La situación laboral en México ha quedado expuesta en las últimas semanas, y lo seguirá haciendo en las próximas, debido a la pandemia de coronavirus que ha impactado al país desde finales de febrero y cuya fase 3, la más dura de la epidemia, iniciará de manera inminente.
De acuerdo con la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que este jueves presentó su “Reporte Especial por el COVID-19”, la emergencia sanitaria desnudó “las condiciones precarias del trabajo de millones de personas”. “Es una realidad desoladora”, añadieron.
Y es que, de acuerdo con su reporte, basado en los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) para fines de 2019, antes del inicio de la pandemia, casi 32 millones de personas no ganan lo suficiente para adquirir la canasta básica para dos personas y difícilmente pueden quedarse en casa si no reciben apoyo económico para subsistir.
Además, 34 millones de personas trabajan si acceso a servicios de salud de la seguridad social. Entre ellas, a 15 millones de trabajadores no se les cumple la afiliación obligatoria, a pesar de tener un trabajo subordinado y asalariado.
De hecho, la carencia por acceso a seguridad social es la más alta en las seis carencias sociales que se usan para la medición oficial de la pobreza: afecta al 58% de la población, esto es casi 72 millones de personas.
La carencia de seguridad social además de afectar el acceso a servicios de salud también impide mantener el ingreso en caso de enfermedad. Más que informalidad, la condición de quienes trabajan “por su cuenta”, es de exclusión y precariedad, pues 12.5 millones de personas, esto es el 99.9% de quienes trabajan “por cuenta propia”, carecen de afiliación al IMSS.
El reporte también indica que hay 18 millones de personas que tienen empleo sin contrato estable, en riesgo de despido sin indemnización y sin defensa en caso de reducción salarial o de prestaciones.
Por otra parte, quienes trabajan por su cuenta, en muchos casos se dedican a actividades que quedan afectadas por el confinamiento y la falta de movilidad: vendedores en calle y en zonas turísticas, taxistas, cargadores, y en general actividades manuales.
Asimismo, 7.7 millones de personas están desempleadas y muy difícilmente podrán conseguir trabajo pronto, alertaron.
Para medir el desempleo completo, al menos hay que agregar al sector de la población que está disponible para trabajar y que ya no buscó trabajo recientemente por considerar que no tenía posibilidades de conseguirlo, y carece de impedimentos para trabajar. En esta situación, están casi seis millones más de personas.
Pero hay estudios de especialistas que consideran que para una medición más completa del desempleo, también habría que incluir a personas subocupadas, es decir, que trabajan menos de una jornada completa a la semana (40 horas) pero tienen posibilidad e interés de trabajar tiempo completo: esto añadiría 4.3 millones de personas más a esta condición.
La situación de precariedad se intensifica entre las mujeres, así como desigualdad frente a los hombres: tienen menor participación laboral, más del doble de desempleo, las que trabajan padecen una brecha salarial y tienen una carga de trabajo no remunerado en labores de cuidado y domésticas de otra jornada completa.
Y es que las mujeres que trabajan además tienen una doble jornada en labores no remuneradas de cuidado y del hogar, de casi 43 horas, en contraste con casi 17 horas que dedican los hombres a ese tipo de tareas.
Por su parte, las personas jóvenes también padecen desigualdad en las condiciones de trabajo y dificultades de acceso. Presentan el doble de desempleo respecto a personas no jóvenes, desigualdad en condiciones salariales, menor acceso a la seguridad social y menor estabilidad en la contratación.
Todo este panorama irremediablemente empeorará con el paso de los días y del avance de la epidemia de coronavirus, que hasta este miércoles había provocado 449 muertes y el saldo de casos confirmados por COVID-19 ya es de 5,847 pacientes.
A esto, se le suman los datos oficiales: entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 empleos. Dos de cada tres de estas bajas laborales, el 66%, han ocurrido en empresas con 251 o más empleados, por lo que se consideran como grandes, informó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), al precisar que el 25% del total ocurrieron en compañías con más de 1,000 empleados.
“Hay que actuar ya. No se trata de apoyar a los empresarios en sus lujos o privilegios, sino a quienes viven al día y no pueden perder su fuente de trabajo”, explica Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Frente a la Pobreza. En su opinión, el problema es estructural, previo a este gobierno.
Para Gómez Hermosillo, la urgencia es que lo que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado hasta ahora no ofrece opciones para millones de personas que pueden perder su empleo en las próximas semanas, a quienes verán reducidos sus ingresos o quienes no pueden dejar de salir de casa porque si no, no comen.
Otro de los problemas derivados de la emergencia sanitaria por el COVID-19 es cómo se resolverá la falta de datos. “La cancelación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para los meses de abril, mayo y junio, nos puede dejar a ciegas sobre la dimensión real de pérdida de ingreso laboral y fuentes de trabajo de todo tipo, no solo del sector formal que cotiza en el Seguro Social”, indicaron.
Por último, el Frente a la Pobreza alertó sobre las estructuras del mundo del trabajo que “violan derechos laborales y generan pobreza, como el outsourcing abusivo y sus variantes para evadir la seguridad social, la contratación estable y el derecho a la defensa y la negocación colectiva”.
