos son un reflejo de lo que la ACP describe en sus cifras, en las que se observa que “en Colombia la conflictividad se ha incrementado cuatro veces entre 2016 y 2022”. Los municipios donde hay más operaciones petroleras y mineras son Santander, Meta, Casanare y Putumayo, por ende, son los reseñados en el informe presentado por la ACP. En ellos, se ha visto el 67% del total de los bloqueos.
Así, los datos muestran que entre el 2021 y el 2022, los bloqueos se incrementaron en un 36% y en 2022 se registraron 2,9 bloqueos al día a las operaciones de las compañías.
A ello se suman algunas dinámicas regionales, “como la presencia de cultivos ilícitos”.
En el caso de Santander, la conflictividad en hidrocarburos se ha disparado, esto porque de ser el tercer departamento con bloqueos en el 2016, con menos de 50 casos, pasó a ser el primero en el 2022, con más de 1.000 bloqueos.
Otro de los focos de la situación es el departamento del Meta, porque en el 2022 tuvo más de 800 bloqueos y ha sido uno de los departamentos con eventos de este tipo.
CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA
Periodista Portafolio
