El anuncio llegó el viernes desde la Casa Rosada en Buenos Aires. Tras días de especulaciones, varios integrantes del gabinete de Alberto Fernández informaron que el Estado argentino pagará parte del sueldo de las empresas que tengan hasta 800 empleados.
La medida, que cobija a más de 1,6 millones de personas, fue descrita como la primera tanda de apoyos orientados a aminorar el impacto sobre los asalariados de la pandemia asociada al coronavirus.
Ese ejemplo es tan solo el más reciente de las determinaciones adoptadas en la mayoría de las capitales de América Latina. En la medida de sus posibilidades, los gobiernos de la región están en proceso de ‘raspar la olla’ con el fin de buscar recursos para mitigar los efectos económicos y sociales que ha dejado la propagación de la covid-19.
Tal como en otros continentes, se trata de evitar que el confinamiento obligatorio causado por la emergencia sanitaria degenere en males profundos adicionales y aún más duraderos. Cruzarse de brazos en cualquier país lleva a un solo desenlace: quiebra de incontables negocios, saltos en las cifras de desempleo y deterioro en la calidad de vida de una elevada proporción de hogares.
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Unos más, otros menos
En respuesta, la mayoría de las democracias occidentales desplegó un verdadero arsenal de recursos, a partir de mediados de febrero. Este comprende préstamos estatales y garantías de crédito para las firmas privadas, subsidios a las nóminas, aplazamiento de pago de impuestos, congelamiento de obligaciones con la seguridad social y giros directos a los ciudadanos.
Para solo citar un caso, EE. UU. se encamina a un déficit fiscal que equivaldría al 15 % de su producto interno bruto este año
Aunque la cuenta cambia todos los días, el cálculo es que los diferentes compromisos asumidos oscilan entre ocho y diez billones de dólares a lo largo y ancho del planeta. Las más audaces son las naciones desarrolladas en donde la prudencia de otros tiempos quedó atrás.
Para solo citar un caso, Estados Unidos se encamina a un déficit fiscal que equivaldría al 15 por ciento de su producto interno bruto este año, un desfase que en otras circunstancias habría sido considerado como un enorme factor de inestabilidad.
Tras un primer paquete, vienen más fondos federales, algo que parece indispensable ante la revelación de que 26 millones de norteamericanos han perdido su trabajo en las últimas cinco semanas.
Por su parte, los países latinoamericanos hacen lo que pueden. Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, los diferentes gobiernos “han implementado medidas inmediatas para contener el virus, proteger la fuerza laboral y los ingresos del hogar”.
Para la cabeza de la entidad adscrita a las Naciones Unidas, se vienen “comprometiendo recursos que van del 0,6 al 12 por ciento del PIB”.
Como salta a la vista, el tamaño del esfuerzo varía de un lugar a otro. La razón de fondo es que la región venía de una época difícil, pues las tasas de crecimiento se desplomaron a partir de 2014.
La caída en los precios de los bienes primarios puso en aprietos a aquellos que gastaron a manos llenas en la época de las vacas gordas. Un ejemplo de ello es Ecuador, cuya realidad era muy compleja desde hace un par de años y que fracasó en su intento de poner orden en la casa debido al rechazo popular a los propósitos de austeridad.
Cuando llegó el azote de la pandemia, el margen de maniobra en las arcas públicas era casi nulo, lo cual sin duda tuvo que ver en la lenta respuesta de las instituciones ante la emergencia.
No es aventurado afirmar que la tragedia de Guayaquil –en donde todo indica que el número real de fallecidos es de varios millares– habría tenido un curso distinto en circunstancias de mayor holgura.
Los que tienen con qué
La otra cara de la moneda la presentan aquellos que hicieron como en la fábula de la cigarra y la hormiga, al ahorrar parte de lo que les llegó en el momento de la bonanza.
Ese es el caso de Perú y Chile, que no han escatimado acciones para contener la avalancha económica y social. Ambas naciones no solo mostraban un nivel de deuda pública bajo, sino un manejo relativamente prudente de sus cuentas.
Los peruanos son los más audaces, pues el plan esbozado para hacerle frente al impacto de la covid-19 equivale a una octava parte del producto interno. La estrategia comprende tres etapas, y para cada una habría una cantidad cercana a los nueve mil millones de dólares.
La fase inicial incluye un bono universal que es de unos 800.000 pesos colombianos por familia. Además, hay un subsidio del 35 por ciento en las nóminas, junto con el fortalecimiento de la salud. En cuanto a créditos para las empresas, el esquema de garantías estatales oscila entre 80 y 98 por ciento, dependiendo de la destinación.
En lo que atañe a los chilenos, el programa equivale al siete por ciento del tamaño de su economía. Aunque aquí también había reservas, el compromiso es notorio porque se suma a las obligaciones asumidas el año pasado cuando las protestas callejeras sacudieron a la nación austral.
Las herramientas son del mismo corte visto en otros lados. Aparte de subsidios para los trabajadores informarles, hay un plan de protección del empleo que garantiza al menos el 75 por ciento del salario para aquellos que están en nómina. En total, el monto para ingresos laborales llega al equivalente de 2.000 millones de dólares.
Asimismo, habrá préstamos para el sector privado, al igual que la postergación de diversos compromisos, que van desde impuestos hasta contribuciones a la seguridad social. Un propósito específico consiste en acelerar los pagos a proveedores del Estado con el fin de inyectar más liquidez, entre otras políticas.
Junto a esos dos casos destacables, hay unos cuantos más que vale la pena mencionar. El paquete fiscal uruguayo se acerca al seis por ciento de su PIB, mientras que el de Brasil supera el cuatro por ciento. Paraguay, Trinidad y Tobago o la propia Argentina no están muy atrás de esas proporciones.
Colombia aparece bastante atrás en la tabla. Los compromisos asumidos hasta la fecha llegan a alrededor del 1,7 % del producto interno
¿Todo lo que se puede?
En comparación, Colombia aparece bastante atrás en la tabla. De acuerdo con mediciones internacionales, los compromisos asumidos hasta la fecha llegan a alrededor del 1,7 por ciento del producto interno.
Al mirar una muestra de 14 países de la zona que mide el tamaño de los paquetes de ayuda anunciados, se observa que tan solo superamos a México, Barbados, Venezuela y Ecuador.
El motivo de que eso sea así parte de una situación de estrechez. Aunque el déficit fiscal este año podría llegar al seis por ciento de nuestro PIB, no contamos con el mismo espacio que algunos de nuestros vecinos, entre otras razones porque el peso de la deuda existente es mayor.
Para colmo de males, la recesión prevista en la economía colombiana se va a sentir en los recaudos. Al hablar ante la plenaria de la Cámara esta semana, el ministro de Hacienda señaló que los ingresos de la tesorería pueden caer en más de un 10 por ciento en 2020, frente a una meta original de 158 billones de pesos.
Cuando se hacen sumas y restas, la conclusión es que el margen de maniobra actual es muy poco. Hasta la fecha, el Gobierno ha destinado unos 15 billones de pesos a la emergencia, de los cuales la mitad tiene como destino la salud, algo más de cuatro billones se destinaron a la población vulnerable y 3,25 billones más sirvieron para capitalizar el Fondo de Garantías, que a su vez respalda los créditos que les otorguen los bancos a las empresas hasta en un 90 por ciento.
Si esas obligaciones no se pagan, habría una contingencia cuantiosa para la Nación. De ahí que el esfuerzo colombiano podría ascender al 4,5 por ciento del PIB.
En paralelo, las fuentes de recursos adicionales llegan a casi 29 billones de pesos, pero no todo se va a destinar a la emergencia. Un dolor de cabeza constante es mantener la liquidez gubernamental, sobre todo después de que algunos cobros se aplazaron.
La ampliación de la cuarentena, que vino acompañada de la promesa presidencial de darles un nuevo estipendio a las familias más pobres, demandará un giro adicional.
Tal como están las cosas, la viabilidad de asumir parte de las nóminas o de girarles a millones de colombianos un bono cercano a un salario mínimo que supla sus necesidades durante uno o varios meses es mínima.
Sin embargo, son cada vez más los especialistas que piensan que hay que ir más allá, comenzando por tocar la puerta de las entidades multilaterales.
Hace falta más, poner toda la carne en el asador, porque si no se salva a las empresas y personas más vulnerables, nos va a salir más doloroso todo hacia adelante
Entre las opciones que se mencionan está la posibilidad de que al menos parte de la línea de crédito flexible de casi 11.000 millones de dólares que nos renovaría el Fondo Monetario Internacional se le desembolse al Banco de la República para que este a su vez se la preste al Gobierno. Aunque la idea está planteada, quienes saben del asunto dicen que ni siquiera hay conversaciones preliminares al respecto.
El peligro es que la reacción sea tardía, cuando los daños resulten irreparables. Para Daniel Velandia, de Credicorp Capital, “hace falta más, poner toda la carne en el asador, porque si no se salva a las empresas y personas más vulnerables, nos va a salir más doloroso todo hacia adelante”.
Mauricio Santamaría, de Anif, considera que “el Gobierno debe dar subsidios directos” que en algunos casos pueden incluir “créditos de muy largo plazo, parcialmente condonables”. Y agrega: “Aunque es cierto que el espacio fiscal ahora es complicado, incrementar el déficit no debe ser una preocupación. La preocupación debe ser conseguir la liquidez y dársela a las empresas, con la consciencia siempre de que esto igual tocará pagarlo en el futuro”.
Lo anterior depende de la velocidad con la cual diferentes actividades puedan volver a operar en el territorio nacional, así sea con un ritmo reducido. Reconociendo que la evolución de los contagios y las muertes en Colombia está lejos de lo que mostraban los modelos antes de que se impusieran las restricciones actuales, la emergencia está lejos de superarse.
Por lo tanto, el desafío es identificar un punto razonable entre los extremos que hablan de una cuarentena de más de un año hasta que aparezca una vacuna, o de volver a la realidad de antes del 1.º de marzo.
De un lado, seguir con la parálisis actual haría desaparecer más de diez millones de empleos con consecuencias devastadoras sobre un vasto segmento de la población. Del otro, abrir las compuertas de par en par y olvidar las precauciones relativas al distanciamiento, amenaza con dejar una larga estela de muertes.
Debido a ello, no hay salida diferente a la de trazar una senda, con fechas de apertura y protocolos de bioseguridad exigibles según el sector. Marcela Eslava, profesora de la Universidad de los Andes, habla de la necesidad de una estrategia creíble que les permita a los dueños de cientos de miles de negocios saber a qué atenerse.
Aun así, advierte que “el levantamiento de las restricciones necesita estar atado a la disponibilidad de infraestructura médica consistente con que la sociedad –y la economía– sean funcionales, lo cual pasa, entre otras, por más pruebas masivas”.
Mirar hacia adelante pasa por aceptar que la capacidad de poner en marcha estrategias de mitigación en materia económica y social no es ilimitada. Incluso si Colombia decide hacer más ahora y acercarse a los promedios de gasto que se ven en América Latina, es imposible hacer permanentes los subsidios temporales y menos con una economía en recesión.
De hecho, la mayor justificación para asumir directa o indirectamente el costo de las nóminas o impedir que un buen número de empresas se vayan ahora a la quiebra es la convicción de que en el segundo semestre encontraremos la forma de convivir con el coronavirus.
Si ese no es el caso, los sacrificios inmediatos habrán sido en vano, pues simplemente servirían para aplazar lo inevitable: la depresión económica y la propagación de la pandemia.
RICARDO ÁVILA
ANALISTA SÉNIOR
@Ravilaricon