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(EFE).- La violencia contra los líderes sociales se incrementó en Colombia durante el primer semestre del año, periodo marcado por la cuarentena contra el coronavirus durante el cual fueron asesinados 95 de ellos, un 61 % más que en el mismo periodo de 2019, según un informe publicado este martes.
La denuncia la hizo el programa no gubernamental Somos Defensores en su informe semestral titulado “El virus de la violencia”, que señala que las medidas de aislamiento social impuestas para mitigar la covid-19 no solo no impidieron las acciones violentas contra los líderes sociales sino que, por el contrario, estas se recrudecieron.
“Escogimos este nombre tomando la imagen de la época que hemos vivido de pandemia que nos ha marcado todo el año”, dijo la coordinadora de Somos Defensores, Lourdes Castro García, en la presentación del estudio.
Castro criticó la respuesta del Gobierno a la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y afirmó con ironía que al analizar el contexto de la situación consideran “que ante este virus de la violencia el Gobierno se ha estado lavando las manos, siguiendo muy bien la medidas de bioseguridad, y se ha tapado la boca en términos de reaccionar adecuadamente”.
Según el estudio, de los 95 asesinatos de líderes cometidos en el primer semestre, “el 48 % del total se produjo en la etapa de confinamiento” que comenzó el 25 de marzo y se prolongó por más de cinco meses aunque con flexibilizaciones para amortiguar el coste económico.
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SUBEN LAS AGRESIONES EN GENERAL
Después de los asesinatos la mayor cantidad de agresiones fueron los atentados, con 29 casos, las detenciones arbitrarias (27), las judicializaciones (24), las desapariciones forzadas (13) y el robo de información (1).
En total, fueron documentadas 463 agresiones contra 452 líderes, esto debido a que algunas personas fueron víctimas de más de una.
Esa cifra supera las agresiones del primer semestre de 2017, cuando fueron contabilizadas 336, y las 397 del mismo periodo de 2018, pero es inferior a las 591 de 2019.
La ONG advirtió sin embargo que la cifra de este año puede ser mayor si se tienen en cuenta las dificultades para hacer monitoreo en algunas regiones debido a las restricciones de movilidad por la pandemia.
“El virus de la violencia ha estado agrediendo fuertemente a los liderazgos sociales y a los defensores de derechos humanos; ni en nuestra peores pesadillas nos imaginábamos la situación en la que nos íbamos a ver sometidos”, agregó la coordinadora de Somos Defensores, quien dijo que los datos del primer semestre los llenan de “desconcierto e incertidumbre”.
MENOS AMENAZAS Y MÁS ASESINATOS
El único tipo de agresión que registró una disminución entre enero y junio fueron las amenazas, con 274 casos y una reducción del 43 % respecto al periodo anterior cuando se documentaron 477.
“La reconfiguración de las violencias y del conflicto armado los ha dejado expuestos a diversos intereses, así como a la dinámica derivada de las economías regionales, sean estas legales o ilegales, y en el marco de contextos locales muy complejos, que los ubica en medio de disputas territoriales y por el control social”, explicó Somos Defensores sobre los asesinatos de líderes.
La organización reiteró que en la época de la pandemia los defensores son blancos más fáciles para las bandas armadas ya que muchos de ellos fueron asesinados en sus propios hogares e incluso en presencia de sus familiares.
RECONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO
Sobre la responsabilidad de los atacantes, el estudio reveló que de las 463 agresiones el 37 % es de autoría desconocida, el 30 % fue atribuido a grupos paramilitares, el 12 % a la fuerza pública, el 10 % a disidencias de las FARC, el 6 % al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el 5 % a la Fiscalía, como entidad encargada de las acciones de judicialización.
Según Castro, ahora hay una “tercerización de la delincuencia” y por eso en este informe “hay mayormente autores desconocidos, mientras que antes eran los paramilitares los que ocupaban el primer lugar como presuntos autores”.
Esa “tercerización” se hace mediante bandas criminales, situación que dificulta la identificación de los responsables ya que muchos grupos no son reconocidos, no les interesa identificarse o no portan distintivos.
Además, según el estudio, el aumento de la presencia militar genera un ambiente de intimidación y zozobra en las poblaciones, especialmente para las personas defensoras que documentan violaciones por parte del Ejército, dada “la impunidad que cobija a altos mandos”. EFE
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