La corrupción en Buenaventura ha cobrado nuevamente relevancia con la confirmación de la destitución e inhabilitación por 10 años del exalcalde Bartolo Valencia Ramos (2012 – 2015) por parte de la Procuraduría General de la Nación. El fallo de segunda instancia confirma el desvío de recursos destinados a la educación de niños y adolescentes vulnerables del distrito portuario, que terminaron siendo desviados y pagados a beneficiarios inexistentes.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular determinó que el exalcalde desvió cerca de $3.500 millones del Sistema General de Participaciones, destinados a pagar contratos de servicios educativos para 3.880 estudiantes, de los cuales más de la mitad resultaron ser alumnos fantasma. Este acto de corrupción no solo afectó la integridad de los recursos públicos, sino también la calidad educativa de miles de niños y adolescentes en Buenaventura.
El fallo también señala que Valencia Ramos incluyó en el banco de oferentes a un centro docente que no cumplía con los requisitos necesarios, pero con el que posteriormente celebró cuatro contratos más. Esta acción evidencia una clara violación del principio de responsabilidad en la contratación administrativa y estatal, ya que los recursos no se destinaron al servicio educativo de calidad como se esperaba.
La Procuraduría calificó los actos del exalcalde como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima, confirmando así la destitución e inhabilitación por 10 años en la función pública. Este caso resalta la importancia de combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de sectores tan sensibles como la educación de niños y adolescentes vulnerables.
