En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron capturados 13 presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado El Porvenir, dedicado al tráfico de estupefacientes, extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y otras actividades ilícitas en la vereda El Ajizal del municipio de Valle de Aburrá (Antioquia).
Según la investigación adelantada por un fiscal especializado de Medellín, los hoy procesados estarían exigiendo sumas entre los $45,000 y $50.000 diarios, a cambio de dejar trabajar a conductores del gremio de taxistas que prestaban su servicio como colectivo desde el casco urbano hasta la mencionada vereda y viceversa.
Asimismo, labores de Policía judicial permitieron determinar que los ilegales cobraban entre 5 y 12 millones de pesos por el cupo del vehículo para permitirles trabajar en esta zona.
De acuerdo con las denuncias instauradas por algunas de las víctimas, al parecer, los procesados se hacían pasar por policías, mediaban en las discusiones de los ciudadanos y cobraban multas al supuesto responsable del conflicto. Se presume que también instrumentalizaban a menores de edad para diferentes actividades delictivas.
En audiencias concentradas, los 13 presuntos integrantes del grupo delincuencial, entre los que se encuentra el supuesto cabecilla conocido como alias Soto, fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario, por un juez de control de garantías por su posible responsabilidad en delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, tentativa de extorsión agravada, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos y secuestro simple agravado.
La Fiscalía habla con resultados
LFML/MG/SE/YMAS/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
