Desplazamiento de excombatientes – Proceso de Paz – Política

Este miércoles 15 de julio inició el traslado concertado hasta el área rural de Mutatá, Antioquia, de 93 personas, entre excombatientes y miembros de la comunidad, que residían en el Antiguo Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (AETCR) Santa Lucía en el municipio de Ituango.

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El recorrido fue de 352 kilómetros, apróximadamente 12 horas, por lo que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dispuso de 3 buses escalera desde el AETCR, 4 buses desde la cabecera municipal de Ituango y un bus desde Medellín. También proporcionaron alimentos y elementos de bioseguridad para el traslado hacia el nuevo espacio que habitarán los excombatientes.

Según informó Andrés Stapper, director de la ARN, alrededor del mediodía llegaría la comunidad al espacio en el que residirán.

El traslado

Para el traslado, el Ministerio de Defensa dispuso de un plan para brindar todas las garantías de protección. Contaron con un centenar de miembros de la Policía y con un operativo del Ejército Nacional y más de 25 puntos de control a lo largo del recorrido.

De la misma manera, la ARN gestionó, con el Ministerio de Salud, los elementos y protocolos de bioseguridad establecidos en el marco de la emergencia sanitaria, con la realización de brigadas de salud y pruebas aleatorias de Covid-19. Así mismo, se hizo la entrega de kits de prevención con gel antibacterial, jabón y productos de desinfección; y una jornada de vacunación para los animales.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, explicó que “en el primer semestre de 2020 se comenzó a diseñar el proceso de este traslado concertado con el colectivo Farc, y aunque los antiguos ETCR no eran una figura permanente según lo pactado en los Acuerdos de Paz, el Gobierno actual se comprometió a fortalecer las dinámicas de arraigo y acceso a vivienda de quienes hacen su tránsito a la legalidad, este es un ejemplo de ese compromiso”, resaltó.

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Por tanto, durante la semana del 6 al 10 de julio, indicó la ARN, las comisiones técnicas en Ituango y de Mutatá ultimaron detalles logísticos y realizaron el reconocimiento de los nuevos predios. Contaron con la presencia de delegados de la Misión y Verificación de las Naciones Unidas, la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de Ituango y Mutatá, la Diócesis departamental, miembros de la fuerza pública, la Defensoría del Pueblo y facilitadores de la ARN para el cumplimiento de las garantías.

El Gobierno Nacional, a través de la ARN, firmó por un año el contrato de arrendamiento de los predios El Porvenir y Becuarandó, de 5 y 132 hectáreas respectivamente; y se radicó la solicitud de compra ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Los motivos del desplazamiento

Según informó el director, “el pasado 25 de junio se presentó al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) el plan de traslado ordenado, que cuenta con la participación de la Gobernación de Antioquia y las autoridades de Mutatá”.

“Dentro de la estrategia de transformación y consolidación de estos AETCR, el Gobierno Nacional continuará trabajando de manera articulada en todo el territorio para que estos espacios sean seguros y cuenten con la oferta de servicios necesaria para garantizar la implementación de la ruta de reincorporación”, agregó Stapper y explicó que “desde que se inició con la figura de los ETCR estaba claro que no iban a durar para siempre. Sin embargo, este Gobierno asumió el compromiso de generar garantías para todos los excombatientes que desean formalizar su arraigo y construir un proyecto de vida desde la legalidad».

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El director de la ARN resaltó que el traslado se realizó porque los ETCR era una figura de carácter transitorio, que finalizó en agosto del año pasado. Por ello, la Consejería para la Estabilización y la Presidencia analizaron factores de seguridad, los proyectos productivos, la reincorporación social y comunitaria, el acceso a servicios público y la adecuación de tierras para su gestión.

Sin embargo, por petición del colectivo Farc, ocho excombatientes y sus familias permanecerán en Santa Lucía para realizar seguimiento a dos de los proyectos productivos que se desarrollan en el municipio de Ituango, por fuera del AETCR, que son la siembra de Café Paramillo e internet de fibra óptica para los hogares.

La posición de la Farc

El delegado del Partido Farc al CNR Pastor Alape explicó que la reubicación urgente fue solicitada desde enero de este año por el colectivo de reincorporación ante la ausencia de garantías de seguridad en Ituango, donde han asesinado a once firmantes de la paz y a uno de sus hijos.

“La crisis humanitaria en Ituango se agudizó en los últimos meses y la salida del municipio se hizo impostergable”, resaltó Alape y señaló que este es el primer caso de una reubicación por razones de seguridad, que fue concertada con el CNR a través de una mesa de trabajo con delegados ambas partes para coordinar el desplazamiento y atender sus impactos en el colectivo y en sus iniciativas productivas.

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Por tal razón, el Consejo Nacional de Reincorporación enfatizó en que la comunidad siente nostalgia por salir del territorio en el que estaban avanzando en sus procesos sociales y económicos, vitales para su proyecto de vida.

Asimismo, el delegado hizo un llamado para que se proteja a los 50 firmantes de la paz y a sus familiares, que se quedaron en Ituango, para que cuenten con las garantías necesarias en su proceso de reincorporación.

En todo caso, pese a que el traslado fue concertado, los excombatientes aseguraron que vivieron un desplazamiento forzado ante la falta de garantías, lo que ha afectado su proceso de reincorporación y el arraigo que tienen con el municipio de Ituango. Por tanto, los firmantes de paz rechazaron que las Fuerzas Militares hubieran impuesto la ruta de salida; aseguraron que no garantizaron la seguridad ni la vida.

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“La Fuerza Pública no garantizó la vida de los firmantes de la paz en Ituango. El Gobierno demoró seis meses en responder su solicitud de reubicación y el Gobierno impuso la ruta de salida definida por la Fuerza Pública. No más revictimización”, señaló Pastor Alape.

Otros desplazamientos y amenazas

Meta

El Consejo de Reincorporación explicó que en los últimos meses se han registrado desplazamientos forzados en Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Arauca y Caquetá, con un alto nivel de sub-registro; y señalaron que no existe una ruta clara para atender las afectaciones que tienen estas violaciones a los derechos humanos.

En el caso más reciente, está el desplazamiento por amenazas de grupos armados en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) El Diamante, de Uribe, Meta, quienes tuvieron que salir, a principios de junio, del predio en el que estaban realizando sus proyectos productivos y esperan ser reubicados.

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Cauca

La comunidad del ETCR Monterredondo en Miranda, Cauca, reportó que el 9 de junio la Junta de Acción Comunical recibió amenazas de grupos armados en las que piden cortar las relaciones con los reincorproados que residen en la zona y en noviembre del 2019 habían reportado la explosión de un artefacto que fue lanzado sobre el ETCR desde la zona montañosa del lugar.

Andrea Carolina Tapia Godoy
Redacción Política