El domingo 7 de junio, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), el ‘sindicato de las putas’ en el país suramericano, celebró lo que parecía ser el reconocimiento, desde el Estado, del trabajo sexual. En el marco de la pandemia que afecta sensiblemente a este sector, el jueves pasado el Ministerio de Desarrollo lanzó un programa de asistencia a trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular, que incluía a la prostitución en un registro oficial sobre actividades laborales no calificadas.
La ficha de inscripción, que censaría y permitiría acceder a este grupo a programas de empleo, seguridad social y capacitación, estuvo disponible desde la mañana del domingo. En las redes sociales, AMMAR había dado la «excelente noticia», que fue considerada como el resultado de una larga «lucha por el reconocimiento de los derechos laborales».
En cuestión de horas, se anotaron unas 800 trabajadoras sexuales. Pero la alegría les duró poco: a las seis de la tarde, la página web del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) estaba caída. Y poco después el formulario completo había desaparecido.
Nada se sabía entonces sobre lo ocurrido, pero dentro del movimiento ya podían imaginar las razones del retroceso. A las 9:00 de la noche, un tuit de Gustavo Vera, Director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, muy cercano al Papa Francisco, comenzaba a dar indicios.
«Con el Ministro Daniel Arroyo coincidimos, de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales, que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado«, escribió Vera, y dejó fijo ese mensaje en su cuenta personal de Twitter.
Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado.
— Gustavo Vera (@gustavoveraok) June 8, 2020
Las celebraciones pasaron entonces a estar del lado del abolicionismo, es decir, aquellos sectores, dentro del feminismo y fuera de él, que promueven un mundo sin prostitución, no solo porque no la consideran un trabajo, sino por la estrecha relación entre esa actividad, sea valorada como libre o no, y la explotación sexual.
Un debate vigente
Al interior del movimiento de mujeres, travestis y trans, esta discusión está lejos de saldarse. Por el contrario, el debate sobre el mercado sexual divide y genera cada vez más tensiones. El Estado, ¿debe actuar con políticas que permitan con el tiempo abolir la prostitución, brindando herramientas a quienes la practican para que dejen de hacerlo? ¿O debe regularla como cualquier otro trabajo, mediante derechos y obligaciones?
Georgina Orellano es la Secretaria General Nacional de AMMAR, e impulsora del proyecto de ley presentado por la organización en 2013, con el objetivo de lograr la despenalización, el reconocimiento y la ampliación de derechos laborales de las prostitutas. En diálogo con RT, cuenta que la inclusión de su gremio en el Renatep comenzó a gestarse desde principios de año «con el máximo hermetismo posible», porque «sabían que si esto se hacía público, lo iban a frenar».
«Cuando supimos que lo habían dado de baja, nos contactamos y nos dijeron que la decisión iba a quedar en manos del ministro», agregó Orellano.
Arroyo fue contactado por este medio, pero prefirió no dar su opinión sobre la disyuntiva. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Desarrollo informaron a RT que se ha dispuesto la creación de una mesa de diálogo, luego de que se generara «un debate en torno a algunas categorías de trabajo en la economía popular».
«Escuchamos las diferentes opiniones y decidimos convocar a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas», señalaron.
AMMAR participará de ese espacio, que no tiene aún fecha de realización. Mientras tanto, desde el sindicato, con el asesoramiento de sus abogados, enviaron una carta pública dirigida al funcionario Arroyo pidiendo explicaciones sobre la exclusión del registro, y argumentando las razones por las cuales, creen, es importante que este sector esté contemplado y pueda así «salir de la clandestinidad».
Georgina Orellano, dirigente de AMMAR
Hubiera sido la primera vez que el Estado iba a conocer cuántas somos, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros ingresos, donde vivimos, y con ese conocimiento generar políticas públicas acordes.
Desde el sindicato sostienen que es justamente esa clandestinidad, junto a la complicidad judicial, policial y política, la que permite que, en el siglo XXI, exista la trata en el mundo de la prostitución.
La urgencia versus el debate
En medio de la grave crisis social, económica y sanitaria por el coronavirus, AMMAR viene articulando políticas con diversas oficinas del Estado para ayuda alimentaria, inclusión en programas laborales y habitacionales, entre otros.
En el barrio porteño de Constitución, el sindicato de Meretrices cuenta con la ‘Casa Roja’, un espacio de contención al que hoy recurren alrededor de 700 personas por semana, no solo en busca de alimentación, sino también por asistencia legal por violencia institucional —que ha recrudecido—, por atención psicológica, o por la cantidad de desalojos que se han desatado ante la falta de ingresos.
Para Orellano, la inclusión a ese registro hubiese formalizado «el trabajo invisible» que hace el sindicato en este contexto.
«Hubiera sido la primera vez que el Estado iba a conocer cuántas somos, cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestros ingresos, donde vivimos, y con ese conocimiento generar políticas públicas acordes», agregó la referente de AMMAR, quien considera que «se coló en el medio la discusión histórica de los feminismos, y las posiciones arcaicas y ortodoxas que tienen algunos funcionarios».
«Las palabras crean realidades»
Patricia Gordon es encargada del equipo técnico del Comité contra la Trata. Como psicóloga, ha asistido a cientos de personas en «situación de prostitución», a las que define como «víctimas», así como a quienes fueron sometidas a la explotación sexual.
Para Gordon, «las palabras crean realidades», y que haya un registro con un reconocimiento explícito en relación a lo que es el trabajo sexual de parte del Gobierno, «aleja al Estado de su rol, que —según la funcionaria— no es promover su existencia sino, de acuerdo a leyes y tratados internacionales, avanzar para garantizar la vivienda, el trabajo, la educación y otros derechos de esas personas».
Patricia Gordon, psicóloga
En el ejercicio de la prostitución, que es en apariencia libre, hay límites a veces muy sutiles que se vinculan con la explotación. Esos límites no están tan separados. Están relacionados.
«El comité, más allá de tener una posición abolicionista y dirigir las políticas públicas en ese sentido, tiene ejes de trabajo basados en la prevención, la persecución del delito, la asistencia y el fortalecimiento institucional», sostiene la referente de la ONG Alameda EnRED, dedicada a la capacitación y tratamiento en violencias, abuso sexual y trata de personas.
Gordon remarca que el comité también articula con otros ámbitos estatales como los ministerios de Desarrolo Social, Justicia, Trabajo y Seguridad. En ese marco es que se ha creado el Registro Nacional de Asistencia a las Víctimas (Redavit).
Ahora bien, ¿existe una relación directa entre la prostitución y la trata? Dice Gordon: «En ese ejercicio, que es en apariencia libre, hay límites a veces muy sutiles que se vinculan con la explotación. Esos límites no están tan separados. Están relacionados».
La psicóloga afirma que lo actuado por el comité a raíz de la polémica «no ha sido una intromisión ni un pedido explícito para que se baje, sino que, en el marco del diálogo, es lo que se ha sugerido«.
La decisión final quedará entonces a cargo del ministro de Desarrollo Social, luego de escuchar a las diferentes partes convocadas en la mesa de trabajo. Pero más allá de lo que se resuelva, el debate que hoy tensiona a los feminismos, seguirá abierto.
«Las que quieran seguir discutiendo, que lo hagan —dice Orellano—, pero nosotras ya decidimos. No podemos quedar a la espera de que un sector del movimiento se ponga de acuerdo acerca de qué debe hacer el Estado con nosotras. Eso no pasa con ningún sujeto político».
