El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó finalmente el borrador del documento Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (Conpes) para la reactivación, en el que traza la hoja de ruta para que el país se recupere tras el impacto de la pandemia por coronavirus. Entre algunas de las propuestas, el Gobierno incluyó un paquete de cambios para las empresas, que podrían marcar la agenda de una reforma laboral.
(Iniciativa propone eliminar aportes a parafiscales).
De acuerdo con el documento, uno de los objetivos para la reactivación tiene que ser la reducción de costos que tienen las empresas para generar empleo. En ese sentido, proponen que se eliminen los costos laborales no salariales como los aportes a salud, o los parafiscales, que son pagos que hacen las organizaciones para las cajas de compensación y para financiar el ICBF y el Sena.
(Le recomendamos: ‘Vale la pena debatir costos de los aportes parafiscales’).
Además, anuncian que se presentará una propuesta desde el próximo año para actualizar la legislación laboral actual, “teniendo en cuenta las dinámicas de la zona rural, las nuevas formas de empleo, incluido el teletrabajo, y los grupos vulnerables como mujeres y jóvenes”, señala el documento, y agrega que se buscará la manera de simplificar y reducir los costos del trámite de despido de trabajadores.
En ese sentido, también proponen que haya una reducción de estos valores cuando las empresas se vean obligadas a cerrar sus puertas, a través de un fortalecimiento de las herramientas que ya incluye la ley de insolvencia.
Llama la atención, de igual manera, que el documento plantea que se reestructure el estatuto tributario para que sea más simple y aumente la base impositiva de las empresas. Esos cambios también implicarían la eliminación de las exenciones que hay por sectores, reducir la carga de impuestos a las organizaciones e incluir, por supuesto, las recomendaciones de la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, que tienen que ver con la modificación del gravamen de industria y comercio, el diseño del esquema de transición para eliminar las estampillas y la unificación de formularios tributarios.
Otra de las propuestas es que desde el próximo año se reforme el cobro de renovación de la matrícula mercantil, con el fin de que este se base en los ingresos de las empresas. En ese punto, también ponen sobre la mesa que se elimine el requisito de renovación que se les pide a las compañías para cancelar su matrícula.
Y a propósito de la discusión del salario mínimo para el otro año y ante una tasa de desempleo que va en el 16,8% en agosto y una afectación mayor a mujeres, jóvenes e informales, el Conpes también ve posible que se reforme el proceso de negociación de ese monto para que tenga en cuenta a los grupos poblacionales más afectados.
A ese combo de propuestas de cambios laborales, también entran algunos que ya se habían mencionado en distintos frentes como promover la financiación a micro, pequeñas y medianas empresas, así como el uso de mecanismos alternativos como factoring, leasing y crowdfunding, entre otros.
El documento, por su parte, hace un diagnóstico de las principales consecuencias que ha traído la pandemia por la covid-19, en la que destacan la situación de las personas más vulnerables, por lo que plantean que las aseguradoras emitan pólizas para los ingresos que estos grupos dejan de percibir.
Luego de publicado el borrador, los ciudadanos tendrán la posibilidad de enviar comentarios hasta el próximo 28 de octubre y se espera que el documento final se conozca en los últimos dos meses del año.
