En 20 días la Fiscalía logró esclarecer el asesinato del reincorporado Carlos Fernando Ramos. Por su presunta responsabilidad en este asesinato, Haydee Santiago Pereira Batalla, alias Pancho; y Wilmer Visamon Ríos, alias Veneco.
El crimen ocurrió el 6 de febrero en Leticia (Amazonas). Las pruebas muestran que el imputado disparó hoy a la víctima desde una motocicleta.
“Pancho” y “Veneco” serían integrantes del grupo criminal “Los Crías”, al que se le atribuyen actividades de hurto y sicariato en Amazonas. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y tenencia ilícita de armas de fuego agravadas. Los cargos fueron aceptados.
Crimen de líder comunitario
A pedido del Ministerio Público, un juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en un centro penitenciario a Jimmy Federico Abril Vásquez, quien presuntamente participó en el asesinato del líder comunitario Juan Carlos Nieto Calvario.
Los hechos investigados ocurrieron el 2 de febrero, en la vereda San Miguel de Guarupay, en Cabuyaro (Meta). Tres personas armadas llegaron al domicilio de la víctima y le dispararon en varias ocasiones hasta causarle la muerte. El trabajo de la policía judicial demuestra que el crimen fue cometido por una red de sicarios de la subestructura Gonzalo Oquendo del “Clan del Golfo”, de la que formaría parte Abril Vásquez.
Este hombre fue capturado en una gasolinera ubicada en la vía Barranca de Upía – Villavicencio (Meta). La fiscalía lo imputó por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.
La fiscalía habla con resultados
AMCJ/JARG/AA/MCRC/
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
