La estabilidad de las finanzas públicas, en un escenario en que el gasto público viene en aumento, es una de las presiones que enfrenta el Gobierno.
En el más reciente pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), el organismo alertó por riesgos de que no se cumpla la Ley de Regla Fiscal en adelante. Andrés Velasco, director técnico del Carf, conversó con Portafolio sobre el panorama fiscal del país y los retos que ve para el Gobierno.
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¿Qué tan probable es incumplir la regla fiscal?
El pronunciamiento de riesgo de incumplimiento es llamando la atención sobre los años 2024 a 2026. En 2023 las cosas están dadas para un cumplimiento de la regla acorde con la Ley 2155 de 2021. Hay riesgos, pero son manejables.
La regla fiscal tiene una doctrina en que se proyecta gasto permanente solamente cuando hay ingresos permanentes. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno incluye para 2024, 2025 y 2026 unos montos muy importantes de arbitramento de litigios. Hay un contingente por cerca de $30 billones y se quiere implementar una estrategia para recuperar esos recursos, que serían $15 billones en 2024, $10 billones en 2025 y $5 billones en 2026.
Esos recursos tienen la característica de no ser estructurales, permanentes ni recurrentes. El Carf considera riesgoso programar gasto estructural con eso, iría en contravía del cumplimiento de la regla fiscal. No existe un ingreso estructural que los reemplace.
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¿Puede haber un posible desfinanciamiento?
Más que eso, estaríamos enfrentando presiones fiscales a futuro. Hay que hacer una aclaración, esta es la primera vez, los años 2022 y 2023, para los cuales la regla fiscal colombiana no se puede cumplir con ingresos no estructurales, porque precisamente fue un cambio importante que se hizo en 2021 y quedó por ley el no permitir que ingresos no estructurales financien gasto estructural. Gobiernos anteriores no tuvieron esa restricción.
Y ese cambio no fue algo caprichoso, es que el estándar anterior, si bien cumplía la regla fiscal, no evitaba que la deuda subiera.
¿Cómo ve la postura de gasto del Gobierno?
Colombia vivió con un nivel de gasto cercano al 15% del PIB por mucho tiempo. Con la pandemia, ese gasto se elevó, y después de la pandemia se hizo un esfuerzo por recaudar recursos adicionales, se han hecho dos reformas tributarias para sostener un nivel de gasto un poco mayor.
En 2022 tuvimos un gasto primario, sin contabilizar el Fondo de estabilización de precios de los combustibles (Fepc), de 16,1% del PIB. En 2023 eso se sube 1,5 puntos, a 17,6%, y lo que desde el Carf mencionamos es que estamos llevando el gasto a máximos.
En 2024 vamos a llegar a un máximo de 19,5%, y en 2025 hay otro máximo, de 19,8% del PIB. Se está programando mayor gasto, al límite de lo que sería el cumplimiento de la regla fiscal, pero realmente no es al límite, porque se está programando mayor gasto financiado por estos ingresos que son no estructurales y además son inciertos.
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Andrés Velasco, director técnico del Carf
Carf
¿Cómo ve el impacto fiscal de las reformas?
Esa es una de las preocupaciones con respecto al gasto, por más que está alto el Marco Fiscal no considera de forma explícita que las reformas, y estoy hablando de salud y pensiones, están incluidas dentro de ese techo. Y es muy probable que las reformas impliquen un gasto incluso adicional al que está programándose, que ya es bastante alto.
En el Carf hemos estimado que lo que es medible de la reforma de la salud puede costar 0,4% del PIB permanentemente y respecto a la reforma pensional, estimamos que de las erogaciones que implica el articulado actual puedan surgir relaciones de cerca del 0,3% del PIB de acuerdo, entonces sumadas tenemos al menos un riesgo de 0,7% del PIB de gasto adicional que no está de forma explícita en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y que sería un gasto estructural.
¿Qué opina del manejo que se ha dado al Fepc?
En ese frente la reacción del Carf en el pronunciamiento es elogiar un poco la actitud del Gobierno y la responsabilidad frente al manejo de este déficit, porque realmente está desactivando poco a poco uno de los problemas fiscales más grandes que ha enfrentado la Nación.
Con las subidas de precios a la gasolina que se emprendieron desde el último trimestre del año pasado, la causación del déficit pasó de $36 billones en 2022 a cerca de $18 billones en 2023. Ya se redujo a la mitad la causación del déficit, esa política de ajuste de precios está dando resultado, el Carf confía en que el Gobierno termine la tarea con la gasolina hacia finales de este año y la comience con el ACPM.
Gasolina.
EFE
Frente a los ingresos, ¿se necesita otra tributaria o qué otras medidas puede tomar el Gobierno?
El Carf no se pronuncia acerca de ese tipo de soluciones. El Gobierno y el Congreso tienen el mando y la responsabilidad de la política fiscal, ya ellos decidirán cómo ajustan el ese balance primario, si con menor gasto o mayores ingresos.
La primera variable de control es el presupuesto de 2024, se tiene que presentar una primera versión hacia finales de este mes y tiene que ser discutida en el segundo semestre.
El pronunciamiento del Carf apunta a la prudencia en el gasto público, asegurarse que programe un gasto corriente que sea consistente con los ingresos permanentes.
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Frente a los subsidios que hoy tiene el Gobierno hacia los combustibles, Velasco planteó la necesidad de una transición a otro esquema. “Tenemos que estudiarlo bien. El Carf dijo en un pronunciamientos el año pasado que el Gobierno debe emprender una política de transición en la que se cierren las brechas y se pague lo que se cause de déficit, al menos con un año rezago. El Gobierno ha venido muy juicioso con esa recomendación. Cuando se acabe esa transición, y se cierren las brechas, será necesario sentarse a analizar cuál va a ser el nuevo esquema o la nueva metodología para que los consumidores puedan evitar la volatilidad internacional del precio de los combustibles”, aseguró.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista de Portafolio
