Un documento que forma parte del reporte final de operativo “Rápido y Furioso”, llamado “La anatomía de un operativo fallido”, reveló que en noviembre de 2007 el Fiscal General de los Estados Unidos, Michael Mukasey, se reunió con el Procurador General de la República Eduardo Medina Mora en Washington D.C.
La información da a conocer que el entonces Procurador Medina Mora mantenía comunicación con el Fiscal Mukasey y sabía sobre el trasiego de armas y el operativo “Rápido y Furioso”.
El documento sobre la audiencia del operativo, titulado Operation Fast and Furious: Management Failures at the Department of Justice, señaló que Mukasey recibió un memorándum como preparación para su junta con el Procurador Medina Mora el 16 de noviembre de 2007.
Destaca una cita en el memorándum donde se señala que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha trabajado en conjunto con México en otros operativos como el caso “Hernández”: “uno de los primeros intentos de tener una entrega controlada de armas contrabandeadas hacia México por un importante traficante de armas”.
El operativo, llevado a cabo en el 2007 y dos años antes que “Rápido y Furioso”, inició después de identificar a Fidel Hernández como un contrabandista de armas hacia México. Durante la investigación, Hernández y sus co-conspiradores compraron más de 200 armas de fuego.
Sin embargo, el informe advertía a Mukasey que “los primeros intentos de esta entrega controlada no han sido exitosos”. A pesar de las fallas, el memorándum buscaba expandir las operaciones en el futuro.
Entre 2006 y 2011, el operativo fallido “Rápido y Furioso”, implementado por la ATF, introdujo más de 2,000 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.
El gobierno a cargo de Felipe Calderón siempre negó tener conocimiento de este operativo, pero todo apunta a que no fue así, y que incluso hubo otras acciones que también involucraron el tráfico de armas y ocurrieron bajo su gobierno. El entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se encuentra detenido desde diciembre en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. La periodista Dolia Estévez afirmó que Medina Mora ayudó a coordinar el operativo “con el conocimiento y la anuencia del gobierno de Calderón”.
En octubre del 2019, Medina Mora renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Fue elegido en 2015 y presentó su renuncia 11 años antes de que concluyera su periodo y en el contexto de las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en las cuales Medina Mora recibió transferencias financieras que no correspondían con sus declaraciones patrimoniales.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 70% de los delitos en México se cometen con el tráfico de armas de origen estadounidense. Han apareciendo armas vinculadas a “Rápido y Furioso” en decomisos que realiza el gobierno mexicano a la delincuencia organizada como el aseguramiento de al menos 500 armas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, procedentes de ese operativo.
“La ATF desearía expandir la posibilidad de las investigaciones conjuntas y las entregas controladas: solamente así será posible investigar a una red entera de contrabando, y no arrestar a un solo contrabandista”, indicó el documento sobre la audiencia del operativo.
El informe fue preparado por agentes de la ATF y el Departamento de Justicia solamente semanas después de que William Hoover, el entonces asistente director de operaciones de campo de la ATF, manifestara “preocupaciones serias” sobre las fallas de este tipo de tácticas.
Las tácticas se refiere a las utilizadas en los operativos Operación Wide Receiver (2006-2007), el caso Hernández (2007), el caso Medrano (2008), y Rápido y Furioso (2009-2010). Todas involucraron actividad similar: mientras que los agentes estaban conscientes de la compra ilegal de armas de fuego, no se interceptaban ni se arrestaba a los compradores intermediarios, y las armas terminaban en las manos de criminales en México y en Estados Unidos.
La audiencia, llevada a cabo en la Cámara de Representantes y ante el Congreso número 112 en febrero 2 del 2012, también informó que los primeros borradores del informe para el Fiscal General Michael Mukasey revelaron que agentes de la ATF sabían que éstas no eran las primeras operaciones que permitían a las armas “caminar”. Sin embargo, no fue especificado en el informe a Mukasey.
Mukasey fue el Fiscal número 81 de noviembre de 2007 a febrero de 2009 durante el gobierno del presidente George W. Bush, mientras que Medina Mora fue Procurador de diciembre de 2006 a septiembre de 2009 durante el mandato del presidente Felipe Calderón.
Ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, Mukasey declaró que “el operativo tenía fallas desde su concepto hasta su ejecución, y desafortunadamente sentiremos los efectos por años mientras las armas que fueron perdidas durante la operación continúen apareciéndose en escenas del crimen aquí y en México. Esto nunca debió de haber pasado y no debe pasar de nuevo”.
El informe reveló que la ATF creía esencial que una “unidad mexicana investigada” fuera asignada para trabajar en conjunto. El agregado de la ATF en la Ciudad de México, de acuerdo al documento sobre la audiencia, informó al Procurador General Medina Mora sobre los intentos de una entrega controlada, y “estresó sobre la importancia de que una unidad examinada fuera asignada”.
Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de México, afirmó en mayo de este año que “estos documentos demuestran que hubo la participación del más alto nivel de las autoridades. Fue Calderón -entonces presidente de México-, pero también Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora”, refiriéndose a un informe publicado en septiembre de 2012 por el Departamento de Justicia estadounidense.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que “con esa información, da a conocer que sí sabía el entonces procurador Medina Mora, que el procurador de Estados Unidos tenía comunicación con el procurador de México, Medina Mora. Eso es lo que aparece en la información desclasificada. Si Medina Mora le informó, bueno, primero, saber sobre la veracidad del informe, y si es oficial, saber después si Medina Mora le informó al expresidente Calderón sobre el asunto o no. Entonces, eso es lo que se está pidiendo”.
El pasado 8 de mayo, la periodista Dolia Estévez reveló que Eduardo Medina Mora, exprocurador de Felipe Calderón, habría autorizado y coordinado el trasiego vigilado de armas de fuego de alto poder, como las utilizadas en la masacre de 10 jóvenes estudiantes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua (enero 2010).
El operativo “Rápido y Furioso”, de acuerdo al documento U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, comenzó en noviembre de 2009 y fue aprobado como una investigación de la Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) en febrero de 2010, siendo dirigida principalmente por las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Estados Unidos en Phoenix, Arizona.
La misión principal de los programas de la OCDETF es identificar y desmantelar a los grupos responsables del suministro de drogas en EEUU: las organizaciones de narcotraficantes y lavado de dinero. El documento, publicado en febrero del 2010 por el Congressional Research Service de los Estados Unidos, informó que, entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011, más de 47,500 vidas se perdieron en violencia relacionada al crimen organizado.
Durante el operativo “Rápido y Furioso”, la ATF permitió que 2,500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos de narcotraficantes fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de las calles desde hace varios años.
Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense.
El escándalo estalló en febrero de 2011 debido al hallazgo de dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en diciembre de 2010 cerca de la línea entre Arizona y México.
Además, el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata, mientras que su compañero Víctor Ávila resultó gravemente herido. Se trasladaban del entonces Distrito Federal a la ciudad de Monterrey. Se comprobó que Zapata había muerto por disparos hechos con un arma del operativo “Rápido y Furioso”.
Lanny Breuer, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó a investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México de miles de armas adquiridas ilícitamente en la operación, la cual era una polémica táctica llamada: dejar que caminen las armas.
Informantes de la ATF reportaron que a supuestos vendedores intermediarios se les había permitido adquirir grandes cantidades de armas como parte de investigaciones sobre el tráfico de armas. Algunas de éstas, presuntamente, “caminaron” o fueron traficadas a traficantes de armas y otros criminales antes de que la ATF arrestara a los sospechosos y confiscara toda las armas de fuego de contrabando.
Agentes de ICE y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) también formaron parte de la investigación, pero su implicación en la operación no fue criticada por el público ni el Congreso.
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