Liliana Cardona Marín
Este caso se remonta a 2014, año durante el cual el Comité departamental de Gestión del Riesgo entregó para el colegio La Sagrada Familia de ese municipio, el concepto que la parte de la sede construída en concreto no cumplía con los indicadores de sismorresistencia, que debía ser evacuado y que entraba en la lista de los colegios 10. Mientras que la otra parte, al ser en estilo colonial con bahareque y esterilla debía protegerse por ser patrimonio arquitectónico.
Más de 986 estudiantes salieron de una edificación que por 102 años fue orgullo de los locales, para ser desplazados a instalaciones prestadas, como la Casa de la Cultura, tras las promesas que estipulaban que la construcción se entregaría en dos años a más tardar y por eso Apía, también quedó con media casa para actividades culturales. “La parte que debía ser conservada quedó expuesta al medio ambiente y se ha deteriorado”, explicó la docente Diana Brochero.
Para el año 2016, se presentan los diseños, planos y todo el plan de construcción de obra por parte del conglomerado industrial portugués llamado Mota-Engil, que en el año 2019, se vio involucrada en el escándalo de los $900 mil millones no ejecutados y que dejó perjudicados a 100 mil niños colombianos en 248 megaobras de infraestructura educativa que se le adjudicaron tres años antes. ¿En ese tiempo en que las obras jamás iniciaron o se adelantaron ningún ente de control dijo nada?
Después llegó otro consorcio, SBVA, pero también llegó la Pandemia, la supuesta escasez de materiales y posterior encarecimiento de los mismos. Excusas perfectas para semejante situación. La entrega que era para febrero de este año, ya quedó para marzo de 2024. Tampoco queda claro, por qué los dineros para este colegio de Apía resultaron manejados por el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE), si la necesidad se presentó antes de la creación de la Junta de este Fondo.
Día a día y los costos en Apía
La sola idea de que los niños estén por las calles en camino al estadio, para realizar las prácticas de educación física, debería haber movilizado hace rato las acciones para llevar a feliz término las obras. Pero el periódico conoció que en semejantes condiciones y la Gobernación les ha quitado una o dos plazas de docentes por año.
En estos años ocho promociones se han graduado en la iglesia del pueblo y es que la Sagrada Familia queda en todas partes, hay oficinas en una entidad, los niños han visto clase en las sedes Valentín Garcés o Antonia Santos y lo que debía funcionar como Jornada Única ahora está con bachiller en la mañana y primaria en la tarde, lo que hizo que disminuyera la matrícula rural por el inconveniente con este horario. Esto sin pensar en el patio para el recreo, la biblioteca o el aula máxima para las actividades culturales ¿Por ser beneficiarios de un programa estatal les toca esperar lo que haya que esperar?
Para febrero de 2022 se citó a una reunión en la cual se informó que la parte constructora solicitaba la suspensión de la obra a no ser que se hiciera una adición presupuestal de $1.284 millones de pesos y se modificara el calendario de obra. En esta ocasión el ingeniero interventor se mostró en desacuerdo, negó la suspensión de obra y expuso que de su parte solo habría una adición presupuestal por $200 millones, lo necesario para cubrir las modificaciones que sugería el consorcio. Pero un mes después cambió de opinión y dijo que sí era necesaria la adición.
El Concejo Municipal no tiene en sus manos hacer ningún tipo de control, porque no son recursos propios, la Gobernación ha hecho acompañamiento y lanzó un plan de salvamento en el que Apía está incluído y por parte de la alcaldía tampoco se puede hacer mayor cosa para solucionar las necesidades de 7 grupos de primaria y 12 de bachillerato.
Los padres de familia, estudiantes, maestros y dirigentes locales ya perdieron la paciencia, no quieren más excusas, tampoco se quieren ir a las vías de hecho para no quedar como los malos de la película, cuando en realidad son las víctimas, a las que les dijeron que retomaban el 13 de febrero pasado y como dice el alcalde Hernando Murillo: “ya no sabemos qué creer, ni qué camino coger, el municipio está sin colegios hace años, porque aquí también entra el Santo Tomás”. A propósito, desde la Región Caribe se trabaja en la iniciativa de marchar para solicitarle al gobierno nacional la eliminación del FFIE.
Cifra
$6.990 millones fue el valor de la obra contratada inicialmente, pero ya ronda los $9.700.
Píldora para la memoria
El siguiente extracto aparece en la página de la Gobernación de junio 27 de 2020: «Ya hicimos acta de inicio de la etapa 1 que compone el proyecto donde se revisará el diagnóstico de los estudios técnicos. Eso tarda 30 días hábiles, luego de la aprobación entramos a la etapa dos de construcción», aseveró Hernán Prieto, director de obra del Consorcio SBVA, uno de los nuevos contratistas asignados.
¿Qué es el FFIE?
El Decreto número 1433 de 2020, reglamentó la conformación y el funcionamiento de la Junta Administradora del FFIE (para la educación preescolar, básica y media) en desarrollo del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019.
¿Qué es un colegio 10 en Colombia?
El Plan Nacional Colegio 10 TIC se creó como un proyecto que buscaba promover el uso inteligente de las TIC como eje transformador de la calidad educativa en Colombia. Se ejecutó en asocio con el Ministerio de Educación Nacional para la estrategia Colegios Pioneros del Programa Todos a Aprender. Colegio 10 se gestionó por la Línea de Informática Educativa desde el 2015.
Voces de representantes apianos
Héctor Hoyos – concejal
“Hemos adelantado tres sesiones a este tema, como veedores. Iniciamos una campaña donde lanzamos un S.O.S por la educación en Apía, porque no son solo los retrasos, sino los sobrecostos tan marcados”.
Diana Brochero – docente y miembro comité de seguimiento
“La indignación es mucha, porque cada vez que hay reunión dicen sí arrancamos y nos hablan de miles de millones, pero nosotros no vemos nada, el avance va en 23%”.
