Redacción BL
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana entregó su más reciente reporte sobre los consorcios y contratistas que más han recibido recursos por parte del Gobierno Nacional, para la provisión de bienes o servicios al Estado, en el que aparecen nombres como Comcel, ETB y el polémico Centros Poblados.
Revisando las bases de datos del Secop I y Secop II, que son los sistemas con los que la Nación oferta sus contratos y adelanta el proceso de selección de quienes finalmente le termina prestando sus servicios, este informe resalta que los 10 contratistas más grandes han recibido cerca de $28 billones desde 2012 a la fecha.
Oliver Pardo, director del Observatorio, explicó: “desde la Universidad Javeriana quisimos adelantar un ejercicio con base en la información publicada en la sección de datos abiertos con el objetivo de conocer, quienes son los principales contratistas de las entidades del orden nacional”.
“La información administrada por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública es gigantesca. Sólo para que la gente se haga una idea del volumen de información que allí reposa, con corte a diciembre de 2022, el monto total de la contratación pública reportada a través del SECOP II en el país alcanzó $157 billones mediante 1.288.548 contratos. En algunos casos, estos recursos se desperdician en corrupción o se gastan de manera ineficiente”, dijo Pardo Reinoso.
(Vea: Posibles efectos de darse una alianza Ecopetrol-PDVSA).
Ahora bien, en lo que concierne al ranking de mayores contratistas con el Estado durante los últimos 10 años, el informe da cuenta que Comcel S.A. se encuentra en el primer lugar con 4,4 billones de pesos; seguida por Consorcio Putumayo con $3,4 billones, y Unión Temporal ETB Net Colombia Conectada en el tercer puesto con $3,2 billones.
La lista la completan Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 ($3,2 billones), Consorcio Ferrosalud ($2,8 billones), Consorcio Vial MHC 063 ($2,08 billones), Unión Temporal Mapfre Seguros Generales de Colombia ($2,4 billones), Consorcio Vías Colombia 063 ($2,2 billones), Servicios y Suministros CJVN S.A.S ($2,1 billones) y Unión Temporal Mapfre – AXA – Previsora ($2 billones).
“Es necesario resaltar que los resultados de esta consulta son independientes del posterior desarrollo del contrato. Es decir, no tiene en cuenta si el contrato fue efectivamente ejecutado o no”, dijo el profesor Oliver Pardo.
(Vea: Registraduría firmó contratos por $ 1,4 billones para elecciones 2023).
La legislación colombiana contempla la responsabilidad solidaria de las empresas frente a las obligaciones de los contratistas o tercero.
Muestra de ello, según la Universidad Javeriana, es que en el tercer lugar figura la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo contrato fue terminado anticipadamente por el conocido desfalco de $70 mil millones y adjudicado para su continuación a la Unión Temporal ETB Net Colombia Conectada.
Así mismo, vale la pena destacar que este análisis no toma en cuenta los convenios interadministrativos y los contratos de prestación de servicios, los cuales son contratos que se celebran de manera directa, sin procesos competitivos (licitación).
Los convenios interadministrativos son aquellos contratos celebrados entre dos o más entidades públicas con el objeto de cooperar en la realización de funciones de interés común entre estas.
“Los contratos de prestación de servicios son una forma muy común que tienen las entidades públicas para que personas naturales o jurídicas presten servicios profesionales o de otra especie necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad. Estos contratos son excluidos del presente informe debido a que tienen sus particularidades propias que merecen ser analizadas de manera independiente”, agrega el reporte.
Para el Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana llama la atención que la mayoría de proveedores o contratistas son consorcios o uniones temporales, puesto que deja claro que se ha convertido en la figura jurídica preferida por las empresas, teniendo en cuenta sus características de operación.
“Estas entidades son figuras jurídicas habilitadas por el Estatuto General de Contratación que se conforman cuando determinadas personas naturales o jurídicas se asocian para adelantar de manera conjunta contratos públicos. La diferencia entre la una y la otra radica en la responsabilidad que cada uno de los miembros del consorcio o la unión temporal tiene en caso de incumplimiento del contrato”, dijo el profesor Pardo.
(Vea: Gobierno acabará contratos por prestación de servicios en el Estado).
El revisar el desglose de las firmas que componen estos consorcios o uniones temporales, aparecen nombres como Construcciones el Condor S.A., Constructora MECO S.A. (de origen costarricense), la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Comcel S.A., además de grandes aseguradoras como Mapfre, AXA Colpatria y La Previsora.
Por último, este reporte agrega que identificaron una serie de problemas relacionados con la complejidad y rigidez del marco normativo e institucional actual y la calidad de los datos reportados en el sistema.
También resaltan la falta de pedagogía sobre el sistema de información que fortalezca procesos de veeduría social.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista Portafolio
