Redacción BL
La incertidumbre es el adjetivo que analistas y empresarios del sector de la infraestructura han adoptado este último año para calificar la situación actual que atraviesa el país en esta materia.
El congelamiento en las tarifas de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las altas tasas de interés y una caída en los viajes de los colombianos son algunos de los atenuantes de la ralentización del sector, dinámica que se evidencia en una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de infraestructura (carreteras) y en la producción de obras civiles.
Sobre el primero, según el último reporte del Dane, este indicador cayó 15% anual entre julio-septiembre del año, no solo uno de los resultados más bajos registrados en los últimos años, sino que implicó que se completara una dinámica de caída a doble dígito desde el cuarto trimestre de 2022.
Respecto a la producción de obras civiles, según el Dane, el Ipoc (Indicador de Producción de Obras Civiles) se ubicó en el tercer trimestre del año también en -15%, apenas 1,9 puntos más que en el trimestre anterior, una cifra que tiene en alerta a la industria.
(Vea: Sociedad Colombiana de Ingenieros alerta sobre contratación del Invir).
Respecto a las causas, aunque muchos consideran que si bien la inflación y las elevadas tasas de interés no son variables que estén en las manos del Gobierno, la decisión de congelar los peajes sí.
Esta determinación tomada a comienzo de año ha sido reprochada por varios actores de la industria que señalan que perjudica la confianza que ha construido la cadena por más de tres décadas, trajo problemas jurídicos y además no tiene incidencia real en la inflación.
Tras varios meses de presión, el Gobierno alistó un proyecto de decreto en el que daría reversa a esta decisión y reanudaría la subida prevista en los contratos hace 11 meses, el primero de diciembre, pero de manera sorpresiva decidió no continuar por este camino trazado.
Para las concesiones viales, este vaivén de declaraciones no solo ataca a la confianza de todos los actores de la industria, sino también sigue excavando el hueco financiero que ha dejado esta decisión.
(Vea: Banco de Bogotá proyecta un crecimiento del 1,3 % de la economía colombiana).
“Los bandazos que ha dado el Gobierno frente a la decisión de ajustar las tarifas, contribuyen a acrecentar ese clima de incertidumbre frente al devenir de los contratos, más cuando en el caso de las iniciativas privadas no existe claridad sobre el origen de los recursos necesarios para ‘tapar’ el hueco generado por las decisiones adoptadas con el decreto 050 y la demora en restablecer el esquema tarifario previsto en los contratos”, señaló a Portafolio un actor de una concesión vial 4G que prefirió mantenerse en anonimato.
Además remarcó: “la problemática derivada de la falta de definición sobre la compensación de los efectos del mismo, ha generado una serie de problemas coyunturales a las concesiones y especialmente a las de iniciativa privada, tales como afectaciones a flujo de caja, complejidades con el desembolso de crédito y además incertidumbre de los financiadores e inversionistas, situación que finalmente se traduce en perjuicios frente al resultado esperado en los proyectos”.
Si bien muchas de las concesiones que hoy en día están en la bolsa de proyectos 4G cuentan con un cierre financiero, algunas quedan pendientes y también de 5G, y debido a toda la situación de la industria (y afectaciones en su modelo financiero) mencionan que ha sido más complejo conseguir financiamiento.
“La situación no deja de generar dudas e incertidumbre en los financiadores debido a la implicación que tiene en el resultado financiero de las concesiones el no tomar medidas concretas y de fondo que permitan restablecer lo previsto en los modelos financieros elaborados para la estructuración de los contratos”, menciona una concesión vial.
(Vea: En lo corrido del 2023, la actividad de los taladros ha caído 22,8 %, según Campetrol).
Peajes
Claudia Rubio. EL TIEMPO
De acuerdo con Miguel Castro, socio de Rincón Castro Abogados, “según la ley colombiana, los recursos recaudados por peajes deben usarse para pagar las inversiones de los concesionarios, y cualquier variación en las reglas establecidas en los contratos genera responsabilidad para las entidades y los funcionarios involucrados”.
Después de dejar de lado el proyecto que descongelaría las tarifas de los peajes el pasado viernes, el Gobierno no ha dado respuesta definitiva de cómo se llevará acabo la subida de los peajes para el año 2024, si será únicamente usando el IPC de 2023 o sumarán también el de 2022 o si se hará de manera paulatina como se planteó inicialmente.
“La falta de claridad sobre cómo se van a reactivar los aumentos y la posibilidad de que se realicen dos aumentos consecutivos, uno aplazado por el Decreto y otro programado para el 16 de enero de 2024, va a generar un malestar social significativo y causar un efecto contrario al inicialmente deseado en el bolsillo de los colombianos”, reiteró Castro.
Según fuentes consultadas del Ministerio de Hacienda, el Gobierno está evaluando las posibilidades para saber la mejor forma de subir los peajes sin afectar en gran medida las finanzas de los hogares, para ello realiza mesas técnicas con algunos gremios, entre ellos los transportadores de carga cada 15 días para encontrar una solución.
A su vez, mencionó que entre la mesa de posibilidades también reposa la opción de aumentar en 2024 el precio de los peajes con el IPC de 2022 y el de 2023 en un solo momento, es decir, en el mes de enero.
(Vea: Fallo exime de responsabilidad a Coviandes por daños en vía al Llano).
Paula Galeano Balaguera
Periodista Protafolio
